La insaciable voracidad de López

El magistrado Enrique López, que, al amparo del Partido Popular, tuvo el más fulgurante ascenso desde un juzgado de León hasta el Tribunal Constitucional, ha pasado de ser Quique Posturas, como le apodaban en la Universidad de Oviedo, y el juez Clooney, durante su relación con una presentadora de televisión, al Cristiano Ronaldo de la judicatura, por su insaciable voracidad en disparar a gol. Ahora, a pesar de su descrédito al tener que dimitir del Constitucional por un delito contra la seguridad vial o del bochorno que le han hecho pasar sus compañeros de la Audiencia Nacional al aceptar la recusación contra él para que no pudiera presidir el juicio del caso Gürtel —se negó a abstenerse—, López, en su huida hacia adelante, aspira a que le nombren magistrado de la Sala Penal del Supremo.

El juez de la Audiencia Nacional es probablemente el miembro de la judicatura más abiertamente afín al PP, en una carrera judicial que sabe perfectamente que ese partido ha controlado los nombramientos de los altos cargos de la judicatura y del Constitucional, así como de los ascensos al Supremo. López es amigo de Federico Trillo, quien durante años controló el área de Justicia del PP hasta que pasó a ser embajador en Londres. También es muy amigo del exministro José María Michavila o del también exvocal del Consejo General del Poder Judicial Enrique Arnaldo. Su currículum no es precisamente espectacular. Estuvo destinado en tres juzgados antes de llegar al Consejo, donde fue designado portavoz y defendió con pasión las posturas conservadoras más radicales. Al salir del CGPJ, el PP lo designó candidato al Tribunal Constitucional, aunque López no cumplía un requisito indispensable, llevar 15 años en el ejercicio profesional. No pudo llegar al TC por el Senado, pero finalmente casi tres años después, y cuando ya cumplía la antigüedad requerida, el PP lo nombró en la cuota del Gobierno de Mariano Rajoy.

Gran parte de su actividad no la ha desarrollado en los juzgados y los tribunales, sino en servicios especiales, primero en el CGPJ y luego en el Constitucional. Por medio, ha prestado algún servicio impagable al PP, como su intervención en el caso Faisán, el chivatazo a la red de extorsión de ETA que los populares utilizaron para tratar de machacar al candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba.

El año que estuvo en el Constitucional fue el hombre fuerte del PP en la institución, a pesar de que el presidente Francisco Pérez de los Cobos fue militante popular. Sin embargo, el 1 de junio de 2014, López, de madrugada se saltó un semáforo en la Castellana, de Madrid, cuando conducía su moto sin casco. Cuadruplicaba la tasa de alcoholemia.

De vuelta a la Audiencia Nacional, le correspondió la ponencia del caso Gürtel, el sumario de corrupción más grande que afecta al Partido Popular. Aunque su afinidad ideológica aconsejaban su abstención, ni él, ni la otra magistrada afín a la citada formación política, Concepción Espejel, decidieron hacerlo. Tuvieron que ser sus compañeros de la Sala Penal de la Audiencia Nacional los que les apartasen del caso por falta de apariencia de imparcialidad.

Un bochorno que a López no le ha impedido solicitar ahora su plaza para la Sala Penal del Supremo, donde vía recurso, llegarán los casos de otros amiguitos del PP condenados por corrupción.

Pues, ahí donde lo ven y con los apoyos que siempre tiene López y su insaciable voracidad, fuentes del Consejo y del Tribunal Supremo me informan que esta vez lo tiene difícil.

No es que el PP tenga vergüenza de respaldar a López por sus sonrojantes actuaciones, que no. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, insistió hace un par de meses en defender la imparcialidad de López, lo que da una idea de cómo va la cosa. Sin embargo, parece que la vacante por la jubilación de Joaquín Giménez García será en esta ocasión para Pablo Llarena, presidente de la Audiencia de Barcelona y ex presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura.  La plaza vacante en la Sala Tercera mientras su titular, Manuel Campos Sánchez-Bordona, permanezca en la situación de servicios especiales tras su nombramiento como abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, parece que será para Fernando Román. El rodillo pepero tiene otros compromisos.

Mientras tanto, las mismas fuentes aseguran que el presidente del TSJ de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno, progresista, no será renovado en su cargo; y corre serio peligro el de Pilar de la Oliva, conservadora y presidenta del TSJ de Valencia, pero cuyo trabajo estos cinco años no han sido del agrado del PP.

Es lo que produce la mayoría absoluta: tener la sartén por el mango y nombrar a los amigos, es decir, a los más amigos, al margen de su mérito y capacidad para el puesto. Lo de la independencia del Poder Judicial en sus más altos cargos, es un chiste. Y no precisamente gracioso.