Rosell: "La fiscal debería explicar el uso de medios públicos contra mí sin tener competencia"

Iñigo Corral *

La justicia ha puesto punto final, de momento, a la batalla jurídico-mediática que desde hace meses tenía como protagonistas a la ex jueza Victoria Rosell y a la Fiscalía de Las Palmas. La ahora diputada de Podemos ha salido airosa aunque la resolución dictada la semana pasada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) va a ser recurrida en los próximos días ante el Tribunal Supremo. Allí tiene otro frente judicial abierto con el ministro en funciones de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, quien le ha presentado una querella por injurias y calumnias. El Alto Tribunal aún no ha dado señales de vida sobre esta cuestión que cayó en sus manos hace sólo un mes. 

En el primer caso Rosell es protagonista involuntaria, si bien es cierto que en los ambientes judiciales de la isla es de sobra conocido que la diputada y la fiscal Evangelina Ríos no tienen muy buen relación. Las diligencias abiertas a la entonces cabeza de lista de Podemos por Las Palmas tienen su origen en un sobre cerrado del que ahora nadie parece saber nada de su existencia y dirigido a la representante del Ministerio Público el pasado 23 de noviembre, esto es, justo un mes después de abandonar su juzgado. El supuesto sobre contenía información que la Fiscalía entendió que podía aparejar una conducta supuestamente delictiva por parte de Rosell y de su pareja sentimental. Abrió unas diligencias preprocesales dos días más tarde y comenzó a tomar declaración a varios testigos. Todo ello un par de semanas antes de que comenzara la campaña electoral en la que era público y notorio que Victoria Rosell iba a encabezar la lista de Podemos por Las Palmas.

Ahora, el TSJC deja bien claro que la Fiscalía carece de competencias para “iniciar, instruir y resolver un procedimiento –llámese diligencias previas, informativas o preprocesales -con la finalidad de dilucidar la posible existencia de una infracción disciplinaria de un juez o magistrado”. Es más, subraya que el único órgano competente para hacerlo es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que es el órgano de gobierno “llamado a velar” por la independencia de los jueces, así como de que “cumplan los deberes que les corresponden”. El propio CGPJ ya había archivado hace un mes la causa cuando la Fiscalía se la remitió.

Pero el recurso presentado por Rosell hizo que el TSJC se tuviera que pronunciar también sobre el fondo del asunto. Así que una vez aclarado el tema de la no competencia de la Fiscalía para incoar unas diligencias que finalmente declaró nulas, entró a valorar el derecho fundamental al sufragio pasivo en condiciones de igualdad alegado por la diputada. En este punto, el magistrado ponente Francisco Javier Varona Gómez-Acebo subrayó que la elección de diputados y senadores es un elemento de “suma trascendencia de nuestro sistema político” y que por este mismo motivo la “neutralidad” de todos los poderes públicos “constituye uno de los instrumentos legalmente establecidos para hacer efectiva esa igualdad que ha de ser observada en el sufragio”.

La sentencia señala que no se puede acusar de falta de neutralidad al fiscal por las filtraciones a la prensa de la existencia de dichas diligencias “por la razón de que no se conoce a su autor”. Cosa bien distinta opina sobre la nota informativa remitida por la Fiscalía a los medios de comunicación “que sí transgrede la neutralidad informativa que deben mantener las instituciones públicas durante el proceso electoral, evitando aquellas que puedan influir en la orientación de un voto”. Incluso opina que resulta “paradójico” que emitiera dicha nota “cuando había calificado de secretas las diligencias que practicaba”.

Disculpas a los ciudadanos

Victoria Rosell comenta para cuartopoder.es que por su cabeza no ha pasado la idea de pedir la dimisión de nadie incluida la del fiscal “porque eso ya lo han hecho otros” aunque, eso sí, “estoy esperando la asunción de responsabilidades y que pidan disculpas. Y no lo digo por mí, lo digo por el daño que hayan podido causar tanto a mi partido como a los ciudadanos”. Y es que la juez en excedencia no olvida que las diligencias fueron abiertas pocos días antes de que diera comienzo la campaña electoral donde por primera vez se presentaba Podemos en la isla. “La sentencia ya dice el daño que se causó a la candidatura. Me acuerdo de todos los debates que se hicieron en Canarias entre los candidatos y Soria siempre terminaba diciendo que era la única que estaba siendo investigada por la Fiscalía por temas relacionados con la corrupción. Es muy duro tener que oír algo así, sobre todo cuando viene de un señor que está rodeado de corrupción y su partido es sin duda el más corrupto de la historia de España”.

La número uno de la lista de Podemos por Las Palmas reconoce que es “muy difícil” cuantificar el perjuicio en votos que pudieron provocar las diligencias. “Ten en cuenta que me sacaron cinco portadas en El Mundo y aquello consiguió desenfocar el debate del verdadero objetivo”, recuerda mientras hace ver que Podemos fue la fuerza más votada en Fuerteventura y Lanzarote y que en Las Palmas “obtuvimos un resultado magnífico”. Al echar la vista atrás vuelve a la carga contra Soria: “En Canarias tiene un gran problema de credibilidad. Allí nadie le cree, pero en este caso la intervención de la Fiscalía le aporta frente a la ciudadanía la credibilidad que a él le faltaba”.

Esa enemistad con Soria y sus reiteradas acusaciones de intentar manipular e instrumentalizar a la Fiscalía en su contra e incluso de estar detrás del sobre que llegó de forma anónima a manos de la Fiscalía, ha llevado al ministro en funciones a presentar una querella contra Rosell por injurias y calumnias. La querella recayó en primera instancia en el Juzgado de Instrucción número 27 de los juzgados madrileños de Plaza de Castilla. Al recoger su acta de diputada y estar aforada, el juez se inhibió a favor del Tribunal Supremo. “No me han trasladado la querella porque primero se la han pasado al fiscal para que informe sobre su admisión a trámite, pero ya digo que es una querella política que debería estar fuera de los tribunales de justicia”, afirma Rosell.

Con quien tampoco ha conseguido limar asperezas es con la fiscal Evangelina Ríos, la encargada de solicitar la apertura de diligencias: “Debería asumir la responsabilidad que le compete a una fiscal que durante los veinte días que dura la campaña electoral se dedica en cuerpo y alma a mí, en vez de hacerlo con los delitos económicos como las estafas”, pide la diputada de Podemos. Y continúa: “sin tener competencia para investigarme, le da prioridad absoluta. Un testigo pidió cambio de fecha y se la adelantó. Las citaciones las hizo urgentes y utilizando a la guardia civil en lugar del correo ordinario. Debería explicar, no a mí sino a la ciudadanía, esa utilización de medios públicos contra mí, cuando nos consta que a esa misma fiscal le han prescrito delitos de fraude a Hacienda por los que el Estado podría haber recuperado cientos de miles de euros".

(*)  Íñigo Corral es periodista.