El TC tampoco resolverá este mes la 'insumisión' del Gobierno al Parlamento

El Tribunal Constitucional seguirá dando largas al conflicto más grave e insólito de la democracia española en los últimos años: la decisión del Gobierno en funciones de rechazar el control del Parlamento. Según las fuentes oficiales del propio tribunal, el conflicto planteado por el Legislativo y avalado por todos los diputados, menos los del PP, contra la insumisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy puede ser diferido hasta octubre y de momento no consta en las propuesta del orden del día para el pleno del 27 de este mes. El litigio sólo puede ser resuelto por el pleno del alto Tribunal, según el artículo 10-1g de la ley del propio tribunal.

Esta falta de veredicto sobre la cuestión deja en manos del Ejecutivo la decisión del ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, de comparecer en el pleno del Congreso para explicar el fiasco del nombramiento de su excolega José Manuel Soria como alto cargo en el Banco Mundial. Como es sabido, Soria tuvo que dimitir como ministro de Industria y Energía en abril pasado al aparecer en los 'papeles de Panamá' sobre paraísos fiscales y fraude a Hacienda. Después el Gobierno lo propuso para el puesto de director Ejecutivo que corresponde a España en el Banco Mundial, en pago de los servicios prestados, e incurrió en varias falsedades de las que ahora De Guindos deberá responder ante el Pleno del Congreso o no, en función de la decisión de la decisión que adopte el Ejecutivo. Si mantiene su línea de insumisión, defendida por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría por hallarse en funciones, no comparecerá.

En esta nueva crisis derivada de la falta de sentencia del TC, el jefe del Gobierno y el ministro De Guindos, encargado de aportar el nombre de Soria, que finalmente se ha visto presionado y obligado a retirar su opción (el designado ha sido Fernando Jiménez Latorre, exsecretario de Estado de Economía y director ejecutivo del FMI), invocaron la condición de funcionario (técnico económico del Estado) para justificar su designación, al tiempo que afirmaron que como tal funcionario tenía derecho a optar al puesto en el Banco Mundial, remunerado con más de 220.000 euros anuales, dando a entender que el Gobierno era ajeno a la designación. En la falsedad abundaron solidariamente los ministros de Justicia, Rafael Catalá Polo, y de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, considerados cercanos al 'clan de Pontevedra' de Rajoy.

La verdad es que la propuesta de colocar a Soria pasó sin dificultad por una comisión de nombramientos del propio Ministerio de Economía, cuyos miembros están sujetos al principio de jerarquía y obediencia al ministro. La propia secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, reconoció públicamente que "el nombramiento lo hizo el Gobierno". Sobre si el exministro se reintegró a la administración pública como funcionario, el Gobierno deberá aclarar si desde su cese, el 15 de abril, Soria ha cobrado dos sueldos: uno como economista del Estado y otro como exministro. La Moncloa ha consignado que desde el 1 de mayo percibe la indemnización por cese, que supone el 80% del salario como ministro y asciende a 4.645 euros mensuales por dos años. Esa retribución es incompatible con cualquier otro ingreso público o en el sector privado.

La exigencia de que el ministro De Guindos comparezca ante el pleno del Congreso para dar explicaciones sobre las falsedades de los miembros del Gobierno fue asumida finalmente la tarde del jueves por la presidenta del Congreso, Ana Pastor, quien deberá convocar el pleno para la semana que viene. Así lo exigieron todos los grupos (menos el PP) en la Junta de Portavoces y lo reclamó la mayoría de la Mesa con la abstención de C's. Aunque Pastor no ha tenido más remedio que ceder a la petición de la abrumadora mayoría del Congreso, a última hora de ayer supeditó la convocatoria del pleno extraordinario a la agenda y disponibilidad del ministro. Se sabe que Rajoy presentará el miércoles próximo un libro de De Guindos sobre el rescate financiero.

Todos los portavoces, desde Íñigo Errejón (UP) a José Manuel Villegas (C's), pasando por Joan Tardà (ERC) y  Antonio Hernando (PSOE), entienden que “el ministro ha de responder de sus mentiras” como primer paso para exigir responsabilidades políticas, tanto a él como a su superior Rajoy y, reclamar su dimisión. Hay dudas sobre la validez de la recusación de De Guindos, dado que está en funciones, aunque los juristas consultados afirman que nada impide a los grupos presentar la correspondiente moción recusatoria.

Esas dudas y el suspense sobre si De Guindos aceptará o no comparecer en el pleno estarían resueltas si el Constitucional, bajo la presidencia del “militante oculto” del PP, Francisco Pérez de los Cobos, hubiera realizado su trabajo. Pero el TC, un órgano que nos cuesta 23 millones de euros al año, demoró dos meses (desde el 9 de abril hasta el 9 de junio) la admisión a trámite del conflicto planteado por el Congreso y, en plena campaña electoral para los comicios del 26 de junio, concedió a las partes 30 días para formular alegaciones. El resultado ha sido un retraso que supera el límite normal previsto en los artículos 73 a 75 de la propia ley del TC y que, según las fuentes del propio tribunal se prolongará más allá del pleno previsto para la última semana de septiembre.