El Gobierno se niega a readmitir a las denunciantes de la corrupción en Acuamed

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Un agente de la Guardia Civil vigila la entrada de la sede de Acuamed en Madrid durante el registro que se llevo a cabo el pasado 18 de enero. / Víctor Lerena (Efe)

Los técnicos que rechazaron las prácticas corruptas de la dirección de la empresa pública de Aguas de la Cuenca del Mediterráneo (ACUAMED) y las denunciaron ante los superiores del Ministerio de Agricultura, del que era titular Miguel Árias Cañete, y ante la Fiscalía Anticorrupción, sufriendo represalias, acoso laboral y “despidos disciplinarios”, no han sido restituidos en sus puestos de trabajo un año después. La entonces 'número dos' de Cañete y actual ministra en funciones, Isabel García Tejerina, se ha puesto de parte de los imputados que, con excepción del director general, Arcadio Mateo del Puerto, mantienen sus cargos y siguen cobrando de Acuamed.

Las denuncias sobre la corrupción en Acuamed, adelantadas por cuartopoder en noviembre de 2014, dieron lugar a una investigación de la Audiencia Nacional que bajo el nombre clave de Operación Frontino se saldó en enero pasado con la detención del director general y varios subordinados y contratistas de empresas privadas. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que en Acuamed existía “una organización criminal” encabezada por Mateo del Puerto, al que acusa de fraude, tráfico de influencias, falsedad documental, malversación, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y cohecho.

El caso no es muy diferente a otros conocidos. El jefe de la empresa, designado por el Gobierno, habría llegado, presuntamente, a acuerdos oscuros e ilegales con las empresas constructoras, de los que se habrían derivado beneficios particulares, y habría ejercido su autoridad para que los subordinados en la empresa los ratificaran, convirtiéndose así en supuestos colaboradores o cómplices de lo que vulgarmente se conoce como una estructura mafiosa.

Por claridad, eso fue lo ocurrido alrededor de una obra concreta, la más cuantiosa entre las investigadas, como fue la limpieza de la contaminación química del embalse de Flix (Tarragona). Según las fuentes consultadas, fue de hecho esa operación la que desencadenó el derrumbre de la trama. El director de Acuamed y el de la constructora FCC, Miguel Jurado, detenido en la operación Frontino, pactan un sobrecoste (indebido, según el sumario) de 40 millones de euros como compensación por supuestas deudas contraídas anteriormente por la Administración con la constructora.

El director general de Acuamed ordena a su subordinado directo (el director de ingeniería y construcción) que dé el visto bueno, pero éste se niega por considerarlo ilegal. La negativa se traduce en su cese inmediato y la correspondiente sustitución por una persona de confianza. La nueva directora de ingeniería ordena a la gerente territorial el visto bueno al sobrecoste. Pero ésta se niega y, consecuentemente es separada del puesto, dedicada a labores sin responsabilidad y sustituida, por lo que presenta denuncia por acoso laboral.

La presión sigue su marcha descendente y llega a la directora de obra, que se niega a alterar las certificaciones y, en consecuencia, es despedida y sustituida. En el despido (disciplinario) la acompaña la gerente territorial, a la que no se perdona su negativa a dar el visto bueno y su denuncia por acoso laboral. Sólo quedaba ya un eslabón, la asistencia técnica contratada para el control de la obra, que tampoco acepta modificar la realidad de lo medido como obra hecha y cuyo contrato es cancelado automáticamente por la dirección de Acuamed.

Todo esto ocurrió en el verano de 2015. El director de Acuamed habría conseguido conformar un organigrama dócil a base de represalias. Aunque las personas represaliadas habían informado a los responsables ministeriales, cierto es que sin resultado, y presentando escritos de denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Las denuncias desencadenan la investigación por orden del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, quien, en enero pasado, ordena la detención de 13 personas y la prisión incondicional de cinco de ellas (cuatro directivos de Acuamed y un contratista).

El proceso penal salpica en el Ministerio de Agricultura a la directora general del Agua, Liana Ardiles y al que, en el momento de los pactos Acuamed-FCC era secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, al ser, por razón de sus cargos, la vicepresidenta y el presidente del Consejo de Administración de Acuamed, respectivamente. Ambos quedan incorporados a la causa penal como investigados (imputados) y en sus declaraciones se refieren al entonces ministro y actual comisario europeo Arias Cañete como, al menos, conocedor de lo irregular de la situación. Ramos, que había pasado a ser subsecretario de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en el Ministerio de la Presidencia, fue cesado inmediatamente.

Ahora que se ha levantado el secreto del sumario y la prisión incondicional de los detenidos se ha convertido en libertad condicional bajo fianza, los cuatro directivos han recuperado la libertad y todos, salvo el director general, Mateo del Puerto, han retornado a Acuamed y siguen cobrando sus salarios como si nada hubiera ocurrido. En el Ministerio de Agricultura, la directora general de Aguas, Ardiles, se mantiene en su cargo; la ministra en funciones, Tejerina, sigue en el suyo y no ha dado explicación al Parlamento, y su secretario de Estado, Pablo Saavedra, dice ser ajeno al caso.

Por el contrario, a las dos ingenieras despedidas por rechazar y denunciar la corrupción, Azahara Peralta y Gracia Ballesteros, se les ha negado la reintegración a su puesto. El despido de Ballesteros fue considerado nulo por el juzgado de lo social número 19 de Madrid el 3 de mayo pasado. La sentencia obligaba a Acuamed a readmitir a la trabajadora, abonarle los salarios que dejó de percibir y a pagarle una indemnización en concepto daños y perjuicios. Pero en vez de acatar y cumplir la sentencia, la ministra Tejerina y su representante como presidente del consejo de administración de la empresa, el mencionado secretario de Estado Saavedra, han decidido recurrirla. En el caso de Peralta, el juicio ha sido señalado para enero de 2017, año y medio después de la denuncia.

4 Comments
  1. francia1789 says

    Vaya mierda de gobierno tenemos.
    La Constitución francesa, de 1793, elemento clave del racionalismo ilustrado francés, planteaba el derecho a la insurrección (Artículo 35: “Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pueblo y para cada una de sus porciones, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes”).
    En Españistán, la mayoría de ovejas vota a favor de la corrupción.

  2. Piedra says

    ¿Esos son los que prometían luchar contra la corrupción? ¡Anda ya! ¡Que los pongan boca abajo hasta que suelten todo lo que han robado!

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