Ética de doble rasero: diputada del PSOE, senadora del PP

El Parlamento nos ha ofrecido en los últimos días dos ejemplos: uno de ética política y otro de lo contrario. Del primero, apenas conocido, es protagonista la ya exdiputada socialista por Cantabria, Puerto Gallego. Del segundo, la falta de decencia política que le permite seguir conectada a las ubres del presupuesto público, es actora la senadora del PP Rita Barberá, sobre la que el presidente del partido y jefe del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, confesó no tener autoridad desde que el martes pasado se dio de baja en el PP valenciano. Entonces la cacareada exalcaldesa de Valencia, imputada o investigada por graves delitos de corrupción como son “la financiación ilegal y el blanqueo de capitales” ni siquiera había solicitado la baja en el Grupo Popular del Senado para pasar al Mixto.

El caso de la diputada Gallego dista bastante en términos judiciales del de Barberá. Gallego fue imputada a partir de una denuncia presentada por la Falange de las JONS, a la que se sumó el PP, por unas contrataciones realizadas en la época en que fue alcaldesa de Santoña (2003-2009). La demanda de la ultraderecha y el PP prosperó y ha llegado ahora al Tribunal Supremo en razón de que Gallego, diputada desde 2012, es aforada.

La acusación contra la exalcaldesa del PSOE le atribuía un acto de prevaricación. La Fiscalía pidió el archivo de la causa porque, según argumentó, la denuncia evidencia “un desconocimiento del funcionamiento de la administración local, así como del funcionamiento día a día de los miles de ayuntamientos de España”. La fiscalía adujo que “en algún momento en los ayuntamientos se toman decisiones para dar servicio a los vecinos, aunque las decisiones administrativas no sean impolutas o estén basadas en expedientes pendientes de regularizar”.

Pero los jueces rechazaron la petición de la Fiscalía y el proceso ha seguido adelante hasta llegar al Supremo, de modo que Gallego no ha dudado en presentar su renuncia al escaño, en el que será sustituida por el número dos de la lista, Ricardo Cortés. “Dimito porque no todos somos iguales y no tengo nada que ocultar”, dijo el miércoles a los periodistas tras elevar su renuncia a la Mesa del Congreso. Y lo hace además con la liberación de no tener que apoyar, si llega el caso, la investidura de “un presidente enfangado en una corrupción sistemática”.

La ética personal y política de Puerto Gallego, que vuelve a su plaza de pediatra en el Servicio Cántabro de Salud, nada tiene que ver con la de Barberá. Los presuntos delitos, tampoco. La investigación por blanqueo de capitales y financiación ilegal a la que está sometida la exalcaldesa de Valencia indica que buscaba el beneficio personal y político, y revela la práctica del juego sucio en la competición democrática entre las distintas formaciones políticas.

Aunque Barberá fue designada senadora por las Cortes Valencianas, la ley de 7 de julio de 2010 sobre la designación de senadores, firmada por el entonces presidente Francisco Camps Ortiz, no contempla la revocación, si bien en el artículo 14-3 abre un resquicio para que la Comisión del Estatuto del Diputado pida su sustitución si fuera procesada.

¿Seguiremos cargando los españoles con los abultados sueldos de los representantes políticos imputados en corrupción? Las exalcaldesas de Marbella y de Cartagena, ambas senadoras del PP, tienen causas judiciales pendientes. A la espera de la eficacia del agua que el partido de Albert Rivera ha puesto a hervir para ayudar a Rajoy a que Barberá suelte el escaño, lo único cierto es que la Mesa del Senado deberá tramitar su pase al grupo mixto y decidir si a los 3.000 euros de sueldo mensual por 14 pagas, más 1.800 euros de asignación libre impuestos, añade la cuantía de 2.400 euros al mes que le corresponden en gastos a justificar como nuevo miembro del mixto.