El Constitucional da largas y permite a Rajoy gobernar sin el control del Congreso

Francisco Pérez Cobos,presidente del Tribunal Constitucional, y Ana Pastor, presidenta del Congreso, durante el encuentro institucional que mantuvieron el pasado 28 de julio en la Cámara Baja. / congreso.es
Francisco Pérez Cobos,presidente del Tribunal Constitucional, y Ana Pastor, presidenta del Congreso, durante el encuentro institucional que mantuvieron el pasado 28 de julio en la Cámara Baja. / congreso.es

Cinco meses después de que todos los diputados, menos los del PP, apelaran al Tribunal Constitucional ante la negativa del Gobierno en funciones de Mariano Rajoy de someterse al control parlamentario, la alta institución del Estado sigue sin emitir su veredicto. Con ello, el Ejecutivo lleva sin control desde el 13 de enero en que se constituyó el Parlamento emanado de las elecciones del 20 de diciembre. Ahora está de vacaciones. Ningún portavoz oficial atiende las consultas. Ha declarado “inhábiles a efectos jurisdiccionales en materia constitucional” los días 1 a 31 de agosto, ambos inclusive, pero su propia normativa le permitiría resolver el conflicto si quisiera.

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La decisión del Gobierno en funciones de negarse al control parlamentario, encabezada por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, afectó a varios ministros y altos cargos. Se negaron a comparecer en las comisiones correspondientes y a someterse a las preguntas de los diputados en el pleno. Entre los ministros insumisos figuraba la entonces titular de Fomento y actual presidenta del Congreso, Ana Pastor Julián. El presidente del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, acudió a cumplimentarla el 28 de julio pasado, cinco días después de que tomara posesión.

La actitud gubernamental abrió una crisis sin precedentes en la democracia española. Por vez primera un Ejecutivo se negaba a dar explicaciones a los representantes del soberano. Todos los grupos parlamentarios, menos el 'popular', aprobaron en el pleno del 7 de abril la propuesta del entonces presidente socialista de la Cámara, Patxi López, de apelar al Constitucional. El Congreso presentó el escrito el 9 de abril, pero el TC no admitió el conflicto hasta dos meses después, el 9 de junio.

A partir de ahí, el órgano que preside el que fuera militante oculto del PP y está integrado por personalidades de diferentes simpatías políticas del bipartidismo imperfecto del pasado, tenía 30 días para pedir y recibir las alegaciones de las partes (artículos 73 a 75 de la ley). El margen temporal, según la norma del TC, terminaba el 9 de julio, con lo que los magistrados podían resolver en cualquier momento, pero no lo han hecho, beneficiando objetivamente al gobierno en funciones de Rajoy y relegando, de hecho, al Parlamento en su esencial función de control al Gobierno, según opinan algunos juristas y diputados consultados.

La ley del Constitucional establece un límite ordinario de 30 días para emitir la resolución. Esto obligaba a sus doce miembros a deliberar y fallar antes del 9 de agosto pasado. Pero ese plazo no ha sido respetado, si bien el artículo 75 de la propia ley contiene recovecos que permiten a los magistrados prolongar la indefinición y la crisis democrática derivada de un poder Ejecutivo no sujeto al Parlamento.

Desde las elecciones del 20D y la constitución del Congreso en la undécima y breve legislatura, el Gobierno se ha negado a dar explicaciones sobre la corrupción en Acuamed (Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente) a informar de las operaciones militares en el Egeo para el control de los refugiados de la guerra de Siria (Ministerio de Defensa), a dar cuenta de la corrupción en las obras del AVE (Ministerio de Fomento), a explicar la aparición del exministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, y de familiares en primer grado del exministro y comisario europeo Miguel Arias Cañete en los 'papeles de Panamá', reveladores de evasión fiscal y, entre otras cuestiones, a explicar la apelación al fondo de reserva de las pensiones (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) y a exponer las causas de la prórroga con dos años de anticipación de la concesión en la Ría de Pontevedra a la papelera de la antigua empresa pública Ence, en cuyos puestos directivos y consejo de administración hay varios exministros y exdirigentes del PP.

Tampoco ha dado explicación previa ni ha llevado todavía al Congreso el decreto imponiendo las revalidas previstas en su ley educativa, la LOMCE, pactada con la Conferencia Episcopal. Aunque el presidente en funciones informó del Consejo Europeo tras la decisión de Reino Unido de abandonar la UE, se negó a consultar al Parlamento la política sobre los refugiados de las guerras de Siria, Irak, Libia y el Cuerno de África.

El TC aplica con rigor la resolución de 1982 que declara inhábil todo el mes de agosto, con lo que no cabe esperar dictamen operativo alguno antes del día 30 en que comenzará el pleno de investidura. El alto tribunal nos cuesta 23 millones de euros al año, el triple que la Casa Real en términos presupuestarios, y sus miembros perciben unas retribuciones brutas que van de 156.679 euros anuales en el caso del presidente a 137.740 los magistrados.