¿Cómo se combate el terrorismo yihadista en España?

El Ministerio del Interior, que tras los atentados del viernes en París ha activado la alerta cuatro de un nivel máximo de cinco, creó hace un año el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Es la principal herramienta de información y análisis sobre la amenaza del terrorismo yihadista. En realidad se trata de una subdirección general, dependiente del secretario de Estado de Seguridad, en la que se unificó el Centro de Coordinación Antiterrorista y el Centro de Inteligencia Contra el Crimen Organizado con el fin de acumular y cruzar la información y de optimizar y disponer de mayores recursos económicos.

Esta fusión se produjo después de comprobar que la relación entre los presuntos yihadistas y la delincuencia organizada --tráfico de drogas, de armas y explosivos, fraude y robos-- es cada vez mayor. Al menos el 20% de las personas encarceladas por pertenencia a grupos yihadistas entre los años 2005 y 2011 habían estado antes en prisión por cometer otros delitos. Esto significa que el yihadismo utiliza las cárceles, además del entorno de las mezquitas, para captar combatientes de la yihad o "guerra santa".

Aunque la creación del CITCO fue aprobada por el Consejo de Ministros en octubre de 2014, no se constituyó hasta el 18 de julio pasado, y su rendimiento no es óptimo todavía, según reconocen algunos funcionarios consultados. La función del centro de inteligencia policial, conectado con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), consiste en la recepción y el análisis de toda la información disponible sobre terrorismo, criminalidad organizada y radicalismos violentos.

El CITCO elabora lo que llaman “inteligencia estratégica y prospectiva”, y ofrece valoraciones actualizadas de las amenazas, así como criterios de actuación y coordinación operativa para evitar duplicidades y solapamientos policiales. Con todo, la exclusión inicial de los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza de las bases de datos y de los análisis operativos del CITCO ha puesto en riesgo al menos una operación antiterrorista en Cataluña este mismo año y ha provocado las consiguientes críticas políticas y actuaciones judiciales.

La interferencia de un alto responsable de los servicios de información del Cuerpo Nacional de Policía alertó al cabecilla de una “célula durmiente” compuesta por 12 supuestos terroristas yihadistas localizados en Sabadell y Terrassa (Barcelona) y frustró parte de la operación Caronte que mantenía abierta desde hace un año la brigada antiterrorista de los Mossos, bajo la dirección del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Los seguimientos, controles telefónicos y el cotejo de los datos de terceros países llevaron a la policía catalana, al juez y al fiscal a la conclusión de que la célula se dedicaba a captar yihadistas, especialmente entre jóvenes marroquís que acudían a una mezquita, para adoctrinarlos y enviarlos a Siria y el norte de Irak a combatir con el Estado Islámico-Daesh. Además, determinadas informaciones desde Bulgaria, Francia y EEUU alertaron de que el grupo se disponía a cometer atentados en Barcelona. Sin embargo, la interferencia policial frustró la obtención de más pruebas y permitió huir a uno de los cabecillas. Los otros once fueron detenidos.

A partir de este caso, el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometió en el Parlamento, en respuesta al portavoz del PNV, Aitor Esteban, a “una mayor coordinación policial sobre la información antiterrorista”. Y pocos días después, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció que las policías autonómicas de Cataluña y País Vasco podrán acceder a los datos que maneja el CITCO, al tiempo que reconoció que el yihadismo ha experimentado un notable ascenso en Cataluña.

De hecho, en Badalona (Barcelona) fue detenido uno de los cuatro miembros de la última célula yihadista desarticulada en nuestro país que se dedicada a la captación y el adoctrinamiento de jóvenes para enviarlos a combatir con el Estado Islámico-Daesh en Siria e Irak. El grupo era especialmente activo en la recluta de mujeres y estaba conectado con otro que actuaba en Casablanca (Marruecos), donde fueron detenidos seis supuestos terroristas.

Aparte de las pruebas obtenidas por los Mossos d'Esquadra sobre la amenaza de atentados en Barcelona, la policía detuvo el 3 de noviembre en Madrid a tres residentes marroquíes que, según el ministro del Interior, estaban preparando atentados como los que han perpetrado en Francia en nombre del Daesh. “En las conversaciones intervenidas por teléfono y por Internet decían que había que actuar ya; estaban listos para atentar y tenían acceso a armas”, explicó Fernández Díaz.

Uno de los tres detenidos, de entre 26 y 29 años, actuaba como jefe y los otros dos han sido calificados como subordinados fanáticos. Uno de ellos vivía en la Cañada Real Galiana, en el término de Rivas-Vaciamadrid, una de las zonas marginales más duras, donde se asientan más de 100.000 personas, en su mayoría inmigrantes, en condiciones miserables, sin servicios sociales ni más asistencia que la que prestan algunas ONG.

Hasta junio pasado, los servicios antiterroristas habían identificado a 115 personas que han salido de España con destino a los territorios de Siria e Irak controlados por los fanáticos de la yihad. Según los datos que manejan las autoridades españolas, al menos 27 de ellos han muerto. Todos están catalogados como "terroristas", lo que les obligaría a regresar clandestinamente para no ser detenidos. En los atentados cometidos en Francia antes de la masacre del viernes hay constancia de que participaron terroristas que habían estado en las filas del Daesh. Ya en 2013 se sabía que el conflicto en Siria acarrearía más atentados en Reino Unido, Holanda y Francia principalmente.

Por otra parte, para organizar la lucha contra el yihadismo, el Gobierno aprobó en marzo de 2012 un documento de Estrategia Integral contra el Terrorismo Internacional y la Radicalización, cuya ejecución encomendó a un grupo de trabajo creado en el Ministerio del Interior. Se basaba en cuatro pilares: prevenir, proteger, perseguir y reparar. En la actualidad el CITCO coordina las actuaciones de los diversos organismos e instituciones centrales, autonómicas y locales con ese objetivo.

Según un documento enviado por el Ejecutivo al Parlamento, el plan ha servido de base para el pacto contra el terrorismo yihadista suscrito con el PSOE el 3 de febrero y cuyo principal producto ha sido la ampliación de los supuestos de terrorismo y el endurecimiento del Código Penal, así como la correspondiente reforma de la ley de enjuiciamiento criminal.

Con todo, son las medidas operativas las que pueden prevenir los atentados de los fanáticos. Y en este sentido, Interior informó ayer de que las fuerzas de seguridad han detenido a 63 yihadistas en lo que llevamos de año y a 165 en los últimos cuatro. Desde los atentados del 11M de 2004, en los que murieron 192 personas, se contabilizan 140 operaciones policiales con 591 yihadistas detenidos, de los que menos de 200 están en prisión.