IU propone recuperar 4.620 millones de quienes se han lucrado con la crisis

Garzón
Alberto Garzón, candidato de IU y Unidad Popular a la Presidencia del Gobierno, presentando su candidatura hace dos semanas. / Agustín Millán

Conocidos ya los resultados provisionales de las primarias de Unidad Popular, IU pretende centrarse en las cuestiones programática. El “programa, programa, programa” que hizo famoso Julio Anguita también ha sido reivindicado en numerosas ocasiones por el candidato Alberto Garzón. El diputado de IU ha ido haciendo públicas algunas medidas de relevancia desde principios de este año como, por ejemplo, el “trabajo garantizado”. En cualquier caso, el programa definitivo tendrá que realizarse en el marco de la plataforma Unidad Popular, aunque IU defenderá las medidas de su Plan de Emergencia Social, que ha sido presentado hoy. De este plan se beneficiarían 16 millones de personas y tendría un coste de 52.494 millones de euros. Aparte. IU incluye un epígrafe específico con otras 10 propuestas para conseguir financiación hasta superar los 60.000 millones de euros. De éstas últimas destaca, entre otras, la creación de un "impuesto extraordinario sobre incremento patrimonial". Estaría dirigido a las personas que han aumentado su patrimonio a partir de 100.000 euros entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2015, es decir, el período de crisis económica. El impuesto tendrá un tipo progresivo entre el 5% y el 15% y con él se pretenden recaudar 4.620 millones de euros.

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Entre las medidas de rescate a la ciudadanía se introduce, precisamente, la mencionada apuesta de Garzón por el trabajo garantizado. Pretenden llegar a crear 1 millón de empleos con un coste para las arcas públicas de la administración estatal de 15.416 millones de euros. Las características de los empleos serían salarios comprendidos entre los 900 y 1.200 euros mensuales en jornadas de 35 horas semanales. La gestión correría a cargo de los ayuntamientos en colaboración con la sociedad civil. Las actividades a realizar serían de servicios sociales, protección del medio ambiente, construcción, habilitación y mantenimiento de infraestructuras, y servicios culturales, deportivos y recreativos.

Otra medida es la apuest por una “renta mínima garantizada de 529 euros mensuales”. Está destinada a 2 millones de personas sin ingresos o inferiores al 70% del Salario Mínimo Interprofesional. Supondría un coste de 12.600 millones de euros. Precisamente IU pretende elevar progresivamente y de forma automática el SMI con los siguientes criterios: a partir de 1 de enero de 2016: 774 euros por 14 pagas ; en 2017, 890 euros
; en 2018, 1023 euros y a partir de 2019, 1.176 euros. La pensión mínima también pretende ser revalorizada y equipararla la SMI anual. Esta medida tendría un coste de 2.065 millones de euros.

En cuestiones laborales, IU incluye un Plan de empleo y formación a 600.000 parados de larga duración y otro plan de empleo juvenil. El plan fija contratos de 35 horas semanales en actividades no estructurales y de competencias de los ayuntamientos durante seis meses, prorrogable y con remuneración de 700 euros mensuales. Estarían incluidas 10 horas semanales de formación. Se podrían beneficiar 600.000 personas. Respecto a los jóvenes, la intención es transformar el actual Sistema de Garantía Juvenil “en un verdadero mecanismo que permita mejorar las posibilidades de encontrar un empleo”. Todo tendría un coste de 8.900 millones de euros.

IU también pretende garantizar el “suministro vital básico de energía y agua”. Para ello el objetivo es establecer una tarifa por tramos sociales para combatir los cortes de agua y la pobreza energética. La tarifa sería en función de la renta, “atendiendo así al principio de progresividad y las situaciones de emergencia social”, señala el documento. A partir de este consumo vital básico, la tarifa se incrementaría penalizando el consumo excesivo y primando el ahorro y la eficiencia. Se podrían beneficiar 3.100.000 personas. Otra medida supone la creación de un bono transporte con una tarifa gratuita para todas aquellas personas que no tengan ingresos y otra súper reducida para las que se encuentren en situación de pobreza y/o exclusión social. El coste de ambas medias sería de 2.520 millones de euros.

