Cientos de personas se suman en 50 ciudades a las caceroladas de la PAH contra el PP

Actualización de las 20:50 con información tras las concentraciones

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Alianza Española contra la Pobreza Energética han realizado hoy lunes 18 una serie de protestas a nivel estatal a las puertas de todas las sedes del PP. Las acciones han consistido en caceroladas en más de 50 ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia, Palma de Mallorca o Sevilla, entre otras, según la plataforma. La iniciativa surge desde Cataluña, según explica a cuartopoder.es Carlos Macías, portavoz estatal de la PAH, al temer que los populares van a intentar paralizar la Ley 24/2015 aprobada por el Parlament el pasado mes de Julio. Esta ley, surgida tras una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) desarrollada por la propia plataforma, impide los desahucios sin ofrecer un alquiler social, además de no permitir cortar los suministros energéticos de las familias sin recursos. “Es la ley más garantista, no sólo en todo el Estado sino en Europa en materia de derecho a la vivienda y pobreza energética”, señala Macías. En Madrid, la concentración, de cerca de 200 personas, no ha podido llegar a las puertas de la sede del PP en la calle Génova por el fuerte dispositivo policial. La calle ha permanecido cortada y los activistas de la PAH han realizado su cacerolada entre gritos de "sí se puede" alrededor de la salida de Metro de Alonso Martínez y posteriormente se han trasladado hasta Sol, bajo vigilancia policial, donde se ha leído un manifiesto. Varios manifestantes han sido identificados en los primeros momentos de la protesta.

En la capital se han registrado algunos momentos de tensión, sobre todo en Gran Vía. Un pequeño grupo de manifestantes ha intentado cortar la calle y eso ha provocado que las fuerzas policiales intervinieran con empujones. Una mujer, según ha señalado ella misma a cuartopoder.es se ha dado un golpe contra una valla tras uno de esos empujones. En cualquier caso no se han producido mayores problemas. En otras ciudades como Barcelona los activistas antidesahucios sí han podido llegar a las puertas de la sede del PP. "Cuando hemos llegado ya estaba todo vallado y con antidisturbios pero hemos podido realizar la acción", destaca Macías quien valora la respuesta en todo el Estado de forma muy positiva. El portavoz de la PAH no tiene constancia de que haya habido ningún incidente que resaltar.

El PP ha interpuesto recursos al Tribunal Constitucional para suspender otras leyes de vivienda aprobadas en Andalucía, País Vasco, Canarias o Navarra. Además bloqueó en 2013, gracias a su mayoría absoluta, la ILP llevada al Congreso por la PAH que incluía, entre otros aspectos, la dación en pago. La PAH, recuerda su portavoz, comenzó a intentar ILPs a nivel autonómico por la necesidad de un “cambio urgente”. Primero se intentó en Murcia pero las restricciones de la ley sobre ILPs lo impidieron. En Cataluña se cogió el relevo, consiguiendo que la cámara autonómica aprobara por unanimidad la mencionada ley antidesahucios. “Supone un cambio de paradigma porque lo que dice es que dejamos de rescatar todo con dinero público y asume la administración pública toda la responsabilidad. Porque grandes tenedores de vivienda como bancas, inmobiliarias o suministradoras están haciendo negocio con un bien de interés general”, apunta Macías.

Desde que entró en vigor en el mes de agosto, la PAH ha seguido trabajando para en aspectos como la realización de materiales sobre cómo se tiene que aplicar la ley a nivel municipal, formaciones, etc. “Es una ley que funciona. Para desahucios, obliga a hacer alquileres sociales. Para los cortes de suministros o da herramientas a las administraciones para hacer expropiaciones de subproductos de vivienda vacía para dar soluciones de emergencia y mecanismos para liberar a las familias de deuda”, afirma el portavoz.

Cuando se aprobó, a pesar de que el PP votó a favor, desde el Gobierno central mostraron la intención de presentar un recurso. “Cuando apruebas una ley, hay tres meses para poner un recurso. Justo cuando se aprobó había elecciones catalanas y luego generales por lo que no les interesaba salir feos en la foto”, comenta Macías. El Gobierno lo que hizo fue pedir una comisión bilateral por la que el Estado instaba a la Generalitat a estudiar lo que ellos creían que era inconstitucional. “Con eso ganaron 6 meses más para poder poner el recurso”, apunta el activista. El 5 de mayo se acaba ese plazo establecido. “Los cálculos que manejamos, por lo que suele hacer el PP, es que el día 29 de abril lleven el recurso al TC. Normalmente en el Consejo de Ministros previo a la fecha límite es cuando lo llevan”, afirma.

“Vamos a hacer toda la presión que podamos porque tienen que entender que una cosa es una ley que aprueban varios partidos pero ésta la hemos hecho desde la calle, a iniciativa nuestra y con mucho apoyo social. No vamos a permitir que un Gobierno que no ha hecho nada durante estos años para acabar con los desahucios pare nuestra ley”, explica Macías. La campaña ya ha comenzado con un pistoletazo de salida el pasado martes donde 500 personas protestaron ante la sede del PP en Barcelona. “La acción es para presionar, señalizar y decirles que si tumban la ley, nos están declarando la guerra”, afirma con rotundidad Macías, que espera una alta participación en todas las protestas.

Recuerda que durante este tiempo de ciclo electoral, los activistas de la PAH han seguido haciendo lo mismo cada día. “Hemos seguido haciendo acciones contra bancos; hemos salido a paralizar desahucios; hemos realojado a familias a través de la obra social, etc. Lo único es que el foco mediático se ha desplazado totalmente”, señala. Entre los factores de ello apunta a cierta “normalización de que desahucien a una familia” y que en el momento electoral “parece que la única política que existe es la institucional”. “No ha dejado de haber desahucios, otra cosa es que se hayan mostrado menos”, añade al respecto.

En cualquier caso se muestra satisfecho con la situación que hay actualmente en Cataluña, con un contexto diferente desde julio por la ley y por la influencia de ayuntamientos como el de Barcelona, liderado por Ada Colau. “Han tomado medidas, algunas muy de sentido común, como que la administración intente buscar soluciones. Con la ley se está fiscalizando. Si el propietario desahucia sin una oferta de alquiler social, se les pone una multa de 90.000 euros con la idea de que no se llegue a ese escenario. Se han ido dando pasos tanto con la ley como con voluntad política. Eso no quiere decir que esté todo hecho y se haya acabado el problema pero sí ha habido cambios significativos”, concluye.

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