Los despachos de abogados apuestan por incorporar fiscales mediáticos
Íñigo Corral *
Pedro Horrach, tal vez el fiscal más conocido de España por su controvertida actuación en el asunto de la infanta Cristina, ha colgado la toga. A sus 50 años le ha faltado tiempo para alejase del ruido de sables que ha tenido que soportar en los últimos años porque, adscrito a la Fiscalía Anticorrupción, sobre su mesa ha tenido papeles más que comprometedores para muchos políticos de la isla de Palma de Mallorca. Fue quedar visto para sentencia el juicio contra la infanta y el resto de los acusados del caso Nóos y tomarse las de Villadiego. Los periodistas que han cubierto el juicio hace tiempo que veían a Horrach con ganas de dejarlo todo aunque una decisión tan fulminante ha cogido a todos por sorpresa. Tan es así que hasta sus jefes le han pedido que demore su marcha ya que entienden que debe ser él, y no otro, quien por su experiencia y conocimientos presente un hipotético recurso ante el Tribunal Supremo. Siempre se rumoreó que su insistencia por evitar que la hermana del Rey se sentara en el banquillo de los acusados iba a ser premiada con un ascenso o bien que se iba a dedicar a la docencia. Pues bien, ni una cosa ni otra. Se va a ejercer la abogacía.
Y es que un fiscal con una larga trayectoria en una capital de provincia de las importantes puede llegar a percibir en torno a los 4.000 euros netos mensuales, una cantidad que a la mayor parte de la población le puede resultar elevada pero que puede convertirse en calderilla en un bufete de abogados de renombre. Eduardo Torres-Dulce, exfiscal general del Estado, fue otro de los que marchó dando un portazo. Su dimisión sorprendió a pocos. Los “motivos personales” que adujo, sí. Tras la renuncia había una marejada de fondo que fue creciendo sin parar hasta que las presiones desde el Ministerio de Justicia le hicieron arrojar la toalla con temas relacionados con los papeles de Bárcenas, la investigación del caso Gürtel o su disparidad de criterio con el Ejecutivo para interponer una querella contra el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas.
Al enemigo puente de plata, debió pensar el Gobierno, así que a su renuncia se unió un permiso de dudosa legalidad para algunos fiscales porque, sin que transcurrieran dos años de plazo, pudo conseguir una excedencia y trabajar en uno de los despachos de abogados más importantes de este país. Se ha convertido en asesor externo en temas relacionados con el ámbito penal y civil, no tiene que ir a los juicios y la única condición que impuso fue abstenerse de opinar en asuntos en los que previamente, en función de su cargo, había intervenido de forma directa o indirecta. Justo ahora le llega el reconocimiento a su labor como jurista. Una mutua muy conocida le ha otorgado este año el premio de “Jurista del año” que le reportará 30.000 euros.
Otro exfiscal general que tras su cese también se pasó durante un tiempo a la actividad privada fue Leopoldo Torres para asesorar al exministro de Interior, José Luis Corcuera, por el “caso de los fondos reservados”. La lista no acaba ahí. Jesús Cardenal colaboraba con un despacho de abogados que opera tanto en Madrid como en Bilbao y Juan Cesáreo Ortiz Úrculo lo hizo durante bastante tiempo en otro de Madrid. A quien le va viento en popa con su despacho en las islas Canarias es a Eligio Hernández. Se le había perdido de vista a nivel mediático hasta que apareció como el abogado del exministro, José Manuel Soria, en la querella interpuesta contra la exdiputada de Podemos, Victoria Rosell.
La Audiencia Nacional ha servido de trampolín profesional para un buen número de fiscales quienes, durante años, llevaron casos muy mediáticos relacionados con el terrorismo, el narcotráfico o la corrupción. Los más veteranos recuerdan aún al grupo de fiscales “indomables” que se hicieron famosos por sus constantes roces con sus superiores. Sólo uno sigue en la Audiencia Nacional (Pedro Rubira); otro al que se le atribuía el papel de cabecilla del grupo, Eduardo Fungairiño, está en el Tribunal Supremo y a los otros se les ve aún desfilar por la Audiencia Nacional pero ya en calidad de abogados de personajes conocidos. María Dolores Márquez Prado lleva el tema de los delitos fiscales del protagonista de “Cuéntame”, Imanol Arias, o los asuntos legales de la mujer de Luis Bárcenas. Otro exfiscal adscrito al grupo de indomables era Ignacio Gordillo, que ha abierto un despacho de abogados que lleva su nombre. Como representante del Ministerio Público llevó muchos casos relacionados con el terrorismo (Lasa-Zabala o el secuestro de Ortega Lara) y ya como abogado fue contratado, entre otros, por el PP de Baleares.
A aquella época pertenecen Luis Jordana de Pozas (que sentó a Lola Flores en el banquillo y ordenó la detención de Mariano Rubio) y Florentino Ortí. Este último fue quien, en 1994, presentó una querella contra la cúpula del antiguo Banesto y que motivó que Mario Conde ingresara por primera vez en prisión. La interposición de aquella querella por orden de su superior, José Aranda, pero sin consultar el tema con los “indomables” fue la espoleta que activó la revuelta. Ahora trabaja en un despacho de abogados que dirige y lleva el nombre del exvicepresidente del Tribunal Constitucional, Ramón Rodríguez Arribas.
A ese grupo le sustituyó otro en que figuraban, entre otros, Enrique Molina, que junto a Baltasar Garzón, emprendió una lucha contra lo que por aquel entonces se denominaba 'el entorno de ETA' y contra quien nadie parecía poder actuar dentro de la legalidad. Aquellos años fueron duros y hoy sólo se deja ver por la Audiencia Nacional cuando acompaña como abogado a la actriz Ana Duato por sus problemas con Hacienda o como en su día hizo con la cantante Ana Torroja a María del Carmen Rodríguez Quijano (la mujer de Francisco Correa). Otros que abandonaron fueron Ignacio Peláez, que ha llegado a asesorar legalmente a Mario Conde; Juan Moral, que firmó como jefe de los servicios jurídicos de unos grandes almacenes o Jesús Santos, el fiscal que pidió el ingreso en prisión del exgeneral Enrique Rodríguez Galindo y que, ahora, defiende tanto a futbolistas como Neymar como al exdirigente del PP madrileño, Francisco Granados, hasta que dejó de pagarle.
Fue curiosa la fuga de tres miembros de la Fiscalía Anticorrupción. Y fue curiosa porque dos de ellos (Carlos Sáiz y Daniel Campos) fueron quienes dirigieron en épocas diferentes las investigaciones contra el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. De la Fiscalía de la Audiencia Nacional salieron, además, Juan Antonio García Jabaloy para enrolarse en el departamento de derecho procesal de un importante bufete de abogados como lo había hecho años antes Susana Landeras, también especialista en la misma materia.
