Respuesta a la rectificación de Proman
La información publicada en cuartopoder recoge las preguntas formuladas por la diputada socialista Zaida Cantero al Gobierno (al ministro de Defensa en funciones, Pedro Morenés Eulate, en este caso), sobre las “condenas” reiteradas a la empresa Proman por conculcar los derechos de los trabajadores reconocidos en el artículo 28 de la Constitución. El término “delito” se utiliza según la primera acepción del diccionario de la Real Academia: “Culpa, quebrantamiento de la ley”. Y para evitar cualquier otra interpretación jurídica de carácter penal se añade el término “social”.
Las sentencias condenatorias contra los titulares de la mencionada empresa, adjudicataria de contratos del Ministerio de Defensa con dinero público, ponen de relieve la conculcación reiterada de los derechos de los trabajadores, con despidos improcedentes en el Museo del Ejército (ver sentencia en PDF), en Toledo, y con la prohibición de realizar elecciones sindicales (ver sentencia en PDF) en el centro de trabajo. A pesar de ello, el Ministerio de Defensa ha adjudicado a la mencionada empresa la contrata de los servicios de conserjería de la residencia militar Los Alijares, ubicada junto a la Academia de Infantería de Toledo. Proman se hizo cargo de ese servicio el 1 de mayo y ha comunicado el despido a seis empleadas. Comisiones Obreras (CCOO), tras conocer la nueva adjudicación, ha recordado que esa empresa “ha sido condenada en varias ocasiones por vulnerar los derechos de los trabajadores”, y ha denunciado que “los conserjes del Museo del Ejército llevan dos meses sin cobrar”.
Ante las preguntas de la diputada Cantero al titular de Defensa y las sentencias judiciales, el periodista ha contrastado los hechos, documental y verbalmente, siguiendo el protocolo del Consejo General del Poder Judicial en lo atinente a la preservación del principio de imparcialidad y veracidad informativa. Por otra parte, se han registrado denuncias contra esa sociedad limitada y sus filiales o participadas, también con contratos del Ministerio de Defensa, por presunta vulneración de los derechos sociales en juzgados de Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana.
La rectificación aclara que el apoderado de Proman no es Lázaro Bernal Moya. En efecto, lo fue. Como apoderado figura en el Registro Mercantil desde fecha reciente Javier María Ruiz de Galarreta Solchaga, directivo citado en la información. Lázaro Bernal Moya (L.B.M) se halla incurso como imputado o investigado, junto con el también responsable de Proman (A.C.A.), en el procedimiento judicial por cohecho que instruye el titular del Juzgado Togado Militar Central número 2. En la trama de corrupción que investiga el juez militar, los dos directivos aparecen relacionados con los tenientes coroneles C. P. R. y E. R. R., destinados en la Dirección de Asuntos Económicos de Defensa y en el Cuartel General del Ejército, respectivamente, detenidos en abril de 2015. Los dos directivos de Proman mencionados fueron detenidos después, el 3 de mayo. El juez les tomó declaración y les dejó en libertad.
La precisión de que Proman Servicios fue constituida en el año 2000 nada aporta al hecho de que haya sido clasificada en el Registro Oficial de Empresas Contratistas del Estado y Administraciones Públicas en 2013 con el fin de obtener contratos públicos de servicios, en concreto, del Ministerio de Defensa. En cuanto al importe de la contrata, (“aproximadamente 5 millones de euros anuales”, según la réplica), la cifra de 11 millones de euros corresponde proporcionalmente, según las fuentes consultadas por este periódico, al contrato conjunto de 72,57 millones de euros, adjudicado a Seguridad Integral Canaria (SIC) y a Proman el 5 de septiembre de 2014 para servicios de vigilancia privada y de porteros y conserjes, respectivamente.
Aparte la elevada cuantía de esta adjudicación de servicios externalizados del Ministerio de Defensa por el procedimiento de urgencia, los responsables de Defensa han ignorado que el presidente de la empresa de seguridad SIC, Miguel Ángel Ramírez, donante de dinero al PP y amnistiado por el Consejo de Ministros de una condena por delito ecológico, se halla incurso en un procedimiento judicial por fraude fiscal y a la Seguridad Social.
Por último, la rectificación de Proman sobre las bajas cuantías de las retribuciones a los trabajadores contrasta con los testimonios públicos de los propios empleados del grupo Proman y de sus representantes sindicales. Las denuncias sobre los retrasos en el pago de las nóminas mensuales han sido frecuentes desde que la mencionada sociedad y sus filiales han irrumpido como contratistas de servicios realizados por personal civil del Ministerio de Defensa y en algunos casos que afectan a trabajadores del Museo del Ejército han sido elevadas a la Inspección de Trabajo.
