El PP y su bomba atómica

Languidecía la tarde en el polígono industrial en el que la Audiencia Nacional ha exiliado el primer macrojuicio contra la trama Gürtel cuando el abogado del Partido Popular (PP), Jesús Santos, soltó la bomba atómica: los de Rajoy también pedían la nulidad del caso Gürtel y con ella la absolución de todos los acusados. La posición del PP no es nueva -de hecho es consecuente con la labor de obstrucción a la investigación que la formación desarrolló hasta que el juez Pablo Ruz decidió expulsarle de la causa como acusación popular-, pero hace añicos el discurso amable de colaboración con la Justicia que sus dirigentes han defendido en público en los últimos años.

“Hemos colaborado con la justicia como nunca ha hecho antes ninguna formación política, pocas personas jurídicas lo han hecho con tanta intensidad como el Partido Popular”, llegó a decir la secretaria general, María Dolores de Cospedal, en una rueda de prensa en Génova, a cuyas oficinas Ruz tuvo que mandar a la policía en diciembre de 2012 para obtener la información que sus dirigentes se negaban a darle sobre la supuesta contabilidad B.

Santos, fiscal de carrera que dejó la Audiencia Nacional para fichar por la multinacional Baker & McKenzie, optó por un discurso duro, a pesar de que los populares, por mucho que alimentaran a la red de Francisco Correa al calor de los gobiernos de José María Aznar, no dejan de tener en la causa una condición menor, la del partícipe a título lucrativo que se ahorró 245.492 euros en actos electorales por los chanchullos que presuntamente se traían entre manos dos de los alcaldes que hoy se sientan en el banquillo de los acusados: el de Majadahonda, Guillermo Ortega y el de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, exmarido de la que fuera ministra de Sanidad, Ana Mato.

Desde una de las últimas filas de los estrados, detrás de una columna que le impedía dirigirse con normalidad a las fiscales Anticorrupción, como se encargó de hacer notar como una prueba más del supuesto papel marginal del PP en el juicio, el exfiscal se adhirió a la mayoría de la cuestiones previas planteadas por las defensas de los acusados, con el presunto número dos de la trama a la cabeza, Pablo Crespo, ungido en cabeza visible de los acusados ahora que Francisco Correa amaga con colaborar con la Justicia.

Con especial énfasis atacó al primer instructor de la causa, Baltasar Garzón, que fue expulsado de la carrera judicial durante once años por autorizar escuchas en prisión entre los principales imputados y sus abogados y se regodeó al recordar que la sentencia del Supremo que le condenó por prevaricación ya dijo que ese proceder fue “uno de los atentados más graves al Estado de Derecho en su vertiente del derecho de defensa que recuerda a los estados totalitarios".

Santos también apuntó que la Fiscalía Anticorrupción no detalla “ni qué, ni quién, ni cuándo, ni cómo, ni dónde" se produjo el beneficio económico que el PP obtuvo de la red Gürtel y, lo cierto, es que el escrito provisional de acusación y el auto de procesamiento se limitan a señalar que la formación política “se benefició” de las empresas de la trama “al ahorrarse la financiación de campañas electorales”, sin aportar mayor concreción. Sin embargo, quiso descargar la responsabilidad en los grupos municipales de estas dos localidades madrileñas, a pesar de que los mítines organizados 'gratis total' por Correa y los suyos eran actos de partido y beneficiaron a Ortega y Sepúlveda en su condición de candidatos populares a la reelección.

Lo que sí es cierto es que la posición de los populares en el trámite de cuestiones previas se compadece exactamente con la que han mantenido durante toda la causa. Los conservadores defendieron la inocencia de su tesorero, Luis Bárcenas, desde que el escándalo estalló en febrero de 2009, cuando Mariano Rajoy proclamaba rodeado de los suyos que la Gürtel era “una trama contra el PP”, hasta que un día de enero de 2013 una comisión rogatoria suiza reveló que, además de custodiar las finanzas de la organización, el exsenador guardaba en dos bancos de Ginebra 22 millones de euros, que en su mayor apogeo bursátil, llegaron a alcanzar los 48.

Tres meses después, en abril de ese mismo año, Ruz acordó expulsar a los de Génova del procedimiento por haber actuado durante cuatro años como una acusación popular que, en lugar de impulsar la investigación, se oponía a todas las diligencias que solicitaban las fiscales Anticorrupción, el PSOE o la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE), incluidos los recursos que reabrieron la investigación contra Bárcenas y el exdiputado Jesús Merino después de que fuera temporalmente archivada en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Los populares no dudaron en calificar de “sorprendente, injusta, incomprensible, arbitraria e inverosímil” la decisión  de Ruz de apartarles de la causa hasta el punto de enmarcarla en el “absoluto sarcasmo”, pero la Sala de lo Penal no sólo dio la razón al juez instructor sino que consideró su labor “encomiable y depuradora” y lamentó la “incontinencia expresiva” del “desdibujado” recurso de apelación que firmaba el abogado Alberto Durán, hoy procesado en un juzgado de Plaza de Castilla por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas.

(*) Alfonso Pérez Medina es periodista.