Crece el número de ciudadanos insatisfechos con la Justicia
Íñigo Corral *
Un ex ministro de Justicia del PP no se cansaba de repetir en cada sitio que visitaba los déficit históricos presupuestarios que arrastraba desde siempre su Ministerio. “Hay que poner en hora el atrasado reloj de la justicia”, advertía machaconamente cuando tenía delante un micrófono. Las encuestas muestran que los españoles vienen expresando en los últimos lustros cierta incomodidad por cómo está siendo gestionada nuestra sociedad. Pero es que en el apartado de las valoraciones del sistema judicial y en especial de los dirigentes políticos, por ser la parte más visible de lo que representa la Administración de Justicia, nunca salen bien parados. Hay un dicho en el ámbito jurídico que dice así: “la justicia, si es lenta, nunca será justa”. Ni siquiera cuando es rápida convence a la gente; y si no que se lo pregunten a los magistrados del propio Tribunal Constitucional que han batido todos sus récords procedimentales para resolver en menos de un mes la resolución aprobada por el parlamento de Cataluña. La cosa tiene su miga porque hay más de 250 asuntos de Pleno pendientes de resolver −algunos desde hace más de ocho años− y de ahí que tanta celeridad no haya satisfecho a todo el mundo. Los únicos precedentes eran los recursos de amparo electorales que prácticamente debían quedar resueltos en 72 horas como aquellas famosas ilegalizaciones de Herri Batasuna y de sus sucesivas marcas blancas.
Gabriela Bravo, consejera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas de la Generalitat valenciana, señala a cuartopoder.es que la clase política es responsable en parte de esta desconexión entre la ciudadanía y la Administración de Justicia por dos razones: “primero porque no se le ha dotado de los medios materiales y humanos necesarios y segundo porque nunca ha sido protagonista de la agenda política del país”. Tampoco ayuda el hecho de que la clase política se haya “malacostumbrado” a dirimir sus conflictos políticos en los tribunales, ya que los conflictos políticos deben ser resueltos en el terreno político. “Implicar a un juez o a un tribunal en la resolución les obliga a resolver, a dar y quitar la razón a las partes enfrentadas, lo que muchos ciudadanos interpretan como una toma de posición a favor o en contra de determinada opción política”, comenta Bravo. En su opinión, no es tarea de su Consellería contribuir a mejorar la imagen de la justicia sino dotarla de los medios adecuados “para que pueda ofrecer el mejor servicio posible a los ciudadanos, eliminar los obstáculos que entorpecen su trabajo”.
El sondeo realizado por Metroscopia no deja en muy buen lugar a la Administración de Justicia, Que más de la mitad de los españoles (un 53 por ciento) piensen que funciona mal es para hacérselo mirar. Es verdad que también hay quien ve el vaso medio lleno porque hay un 32 por ciento de la población que piensa que actúa bien, lo que ocurre es que a lo largo de los años la diferencia entre satisfechos e insatisfechos se ha ido agrandando a favor de estos últimos. Hay otros estudios en el que el diagnóstico es aún peor. La Fundación Wolters Kluwer hizo públicos hace tres años los resultados del III Barómetro del Observatorio de la Actividad de la Justicia, dirigido por el juez Enrique López que servía, según sus propias palabras, “como un instrumento de reflexión que enriquezca el debate abierto en la opinión púbica, aportando notas importantes que lo alimenten”. En dicho estudio aparecía el peor dato de imagen de la justicia de los últimos veinticinco años. A las preguntas “¿cómo diría usted que funciona la Administración de Justicia?; ¿el funcionamiento es igual, mejor o peor que hace dos o tres años?”, dos tercios de los encuestados consideraba que funcionaba “mal o muy mal”.
Pese a lo que pudiera parecer no es la tardanza una de las cuestiones que más preocupe a los ciudadanos que hacen suya la frase de que en España hay buenos jueces, pero mala justicia. Lo que realmente echan en falta es un lenguaje más diáfano al tiempo que critican que los procedimientos sean excesivamente complicados de entender para el ciudadano medio. Al margen de adscripciones ideológicas, todos los políticos que han ocupado el despacho en la calle San Bernardo de Madrid han tratado de poner freno a este tipo de cuestiones que al final han resultado ser parches sólo útiles para tapar coyunturalmente las vías de agua que pudieran surgir. Por ejemplo, el 77 por ciento de los ciudadanos entiende que con los medios suficientes y con su forma de actuar la Justicia no puede luchar contra la corrupción de una manera más eficaz. Esta queja, que no es nueva, se ha tratado de dar respuesta en esta última parte de la legislatura con la reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal acortando a seis meses el tiempo de instrucción, sólo prorrogable de forma justificada, y han sido los propios jueces y fiscales los que por distintos motivos han puesto en entredicho la reforma.
La desafección por parte de los españoles de lo que significa la Administración de Justicia viene avalada con otro dato demoledor: tres cuartas partes de las personas consultadas interpreta que de nada vale ganar un pleito porque la sentencia es algo parecido a papel mojado porque no se cumple o se cumple tarde y mal. Con sus defectos e imperfecciones, al final la justicia constituye para el 71 por ciento de los ciudadanos la garantía última de defensa de la democracia y de las libertades. Los jueces también salvan la cara puesto que siete de cada diez encuestados opina que en España son tan buenos como en cualquier otro país de la UE. Un ex magistrado del Tribunal Constitucional solía decir que incluso eran “mejores”. Su afirmación se sustentaba en alto índice de litigiosidad que existe en nuestro país comparados con otros de nuestro entorno. “Eso sólo puede significar que aquí existe una mayor confianza en los jueces que en otros países y, además, que somos mejores”, decía con cierta ironía. Si, en cambio, un periodista se dirige al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira, para que de forma sucinta le explique en diez líneas las razones y posibles soluciones para subsanar este tipo de cuestiones de desafección entre los jueces y la sociedad, y su entorno asegura que a lo largo de las últimas 72 horas no ha tenido “disponibilidad” para hacerlo.
