La corrupción en Acuamed llegó hasta el pelo del director, cesado y encarcelado

Arcadio Mateo del Puerto llegó a la dirección general de la sociedad estatal de Aguas de las Cuencas del Mediterráneo (Acuamed) como un hombre de confianza del entonces ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete. Era un tipo pícnico, con el pelo en retirada, bien relacionado con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien también conocía de su etapa como consejera de la Comunidad de Madrid al que fuera propuesto por Cañete como secretario de Estado de Medio Ambiente y presidente del consejo de administración de Acuamed, Federico Ramos de Armas. A los pocos meses de alcanzar el cargo, Mateo del Puerto comenzó a moverse como elefante en cacharrería: hizo desaparecer por 'causas desconocidas' el servicio jurídico de la empresa, despidió a los técnicos que planteaban objeciones a sus 'amaños' en la contratación de obras o se negaban a certificar la recepción de algunas que ni siquiera habían sido realizadas y redujo la plantilla. Ayer el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, lo envió a prisión incondicional sin fianza junto a tres subordinados y a uno de los empresarios arrestados el lunes en la presunta trama de corrupción (Ver auto del juez). En el domicilio de Mateo del Puerto la Guardia Civil se incautó de 120.000 euros en billetes de 500 euros que podrían proceder de algún soborno. El auto del juez apunta a posibles responsables en la cúpula del Ministerio de Agricultura, del que es titular Isabel García Tejerina, y menciona un implante capilar entre los regalos de los contratistas al director de Acuamed.

En apariencia, Mateo del Puerto era un simple gestor sin connotaciones políticas. Procedía del área corporativa de operaciones del Banco Santander, pero conocía bien el sector de las obras públicas, su lenguaje estercolario y su modus operandi para lograr contratos de las administraciones, pues con anterioridad había sido subdirector económico-financiero de Cubiertas y Mzov y director de organización y control de Acciona, donde conservaba amigos y conocidos. No es casualidad que el 61% de la contratación de Acuamed en el trienio 2012-2014 fuera a parar a esta empresa. A sus conocimientos de un sector que “mueve mucha maquinaria pero poco empleo”, en palabras de Mariano Rajoy, este ingeniero industrial, natural de Granja de Torrehermosa (Badajoz), añadió otros que le permitieron aparecer en algún medio de comunicación como experto demoscópico capaz de pronosticar el triunfo del PP por amplia mayoría en Castilla-La Mancha y la reelección de Cospedal en las pasadas elecciones autonómicas. Ni con el cambio de la ley electoral y la reducción de diputados lo consiguió. Cierto es que tampoco la formación académica del arúspice acreditaba conocimiento alguno en materia sociológica por más que pudiese facilitar encuestas de opinión al partido.

Con un comportamiento que algunos técnicos de Acuamed no dudan en calificar de “amenazador”, Mateo del Puerto quiso responsabilizar de sus supuestos amaños en la contratación y  operaciones fraudulentas a sus subordinados. Algunos pasaron por el aro porque los que presentaban objeciones eran amenazados, degradados y despedidos. Según fuentes de la empresa, se registró una denuncia de acoso laboral. Fue entonces, en los primeros meses de 2014, cuando el director de Ingeniería y Construcción, Francisco Valiente, se opuso a las irregularidades, contrarias al erario público, que el director general quería hacerle firmar. Valiente fue destituido por “pérdida de confianza” y en su lugar nombró a Gabriela Mañueco Pfeiffer, contra la que el juez Velasco dictó ayer prisión incondicional. Además de rechazar las irregularidades, el ingeniero, Valiente, que había accedido al cargo un año y medio antes, intentó por todos los medios (incluidos correos electrónicos) informar a distintos superiores jerárquicos y políticos sobre las anomalías en Acuamed. Pero no tuvo suerte. Los responsables del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de los que la empresa depende no le hicieron caso.

Tampoco los representantes legales de la empresa quisieron hacerse cargo de un acta notarial en la que Valiente reflejaba las irregularidades de las que tenía conocimiento. Pero Valiente insistió en presentar la voluminosa documentación y en su segundo intento, el 2 de abril de 2014, consiguió que Isabel Bonelli, secretaria del consejo de administración, que se reunía aquella tarde, recogiera el requerimiento notarial y lo aportara a la reunión. El consejo no analizó el contenido de las irregularidades, pero sí ratificó, en cambio, el cese y despido de Valiente. Así las cosas, el ingeniero decidió poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción. Y ha sido esa denuncia y la investigación de la Fiscalía, cuyos primeros pasos fuero publicados por cuartopoder.es, la que ha permitido ahora desarticular la trama de corrupción, ya bajo la dirección del juez Velasco.

Además de Mateo del Puerto, la directora de Ingeniería y Construcción, Mañueco, aparece como responsable directa de las obras de suministro de agua a las zonas de Campello y Mutxamel, en Alicante. La adjudicataria fue la empresa Altec, cuyo presidente, Nicolás Steegmann, figura en la investigación como presunto corruptor, mediante regalos personales, fiestas y viajes de placer a los máximos directivos de Acuamed. El juez Velasco lo envió ayer a prisión sin fianza. El empresario Steegman habría amañado con Mateo y Mañueco un contrato de más de 18 millones de euros. Aunque el primer informe, firmado colegiadamente por los técnicos de valoración de ofertas, resultó desfavorable a su empresa, Mateo del Puerto retrasó la adjudicación y pidió otro a Francisco Javier Gómez Pastor, director de contratación, más acorde con los deseos de la 'superioridad' a favor de Steegmann. Gómez Pastor y el jefe de proyectos de Acuamed en la Comunidad Valenciana, Pablo Martín, también fueron enviados a la cárcel sin fianza. La prisión de los cinco imputados trata de evitar que se fuguen y que destruyan documentación.

La investigación afecta a otros cinco expedientes de contratación en los que hay irregularidades relacionadas con sobrecostes, incumplimientos de obras, modificación de conceptos y otras que indican trato de favor a las constructoras Acciona y FCC con el consiguiente perjuicio al erario público. El magistrado imputa a los encarcelados y a los otros ocho detenidos el lunes los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos, maquinación para alterar el precio de los concursos públicos, falsedad, tráfico de influencias y cohecho. El juez impuso fianzas de 12.000 a 40.000 euros a los restantes detenidos: Miguel Jurado, Santiago Farré Dot y Miguel Roset Ramos, directivos de FCC; Justo Vicente Pelegrini, directivo de Acciona; José Ramón González Fernández, director de proyectos de Altec; Manuel Moreno Maestre, presidente de Boru Spin y Pipeline, y David José Blanca Montero, ingeniero de Caminos de Acuamed.

En las maquinaciones y presuntas prevaricaciones para beneficiar a FCC y Acciona, el auto judicial menciona en varias ocasiones el término 'superioridad', dando a entender que los responsables de Acuamed –Mateo del Puerto se negó a contestar a las preguntas de la fiscal− actuaban por órdenes que pudieran proceder de responsables del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, cuyo nexo directo era el secretario de Estado de Medio Ambiente, Ramos de Armas, actual subsecretario de la Presidencia. Quizá el dato que mejor caracteriza al personaje elegido para dirigir la empresa pública de gestión del agua en las cuencas del Mediterráneo sea que llegó con el pelo en retirada, casi calvo, a la dirección de Acuamed y ha salido con una tupida cabellera. Aunque cobraba 128.894 euros al año, las pesquisas judiciales apuntan al pago del implante capilar como regalo de un contratista.