Zaragoza frena los desahucios y lanza un plan pionero de alojamiento para los 'sin techo'
Eduardo Ocaña *
El Ayuntamiento de Zaragoza asegura haber evitado en el último año todos desahucios en los que ha intercedido, tanto por impago de hipoteca como de alquiler, de familias deudoras “de buena fe y por causas sobrevenidas”. Ya desde 2012, el Ayuntamiento cuenta con un Programa de Mediación de Deuda Hipotecaria y, desde hace poco más de un año, de otro programa dirigido a la mediación en impagos de arrendamiento. Su objetivo es evitar el desalojo de las familias a través de la intermediación y negociación con los propietarios o de una alternativa habitacional. Además, a principios de agosto, el consistorio regido por Zaragoza en Común ha lanzado una nueva iniciativa llamada Housing First, en este caso dirigida a personas sin hogar, en la que el primer paso es facilitarles una vivienda propia y estable. Para poder atender estas necesidades de vivienda social, también hay en marcha el Programa de Captación y Movilización de Vivienda Vacía que incentiva a los propietarios a que cedan su vivienda.
En junio de 2012 el Ayuntamiento de Zaragoza, entonces dirigido por el PSOE, creó una Oficina de Intermediación Hipotecaria. Desde entonces, según la nueva corporación de Zaragoza en Común, un total de 514 casos han sido cerrados con éxito, es decir, evitando el desalojo de las familias a través de los mecanismos intermediación. Con este precedente, a mediados de 2015 nació el Programa de Mediación para Arrendamientos, que ampliaba a los impagos de alquiler la actuación de la Oficina. Desde entonces, según sus datos, se han frenado hasta 210 desahucios por este tipo de endeudamiento, aunque otros 89 están aún a la espera sin resolver. “Desde julio de 2015 se han evitado todos los desahucios que nos han llegado”, asegura Luisa Broto, vicealcaldesa y consejera de Derechos Sociales, en declaraciones a cuartopoder.es.
Broto explica que el mecanismo de intermediación está formado por 2 equipos, uno de asesores legales y otro de trabajadores sociales: “uno lo que hace es estudiar legalmente el caso y asesorar a las familias y, el otro, valorar la situación de la unidad familiar”. A partir de ahí, son ellos los que actúan de interlocutores con los propietarios de los inmuebles. “Muchos de los casos de éxito vienen por este lado, demostrando que los afectados actúan de buena fe, justificado en una situación económica y que van a tratar de abonar la renta en un tiempo estipulado”, afirma. Los mediadores tratan de dar una alternativa “viable” para las dos partes aunque en algunos casos los propietarios “rechazan esta opción y finalmente van a juicio”.
Llegados a este punto, la vicealcaldesa y consejera de Derechos Sociales asegura que se intenta no dejar a nadie fuera sin alternativa: “Se orienta a las familias a encontrar una nueva vivienda y a solicitar el apoyo económico a través de la red municipal de los servicios sociales”. En caso de haber agotado estos recursos, “en último caso, lo que se propone es una alternativa habitacional”. También explica que este servicio prioriza “a aquellas personas y familias que actúan de buena fe y se han quedado en esta situación por causas sobrevenidas, existen también personas que han actuado en contra de la legalidad”, sin mencionar explícitamente la ocupación ilegal de viviendas, “pero ahí también se trabaja”.
Otro de los obstáculos a los que se enfrenta el Ayuntamiento es la falta de viviendas sociales, “tenemos un parque de viviendas muy limitado”, explica Luisa Broto, “por eso lanzamos un programa de captación y movilización de vivienda vacía que intenta facilitar a los propietarios que puedan ofrecer su vivienda mediante algún tipo de beneficio”. El plan incluye, entre otros, el pago garantizado de la renta, un seguro para la vivienda y la reducción del IBI al propietario, “además del respaldo y asesoramiento municipal, que anima a personas que han tenido malas experiencias o les cuesta hacer los trámites para poner en alquiler su vivienda vacía”. Según la vicealcaldesa y consejera, confían en que el buen funcionamiento hasta ahora les ayude a alcanzar el objetivo de 300 viviendas captadas para este año. Al mismo tiempo, asegura también “estar reclamando al Gobierno de Aragón que se implique y genere vivienda pública para poder dar respuesta a toda la demanda”.
Esta necesidad de parque de vivienda social es aún mayor tras la última iniciativa lanzada desde el Ayuntamiento zaragozano llamada Housing First (Primero la vivienda), un programa pionero de atención a personas sin hogar que les facilita viviendas accesibles y de carácter permanente. El pasado 2 de agosto se presentó este proyecto piloto, que según Luisa Broto “es a la vez sencillo y revolucionario”. Se trata de una metodología iniciada en los años 90 en EEUU orientada a personas en situación crítica, que no acceden o son expulsadas de los servicios asistenciales tradicionales, bajo la premisa de que lo primero es facilitarles un hogar propio. Según explica, “este enfoque es un modelo de referencia ya en Europa y su éxito es muy alto, el 80% mantiene sus viviendas dos años después”. El Ayuntamiento facilitará 10 inmuebles y se hará cargo también de los suministros, mientras que la labor de seguimiento y acompañamiento la llevará a cabo la Fundación RAIS, una organización especializada en la materia. El objetivo del programa es “lograr la reinserción desde el punto de vista de recuperar hábitos como mantener la casa, la higiene, el autocuidado o la alimentación”.
La ley andaluza de vivienda (convenientemente olvidada ya) era bastante más amplia por lo que veo en este artículo. Pero seguramente en esto también son las nuevas políticas pioneras y nunca antes de ellos nadie hizo nada.
Entre otras cosas se sancionaba a las empresas que especulasen con viviendas vacías. En este plan pionero, igual que en Madrid o Barcelona, lo que se hace es negociar con los especuladores. Es decir, la banca gana.