El PP mantendrá la política de dispersión de los presos de ETA si vuelve a gobernar

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Foto de archivo del secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi, que saldrá de la cárcel en 2016. / Efe

En materia de lucha antiterrorista, el Gobierno trabaja como si Mariano Rajoy fuese a continuar ejerciendo la presidencia tras las elecciones del 20-D y el PP vaya a seguir marcando la política de tratamiento de los presos de ETA, un elemento clave en la pacificación definitiva de Euskadi. Por lo que respecta a ETA, responsables gubernamentales han señalado que continuará la política de dispersión pase lo que pase porque se ha mostrado tan efectiva que hasta la ha importado Francia para aplicársela a los presos yihadistas.

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En ese punto, las fuentes señalan que, aunque el ex dirigente Mikel Antza es quien sigue imponiendo su línea dura a los 341 presos de ETA que siguen dispersados en la actualidad por 43 centros penitenciarios españoles, la política de dispersión está causando efectos positivos. De hecho, se destaca que cada vez hay más condenados críticos y desengañados con la organización que aspiran a ser puestos en libertad antes de que se cumplan sus condenas.

En cualquier caso, las Fuerzas de Seguridad del Estado, afirman, seguirán acosando a la organización terrorista por todos los medios legales de que disponen porque ese es un tema de Estado en el que se coincide con el PSOE y con Ciudadanos. En el análisis del actual Gobierno, el tema de ETA no se da por cerrado “como no se ha dado el del GRAPO o el de Resistencia Galega", la organización terrorista heredera del Exercito Guerrilleiro do Povo Galego Ceive. La decisión de acosar a la banda se hace, señalan, a pesar de que ETA haya renunciado al terrorismo y de que Interior considere que el grupo vasco está más menguado y debilitado que nunca.

Interior niega que las Fuerzas de Seguridad estén haciendo la vista gorda en algún caso. Especialmente en el del dirigente etarra Josu Ternera. Aunque se considera que, por su edad, no podrá ser quien recomponga la descabezada cabeza operativa de ETA, el objetivo policial sigue siendo detenerlo cuando se pueda. Lo que sucede, matizan las fuentes, es que Ternera “es bastante culebra” y se les ha escapado de las manos muchas veces. Recientemente, huyó de una casa que ya tenía controlada la policía antes de que diera tiempo a detenerle.

Sólo en un punto muy concreto, el PP deja el futuro en manos de una decisión que va a quedar pendiente para la próxima legislatura incluso si continúa Rajoy: el de qué hacer cuando salga en libertad el secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi, a quien muchos ven como candidato a lehendakari en las próximas elecciones autonómicas vascas que, en principio, deberán celebrarse en el otoño de 2016 porque las adelantadas de 2012 se llevaron a cabo el 21 de octubre. “La situación de Otegi la abordaremos en la próxima legislatura”, señalan al respecto las fuentes gubernamentales consultadas.

Para  el Ejecutivo actual, el hecho de que Otegi -todavía en prisión pese a haber sido, desde Batasuna, un hombre decisivo en el abandono de las actividades terroristas de ETA y en la evolución de toda la izquierda abertzale hacia la paz- sea un líder carismático, lo que se reconoce abiertamente, supone que, a su juicio, la puesta en libertad sea “un problema”. Pero Moncloa admite que ya no se puede evitar que sea puesto en libertad cuando cumpla los seis años y medio de condena que se le impuso por el Caso Beteragune en octubre de 2009 -y por los que seguirá en la cárcel de Logroño hasta abril- y tampoco impedir que sea candidato electoral.

En este punto concreto, se asume que su futuro político se ha despejado de golpe con la resolución del caso de Iker Casanova, condenado en el caso Ekin a siete años y medio de prisión y otros tantos de «inhabilitación especial para empleo o cargo público». Casanova, pese a la condena, es y va a seguir siendo diputado autonómico de Bildu porque ni en la sentencia de la Audiencia Nacional ni en la posterior del Supremo se precisaron los cargos públicos a los que afectaba la inhabilitación especial y el Código Penal establece que al imponer una inhabilitación de tipo especial debe indicarse a qué puestos concretos no podrá acceder el condenado.

En el caso de Otegi pasa lo mismo. La sentencia de Bateragune no hizo esas precisiones, por lo que, conforme a la tesis de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, puede considerarse como no impuesta esa parte de la condena. Cuando en mayo de 2012, el Tribunal Supremo confirmó su condena por pertenencia a organización terrorista (seis años y medio de prisión y otros tantos de inhabilitación), el cálculo que se hizo fue que, aunque cumpliera en 2016 la pena de prisión, seguiría inhabilitado hasta abril de 2021. El abogado de Otegi, Iñigo Iruín, destacó recientemente que “no hay ningún inconveniente jurídico para que pueda presentarse como candidato a las próximas elecciones autonómicas porque la pena de inhabilitación especial que se le impuso en el sumario denominado Bateragune no le impide serlo ya que el Tribunal no concretó en el fallo de la sentencia que esa inhabilitación alcanzaba a cargos de elección, fueran locales, autonómicos, estatales o europeos”.

El futuro político de Otegi

Según distintas fuentes, el Gobierno teme la capacidad de aglutinar a todas las fuerzas abertzales – y no sólo de la izquierda- que tiene Otegi en sus manos. Algo que le preocupa sobre manera de cara al futuro por la fuerza que puede adquirir la reivindicación de la independencia de Euskal Herria, que se sumaría a la catalana. Sin embargo, según la información con la que cuenta el Ministerio del Interior, Otegi no tiene mayor interés en volver a la primera línea de la política por más que no deje de colaborar con la izquierda abertzale. “Otegi no es el Mandela y, además, en Bildu no va a poder ejercer el liderazgo que tenía”, añaden esas fuentes.

Son valoraciones que no encajan bien con lo sucedido últimamente sobre el tema. El pasado 20 de octubre, más de 18.000 manifestantes reclamaron la puesta en libertad de Otegi en Donosti. Y los apoyos políticos al líder abertzale desbordaron las previsiones. Además de la Plataforma “Arnaldo askatu, Polítika askatu” (Arnaldo libre, Política libre) y de la inciativa internacional  'Free Otegi, Free Them All', acudieron Jesús Eguiguren, expresidente del PSE, Doris Benegas, líder de Izquierda Castellana y hermana de Txiki Benegas, Joan Tardà (ERC), David Fernández (CUP) y una representación del BNG.

Mostraron su apoyo los expresidentes José Mujica (Uruguay), Fernando Lugo (Paraguay) y José Manuel Zelaya (Honduras) y tres galardonados con el Premio Nobel de la Paz, la pacifista norirlandesa Mairead Maguire, el activista argentino Adolfo Pérez Esquivel y el obispo sudafricano Desmond Tutu. El manifiesto internacional por su libertad también fue firmado por el ex fiscal general de EEUU, William Ramsey Clark. Además, 24 europarlamentarios se adhirieron a la campaña. Entre ellos, la eurodiputada de IU Marina Albiol, el vicepresidente del Parlamento Europeo y miembro de Syriza, Dimitrios Papadimoulis, y Marisa Matías, del Bloco de Esquerdas portugués. También dieron su apoyo otros partidos del parlamento de Estrasburgo como el Die Linke alemán, el Partido de la Izquierda sueco o el SNP escocés.

Es decir, que Otegi tiene en las manos su propio destino.

Pernardo Barrena, portavoz de Sortu y amigo de Otegi, define bien la situación cuando asegura: “No me cabe ninguna duda de que sería un gran candidato y un gran lehendakari, pero dependerá de él".

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