Un alto cargo de Moncloa colocó al jefe de Acuamed, detenido por corrupción

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La sede de la empresa Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), que fue registrada ayer por la Guardia Civil. / Víctor Lerena (Efe)

La operación ordenada el lunes por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y la fiscal anticorrupción Inmaculada Violán contra los máximos directivos de la empresa estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A. (Acuamed) por presunta prevaricación, corrupción y maquinación para alterar el precio de las cosas, toca de cerca a La Moncloa: Federico Ramos de Armas, subsecretario de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Saénz de Santamaria, aparece como responsable del nombramiento y la supervisión del director general de la sociedad, Arcadio Mateo del Puerto, detenido junto a otros doce directivos, delegados y contratistas por 'adjudicación fraudulenta' de obras y 'falsificación' de certificaciones y liquidaciones para aumentar significativamente los pagos a empresas. Las fuentes judiciales consultadas estiman que el presunto fraude superaría los 20 millones de euros. Gran parte del dinero público provendría de los fondos comunitarios para infraestructuras esenciales.

El director general de Acuamed, Mateo del Puerto, dependía directamente del actual subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Ramos de Armas, quien accedió al cargo en 2015 en sustitución de Jaime Pérez Renovales desde la secretaría de Estado de Medio Ambiente. En este segundo escalón del poder, al que accedió en diciembre de 2011 con la llegada del PP al Gobierno y por nombramiento del entonces ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, Ramos de Armas nombró director general de Acuamed a su amigo y compañero de promoción, Mateo del Puerto, ahora detenido. La gestión de Mateo del Puerto fue polémica desde el primer día y, según fuentes de la empresa, chocó con el criterio de varios ingenieros y directivos que se negaron a firmar determinadas certificaciones a favor de empresas adjudicatarias. Mateo del Puerto los cesó.

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Las mismas fuentes aseguran que el malestar por las presuntas prevaricaciones del director general era conocido por su superior y valedor, Ramos de Armas, ahora subsecretario de la Presidencia, quien se abstuvo de intervenir. cuartopoder.es publicó en noviembre de 2014 la apertura de una investigación sobre Acuamed por parte de la Fiscalía Anticorrupción a partir de una denuncia sobre hechos relevantes supuestamente contrarios a los intereses públicos y abiertamente favorables a determinadas empresas. Los datos proporcionados a este periódico permitirían demostrar, por ejemplo, que el director general de Acuamed habría favorecido extraordinariamente en la contratación a Acciona, su antigua empresa. Pese a la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Ramos de Armas, fue reclamado como subsecretario por la vicepresidenta Sáenz de Santamaría.

Los arrestos practicados el lunes por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a las órdenes del juez Velasco tienen su origen en aquella denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción en septiembre de 2014. Los agentes han detenido a trece personas, incluido el principal directivo de la empresa y la directora de Ingeniería y Construcción, María Gabriela Mañueco. La 'operación Frontino', como la ha bautizado la UCO, continúa abierta y se desarrolla en Madrid, Barcelona, Alicante y Murcia. Los agentes han realizado dieciséis registros entre las sedes de Acuamed, varias empresas y domicilios particulares: ocho en Madrid, tres en Valencia, dos en Murcia y las otras tres en Barcelona, Tarragona y Alicante.

Según informa la Guardia Civil se sospecha que hay irregularidades en todo tipo de adjudicaciones. “Las obras objeto de la presente investigación se encuentran relacionadas, entre otras, con la creación de conducciones acuíferas terrestres, acondicionamientos de cuencas de ríos y contención de embalses, construcciones de desaladoras y tratamientos químicos para la descontaminación de embalses”, resume la UCO en una nota. Los funcionarios de Grupo de Delitos Económicos investigan contratos en todas las zonas en las que opera Acuamed, es decir, en las cuencas del Segura, el Júcar, el Ebro, el Almanzora y las internas de Cataluña.

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