La odiosa comparación entre Rita Barberá y Lula Da Silva

Íñigo Corral *

Si Rita Barberá hubiera nacido en Brasil y se hubiera dedicado a la política, sentiría más de cerca el aliento de la justicia. Incluso, a lo mejor, un juez ya habría paralizado su designación como miembro en la Diputación Permanente del Senado para garantizar su aforamiento en caso de repetirse las elecciones. Hay que frotarse los ojos varias veces para leer cómo un juez brasileño ha suspendido el nombramiento de Lula Da Silva como ministro de la Casa Civil (algo parecido a primer ministro) para evitar perder el aforamiento que en su país es una especie de salvoconducto a la inmunidad. Se rescata ahora una de aquellas frases que hizo que el discurso del otrora líder del sindicato de la metalurgia se convirtiera en un grito de esperanza contra la corrupción entre los más desfavorecidos: “Cuando un pobre roba en Brasil va a la cárcel, pero cuando un rico roba se convierte en ministro”. Hasta un magistrado del Tribunal Supremo brasileño, Gilmar Mendes, ha llegado a denunciar la “odiosa intervención” para el poder judicial que podría suponer el nombramiento de Da Silva como mano derecha de Dilma Rousseff porque dicho nombramiento sería como cometer actos contra “la probidad” (honradez) de la Administración Pública. La comparación con lo que ocurre en España también resulta odiosa.

En un país con todo en funciones el panorama es diferente. El presidente en funciones del Gobierno, Mariano Rajoy, dice que no tenía “ni idea” sobre todo lo que ocurría en Valencia; su partido abre un expediente informativo a Barberá y su respuesta es que se siente “respaldada” y el que se presenta como ariete del partido contra la ex regidora valenciana resulta ser Javier Maroto. Curioso, porque el que fuera alcalde de Vitoria en la pasada legislatura es el mismo que se gastó 50.000 euros para que su ciudad apareciera en el libro Guiness de los récords por cocinar la tortilla de patatas más grande de la historia aun teniendo información previa de que no podría conseguirlo y el mismo que tiene pendiente un juicio contable en el Tribunal de Cuentas por el alquiler gravoso de unos locales en la capital vasca.

Al “asedio” por parte de los suyos a Rita Barbera se le suma persecución judicial para investigar su actuación y la de su equipo de gobierno en el Ayuntamiento durante casi un cuarto de siglo. De momento son dos las causas que pueden llegar al Tribunal Supremo si no renuncia a su aforamiento: una la que lleva la magistrada del Juzgado de Instrucción 16 de Valencia, María Teresa Vidiella, por un supuesto delito de desobediencia a la Ley de Memoria Histórica. La otra está en manos del titular del Juzgado de Instrucción 18, Víctor Gómez, que investiga un supuesto delito de blanqueo de dinero para la financiación irregular del PP.

De momento Barberá no aparece como investigada (figura jurídica que sustituye a la de imputada), aunque la detención de varias personas de su núcleo de confianza ha llevado a poner el foco público sobre la senadora. De hecho, el propio juez Gómez le ha dado la oportunidad de declarar “si así lo desea” de forma voluntaria, “sin sometimiento a interrogatorio alguno” para que “puedan dar a conocer hechos y circunstancias de posible interés para la causa y manifestar lo conducente a su defensa en relación con la investigación que aparentemente les implica”. Es obvio que, al contrario que el fiscal, no tiene tan claro la existencia de indicios incriminatorios contra la senadora.

Pero ni siquiera en ese primer paso para solicitar el suplicatorio de la exalcaldesa la Justicia se ha mostrado ágil. Eso lo ha hecho ver el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, que en un escrito dirigido a la presidenta del Tribunal Superior de Justica de Valencia (TSJV), Pilar de la Oliva, pide que recuerde a los jueces que instruyen sumarios con personas aforadas que antes de elevar cualquier tipo de consulta al Senado tienen que dirigirla previamente al Tribunal Supremo y no de forma directa a la Cámara Alta. De hecho, quien contestó a los requerimientos remitidos por los jueces al Senado no fue su presidente Pío García Escudero, sino el vicepresidente de la Cámara Alta, Pedro Sanz, para advertirles de tal circunstancia.

