Un Jaguar por 2.000 euros y otros coches de narcos a subasta

Algunos de los vehículos de alta gama, incautados a los narcos, que salen a subasta. / pnsd.msssi.gob.es
Algunos de los vehículos de alta gama, incautados a los narcos, que salen a subasta. / pnsd.msssi.gob.es

“¡Diablos, esto es estupendo!”, exclamó el vecino con poco dinero y mucho deseo de motorizarse. “¿Dónde se ha visto un Jaguar X Type por 2.040 euros, un Audi A-8 diesel por 2.500; un Mercedes E320 de 2003 por 2.520; una furgoneta Volkswagen LT de 2005 por 1.860 euros; un Triumph descapotable por 8.340...? ¡Recogilóndrios, esto son gangas!” Se refería a los lotes de vehículos que la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas subastará el 7 de julio próximo en la madrileña sede de la Plaza de España, número, 17.

Son automóviles de alta gama, motos, furgonetas, camiones y hasta una avioneta, incautados a los narcotraficantes por los agentes de aduanas, del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. Algunos presentan signos de deterioro por los años de inmovilidad en depósitos municipales de la geografía y otros tienen desperfectos de chapa por colisiones leves. Sin embargo, a primera vista, cualquiera diría que están en buen uso.

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A las subastas de estas gangas suelen acudir los expertos o subasteros que pactan las pujas y se quedan con las piezas o lotes que más les convienen. Algunos hacen su agosto. Los precios de partida son bajos, pero si el vecino, el ciudadano inexperto en el asunto, no entra en contacto con algún lince del oficio es probable que la pieza se la lleven otros y de la ganga sólo quede la pérdida de la señal o depósito previo para participar en la puja. De este modo, el deseo de motorizarse a bajo precio se puede saldar con 200, 500 y hasta mil euros menos en el bolsillo.

Al margen del dominio de los expertos sobre las subastas (eso que históricamente se ha llamado “mafia de los subasteros”), la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas se beneficia de esta forma de venta al mejor postor de los coches, barcos y aviones incautados que no resultan útiles a la Policía y la Guardia Civil para cumplir su labor. Gracias a una modificación de la ley, realizada por iniciativa de la que fuera diputada socialista por Cádiz, Carmen Romero, el producto de la subasta de esos bienes tiene que ser destinado a la rehabilitación de toxicómanos. Por cierto que Cádiz es una plaza donde más vehículos y embarcaciones se subastan.

Las cantidades destinadas por el Plan sobre Drogas a las entidades privadas sin fines de lucro de ámbito estatal oscilan entre dos y tres millones por año. Con la aportación de ese fondo de bienes decomisados se financiaron 25 programas de rehabilitación en el 2015 con una cantidad de 3,2 millones de euros. Fue una ayuda ligeramente superior a los 3.125.000 euros que el Ministerio de Sanidad, del que depende el programa, distribuyó entre 116 centros y asociaciones el año anterior.

Aunque se trata de un porcentaje mínimo de la gran suma de dinero ilegal y criminal que mueve el tráfico de estupefacientes en nuestro país (unos 6.000 millones de euros al año, según datos del INE y el Ministerio del Interior), los ingresos podrían mejorar si desde el departamento que dirige el ministro en funciones, Alfonso Alonso, se sancionaran las relaciones entre funcionarios y subasteros y se garantizase la limpieza de las subastas y el acceso directo de los ciudadanos interesados en esos bienes a precios inferiores al mercado.