Podemos y Ciudadanos coinciden en 4 de las 5 primeras votaciones en el Congreso

Podemos y Ciudadanos sumaron sus votos en cuatro de las cinco iniciativas aprobadas ayer en el primer pleno ordinario. Ambas formaciones demostraron que pueden entenderse, lo que fue acogido por el portavoz socialista Antonio Hernando como un buen signo para sentarse a negociar el pacto de legislatura propuesto por Pedro Sánchez. Éste viajó a Barcelona para reunirse con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y no asistió al pleno. Precisamente, la cuestión catalana marcó la divisoria entre C's y Podemos y provocó el enfado de Albert Rivera con Iñigo Errejón, al que acusó de decir falsedades. 

El presidente de C's, Rivera, debutó con su primera iniciativa, destinada a reafirmar la unidad de España frente al secesionismo catalán y a ofrecer el apoyo del Congreso a las iniciativas del Gobierno frente al separatismo. “Que no aprovechen que están en funciones para hacer lo que quieren”, dijo con la Constitución en la mano. Invocó el artículo uno y si bien reconoció la conveniencia de reformar la Carta Magna, afirmó tajante que “la unidad y la igualdad de los españoles no se negocia".

Rivera daba por supuesto que el PP votaría a favor. Pero su sorpresa fue mayúscula cuando comprobó que los conservadores se abstenían para castigarle. Minutos antes de la votación llegó Mariano Rajoy e impartió las consignas oportunas a través de su vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. De este modo, con Errejón insistiendo en el derecho de los catalanes a pronunciarse sobre su futuro y recordando que Podemos defiende la unidad de una España plurinacional, la iniciativa de Rivera sólo cosechó 131 votos favorables (C's, PSOE y diputados del Grupo Mixto) frente a 95 contrarios y 114 abstenciones del PP.

Votos a favor

A partir de ese hecho diferencial, las dos formaciones emergentes coincidieron en las demás votaciones, referidas a la lucha contra la corrupción, la garantía de las pensiones, los derechos de quienes trabajan en el hogar y los derechos de la infancia. Pablo Iglesias se estrenó con la petición de crear una comisión permanente contra la corrupción y obtuvo el voto favorable de casi todos los grupos (332 síes y 6 abstenciones). “A los ciudadanos les preocupa y avergüenza la corrupción, pero sobre todo pagan un sobrecoste en los contratos públicos que la Comisión de la Competencia cifra en el 4,8% del PIB, 48.000 millones de euros al año”, denunció. Su compañera Irene Montero casi rozó la unanimidad con su propuesta de crear otra comisión permanente para velar por los derechos de la infancia (333 votos favorables y 6 abstenciones). “Más de un tercio de los 8,3 millones de niños sufren los riesgos derivados de la pobreza”, dijo.

Podemos y C's volvieron a sumar sus votos para respaldar la propuesta del PSOE de relanzar el Pacto de Toledo y garantizar el futuro de las pensiones públicas dignas y suficientes, lo que, según los datos y argumentos de su portavoz en la materia, Mari Luz Rodríguez, no será posible con el actual sistema de contratación temporal y a tiempo parcial y fraude de las horas extraordinarias. Denunció el “agotamiento en dos años del fondo de reserva de las pensiones”. La gestión del PP ha provocado la reducción de la hucha de 66.800 millones a finales de 2011 a 32.000 en la actualidad. Aunque el PP votó en contra, la iniciativa se aprobó por 219 votos favorables frente a 109 contrarios y 10 abstenciones. El PP se abstuvo y también se quedó solo en otra iniciativa para que España firme el convenio de la OIT sobre los derechos de los trabajadores del hogar.

Las coincidencias entre C's, Podemos y el PSOE no se limitaron al primer pleno ordinario; también unieron sus votos en la Mesa y la Junta de Portavoces para exigir al Gobierno en funciones que se someta al control del Parlamento y que los ministros comparezcan cuando les llaman. Aunque el Ejecutivo sigue tomando decisiones que afectan a los ciudadanos, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y su secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, reiteraron que no están obligados a comparecer y harán caso omiso a los llamamientos del Parlamento. Esta insumisión o rebeldía ha abierto "un conflicto institucional grave", en palabras del presidente de la Cámara, Patxi López, quien remitió una carta a Santamaría pidiendo al Gobierno que reconsidere y se someta al control del pleno del próximo 29 de marzo. Si el Ejecutivo persiste, el pleno deberá decidir si plantea un “conflicto de atribuciones” ante el Tribunal Constitucional.