La primera causa abierta contra Barberá fue a raíz de una denuncia presentada hace casi un año por tres personas: el diputado socialista José Luis Ávalos, el portavoz del Grupo para la Recuperación Histórica en la Comunidad Valencia, Matías Alonso, y por el abogado Eduardo Ranz Alonso por un delito de desobediencia y denegación de auxilio por incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica al mantener símbolos franquistas en la ciudad durante su mandato. Este caso no le va a quitar el sueño porque las posibles consecuencias jurídicas o políticas, de haberlas, serían irrelevantes. Las pesadillas para la senadora del PP vienen de su gestión económica al frente del Ayuntamiento de Valencia.

Ya se libró in extremis de estar imputada en el 'caso Nóos' cuando se investigó el destino de 1,3 millones de euros que se pagaron al instituto del que era socio Iñaki Urdangarín para la organización de la Valencia Summit. El aforamiento hace que, de momento, su nombre no aparezca como investigada en ningún sumario. Eso sí, puede ocurrir que el Senado dé luz verde al suplicatorio, que el Tribunal Supremo investigue ambas causas y que un juez encuentre indicios racionales para citarla a declarar, pero ya no lo haría de forma voluntaria sino con día y hora impuestas y acompañada de su abogado. Hay un supuesto un tanto rocambolesco para que Barberá pierda su aforamiento. Eso ocurriría si prospera una proposición no de ley presentada por Podemos en el Parlamento de Valencia para retirar el aforamiento a los senadores elegidos por la cámara autonómica envueltos en casos de corrupción. En cualquier caso, si la norma prospera, hay dudas de que afecte a la senadora por la irretroactividad de las leyes.

El nombre de Rita Barberá aparece en otras investigaciones sobre otros hechos delictivos sin que ningún juez la haya llamado o invitado aún a declarar. Está el caso de la Feria Valencia por los cerca de 300 millones de euros en sobrecostes, por las adjudicaciones irregulares o por las dietas que durante una década ascendieron a 142 millones. De momento sólo existe la sospecha de que recibió regalos por valor de 7.600 euros en su calidad de presidenta del patronato de la Feria. Otra causa sobre la que existen sospechas contra ella está relacionada con la empresa pública valenciana responsable de la gestión de las aguas residuales llamada Emarsa. Se acusa a sus antiguos gestores de un desfalco de 24 millones de euros y a la ex regidora de haber recibido como regalo cuatro bolsos pagados por la empresa de la que el Ayuntamiento era socio mayoritario. También lleva su nombre el caso Ritaleaks, a raíz de una de una denuncia presentada Compromis en la que se le acusaba de haber cometido irregularidades en gastos de representación por valor de 27.800 en restaurantes y hoteles.

El caso Imelsa es el que ha dado lugar a la operación Taula. Es, sin duda, el de mayor enjundia. Se trata de una causa abierta por blanqueo de dinero al grupo municipal 'popular' en el consistorio, donde hay 48 investigados y en la que está imputado el PP. Los indicios de criminalidad contra Rita se sustentan en una conversación telefónica grabada por el que se autodefinió como “yonqui del dinero”, Marcos Benavent, y exgerente de la empresa pública Imelsa, con la exconcejal María José Alcón. Ambos hablan de cómo blanqueaban el dinero y aludían incluso a los testimonios de cuatro asesores que apuntan a que Barberá estaba al tanto de las grandes decisiones del grupo 'popular', aunque la que instó a todos los implicados a realizar las donaciones irregulares fue su mano derecha Carmen García Fuster. Además, la propia exalcaldesa Barberá participó en la rueda de donaciones con una aportación de 1.000 euros mediante un cheque bancario emitido por Bankia.

(*) Íñigo Corral es periodista.