La paralización de desahucios, creación de un parque público de viviendas y creación de un “Banco Bueno” para comprar las deudas hipotecarias de las personas más vulnerables son otras de las propuestas. También se contemplan aumentos de recursos económicos para luchar contra la desigualdad y la violencia sexista o igualar el permiso de paternidad al de maternidad. En cuestiones de infancia la propuesta es incrementar las cuantías y la cobertura de la prestación económica por hijo a cargo de la Seguridad Social pasando de los actuales 291 hasta 1.200 euros al año para los niños y las niñas con menos recursos. En este sentido se introduce la ampliación de la red de escuelas infantiles públicas hasta cubrir la demanda. Tendría un coste de 5.143 millones de euros.

Por último se encuentran una serie de ayudas a pymes y autónomos como la priorirdad en recepción de créditos, la simplificación de procesos administrativos, un límite para recibir los pagos de las administraciones públicas, la subvención de parte de la remuneración de nuevos empleados o la reforma de la CNMV y Competencia para que las empresas con faltas graves no puedan operar en el mercado donde hayan sido sancionadas. La medida número 11 está dirigida a la UE para que desarrolle un plan de reindustrialización y creación de empleo financiado por el Banco Europeo de Inversiones. Con una cantidad equivalente al 2% del PIB europeo se podrían crear 10 millones de empleos en Europa, 2,5 de ellos en nuestro país.

IU
Tabla con las medidas propuestas por IU. / @iunida

Financiación de las medidas

¿De dónde pretende sacar el dinero IU para paliar la emergencia social? La respuesta se encuentra en el segundo apartado del documento. Se recogerían 64.505 millones de euros por lo que, además, el saldo sería positivo. En primer lugar se contempla la creación por una sola vez de un impuesto extraordinario sobre los incrementos patrimoniales obtenidos entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2015, es decir, durante gran parte del tiempo de crisis económica.Se consideran exentos los primeros 100.000 euros de incremento patrimonial. Los incrementos superiores tributarán mediante un tipo progresivo comprendido entre un límite inferior del 5% sobre el exceso de esa cantidad y uno superior del 15% en el límite del incremento de 5.100.000 euros. A partir de esta cantidad se establece un tipo único del 16%. Supondrían unos ingresos de 4.620 millones de euros.

Los nuevos impuestos sobre bienes suntuarios, viviendas vacías y grandes establecimientos de negocios es otra de las medidas de recaudación con las que se podrían ingresar 7 millones de euros. Se introduciría un tipo impositivo del 25% aplicable a productos y servicios considerados de lujo y un nuevo impuesto sobre viviendas no habitadas sin especificar. Otra novedad es el “impuesto a los titulares de edificios destinados a oficinas y de establecimientos comerciales a partir de una determinada superficie”. Con el IRPF y otros impuestos derivados de la creación de nuevos empleos procedentes del Trabajo Garantizado y el plan de formación se recaudarían 11.521 millones de euros.

La reforma del Impuesto de Sociedades supondría un nuevo tipo impositivo del 35% para las bases imponibles superiores a 1.000.000 euros. Otro objetivo es equiparar la tributación de las rentas del capital a las del trabajo. Se integrarían en la tarifa general del IRPF los rendimientos del capital para mejorar la progresividad, incluyendo a las plusvalías generadas en menos de dos años. El nuevo impuesto a las transacciones financieras supondría un tipo mínimo del 0,1% en la compraventa de obligaciones y acciones y uno del 0,05% en el caso de los productos derivados. El impuesto sobre la riqueza establecería tipos efectivos superiores para mejorar la progresividad,“incorporando fórmulas para evitar la interposición de sociedades con las que las grandes fortunas suelen eludir la tributación”, indica el texto.

La reorganización “profunda” del Ministerio de Hacienda y AEAT es otra de las pretensiones de IU. Se pretenden cambiar los procedimientos de trabajo “buscando la calidad de la inspección más que la cantidad”. Además, los técnicos de Hacienda podrían realizar auditorías operativas para el control del gasto público. También se incluyen restricciones al sistema de módulo y SICAV con un límite máximo de participación el 5% del capital para un solo poseedor y extenderlo a todas las modalidades de sociedades de inversión, financieras o no, y elevación al 5% el tipo de tributación por Impuesto de Sociedades. Por último, se pretende reducir la economía sumergida en un 5%. Para ello se pretende perseguir el fraude fiscal de grandes empresas y fortunas y también la eliminación de la figura jurídica de “entidad de tenencia de valores extranjeros” (ETVE). Con ambas se ingresarían 16.377 millones de euros.