Bastante más accesible a los medios resulta Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, quien, en conversación con este periódico, destaca de la encuesta que los abogados hayan vuelto a quedar en primer lugar entre todas las instituciones jurídicas sometidas a evaluación pública. “El grado de satisfacción con los servicios de los abogados es calificado por el conjunto de los ciudadanos con unos elevados 7 puntos sobre 10, pero su función en nada afecta a la imagen de la Justicia. Los ciudadanos valoran la mala imagen de la Justicia por su lentitud, por el lenguaje y procedimientos de excesivamente complicados y, sobre todo, porque sigue estando mal organizada y carece de medios personales y materiales adecuados. Y a pesar de todo, la Justicia sigue siendo la última esperanza de muchos ciudadanos”, denuncia Carnicer. Explica, además, que la Justicia ha sido siempre “la gran olvidada” de la política en cuanto a medidas y mejoras cuando “debe ser uno de los pilares del futuro Gobierno para mejorar la sociedad en su conjunto” y recuerda que la Abogacía ha presentado a los partidos, de cara a las próximas elecciones generales, cinco medidas para mejorar la Justicia con la finalidad de que incorporen estas propuestas en sus programas electorales: un Pacto de Estado por la Justicia, mejorar el sistema de Asistencia Jurídica Gratuita, estadísticas fiables y reales en los datos de la Justicia, una Ley Orgánica del Derecho de Defensa y contar con la voz de los profesionales en la futura regulación de servicios y colegios.
Como casi siempre, la mala imagen de la justicia está asociada a la gestión política. Aquí no hay colores ni ideologías. El 81 por ciento de los españoles se expresa con contundencia a la hora de llegar a la siguiente conclusión: todos los gobiernos, representen a las siglas que representen, han tenido siempre más interés por controlar la Justicia que por dotarlas de los medios suficientes para optimizar su funcionamiento. La petición que hacen los ciudadanos se hace más urgente si cabe dado el alto porcentaje de insatisfacción. De un lado, el 94 por ciento de las personas consultadas exige una reforma inmediata y a fondo de la Justicia de modo que asuntos especialmente graves o importantes que causan gran alarma social no tarden años en resolverse y, casi con el mismo porcentaje, reclaman un Pacto de Estado sobre la Justicia “inaplazable” que la blinde de forma clara y creíble frente a influencias e intromisiones de carácter político.
El órgano de gobierno de los jueces también se somete a la valoración de los ciudadanos y, por los datos de la encuesta, no parece que el Consejo General del Poder Judicial goce de mucha confianza para gran parte de ciudadanos. En concreto, el 80% de encuestados opina que tendría que dar cuenta de forma regular y clara de cómo desempeñan sus funciones. La desconfianza alcanza a nueve de cada diez personas porque responden afirmativamente cuando se les pregunta si de acuerdo a su configuración actual el Consejo General del Poder Judicial necesita una reforma urgente y profunda. El motivo de esta reforma parece obedecer a la siguiente cuestión que se les plantea porque el 80% entiende que los nombramientos que hace el órgano que preside Carlos Lesmes se guían más por criterios políticos que técnicos, y seis de cada diez pone en duda que cumpla con su función de defender la independencia judicial. Otro dato a tener en cuenta sobre esta misma cuestión es que año a año la desconfianza aumenta según se desprende en todas las encuestas.
Un ejemplo de lo alejada que está la sociedad de los jueces se refleja en una encuesta realizada por Demoscopia pocos días después de que El País desvelara que el actual presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, ocultara en el Senado su condición de militante del Partido Popular. A la pregunta de si esta circunstancia afectaba negativamente a la imagen del Tribunal Constitucional, el 68 por ciento de los encuestados respondía que sí y un 58% opinaba que, además, debía dimitir. Esta misma cuestión fue planteada por Pérez de los Cobos a los otros once magistrados que por aquella época formaban parte del Pleno. Sólo uno puso su objeción sin ambigüedades, esto es, la idea de una imagen negativa o de una posible dimisión tenía una representación en el Pleno que no llegaba al 10 por ciento.
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) no enmienda la plana a otras empresas demoscópicas, sino que refrenda sus tesis. En febrero de 2013 señalaba que la profesión de juez era la menos valorada por los españoles con una nota del 59,01 sobre 100, seguido muy de cerca (59,09) por los periodistas. Se puede decir que al menos en los sondeos, los magistrados y los profesionales de la información parece que van de la mano. Como curiosidad, la lista de los mejor valorados la encabezaban los médicos. Con todas estas premisas es difícil encontrar un ministro de justicia de la era constitucional que de sus labios no haya salido la palabra 'modernización' para tratar sin éxito de mejorar la imagen de la Administración de Justicia . La penúltima apuesta es de Rafael Catalá. La semana pasada entró en vigor el Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET. Catalá cumplía así con una de las promesas para este final de legislatura: instaurar el 'papel cero' en los juzgados sin incrementar los recursos. Los jueces decanos exigieron una moratoria porque es de imposible aplicación a partir del 1 de enero. Otro desajuste más que en poco o en nada ayuda a mejorar la imagen de la justicia.
