Montoro aseguró hace dos años que había ordenado investigar a sociedades 'offshore'

Al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, no le cae de nuevas la ocultación fiscal en Panamá que ha acabado con la carrera política de su colega y correligionario José Manuel Soria y afecta a su mentor y amigo Rodrigo Rato. Hace poco más de un año, Montoro aseguraba en una respuesta parlamentaria por escrito a los entonces diputados Gaspar Llamazares, de IU, y Álvaro Anchuelo, de UPyD, que había puesto en marcha un plan de control de los evasores en ese y otros países y daba a entender que la Agencia Tributaria les iba a ajustar las cuentas a los responsables de la denominadas sociedades 'offshore'. 

Después de señalar que Panamá, Andorra, Malta, Luxemburgo, Aruba, las Antillas Neerlandesas, Chipre, los Emiratos Árabes Unidos y la República de Singapur habían dejado de ser “paraísos fiscales” en el último lustro, Montoro afirmaba: “Dentro del Plan Anual de Control Tributario aprobado para el año 2014 está previsto un plan específico de actuaciones de control de operaciones realizadas con paraísos fiscales”.

Y explicaba que el plan tenía dos líneas: “La verificación de la tributación de las operaciones realizadas con personas o entidades residentes en paraísos fiscales para garantizar que se ajustan a las limitaciones y reglas especiales previstas por nuestra normativa tributaria y, en segundo lugar, el control sobre personas o entidades que localizan de manera ficticia su residencia fiscal en otros países, sobre todo en países o territorios de baja tributación o paraísos fiscales, con el propósito de eludir el pago de impuestos en España”.

Si el titular de Hacienda daba esa explicación oficial después de una amnistía fiscal que reportó unos ingresos ridículos al erario público en relación con los anunciados por el propio Montoro, la sorpresa del Ejecutivo ante los “papeles de Panamá” se debe enmarcar en la teatralidad política al uso. El propio Montoro podría suplir con cumplida información al Parlamento la negativa del presidente en funciones, Mariano Rajoy, a comparecer para explicar el despido del ministro Soria.

En el seno del Ejecutivo falta unidad de criterio sobre el alcance de la responsabilidad política. Si Montoro es tajante contra los embozados en sociedades offshore, su colega de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel García-Margallo, sostiene que “lo importante no es si un ministro puede tener sociedades en un paraíso fiscal, sino, cuando hablamos de actividades privadas antes de ejercer un cargo público, si se han declarado todos los rendimientos obtenidos fuera y se han pagado los impuestos en su totalidad”.

La tesis de Margallo, manifestada el lunes en El País, da por supuesto que los titulares reales de las sociedades opacas en paraísos fiscales las registraban precisamente para realizar operaciones transparentes, declarar la procedencia del capital y pagar los impuestos. O dicho de otro modo, que los efectos políticos negativos de las ventajas de esas offshore (protección de activos, privacidad, confidencialidad y poca o ninguna tributación) se limpian con una sencilla liquidación fiscal complementaria.

Se comprende que el jefe de la diplomacia diera orden de acoger en la embajada de Panamá como “agregado de Interior” al exjefe de los escoltas del expresidente José María Aznar, Francisco Gabriel Maroto, y que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, lo enviara en 2014, antes incluso de crear la plaza, según denunció el martes el portavoz socialista en la Comisión de Interior del Congreso y diputado por Asturias, Antonio Trevín.

También resulta comprensible que en ese esquema de funcionamiento de la “diplomacia económica” y la “marca España” el Gobierno haya olvidado incluir los delitos económicos y de blanqueo de capitales en el convenio de lucha contra la delincuencia que suscribió en 2013 con las autoridades panameñas. En la proposición no de ley planteada por Trevín, pidiendo la nulidad del nombramiento del exjefe de seguridad de Aznar y reclamando aclaraciones sobre tan extraño procedimiento, se señala que el “agregado diplomático de Interior” tiene acceso a las demandas de colaboración de la policía y la justicia española para perseguir a los autores de delitos. Y los económicos son los más frecuentes en el país del Canal, añade. Un canal interoceánico ampliado por una empresa española y cuya inauguración coincidirá, el 26 de junio, con la repetición de las elecciones en España, por lo que a Pedro Arriola y otros arúspices del PP les resultará difícil suprimir a Panamá de la actualidad electoral.