Los cadáveres de la Púnica

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Francisco Granados, Ignacio González y Esperanza Aguirre, en una imagen de archivo. / Efe

A primera hora de la tarde del pasado jueves, el director general de Industria, Minas y Energía de la Comunidad de Madrid, Carlos López Jimeno, presentó su dimisión irrevocable después de que el sumario del caso Púnica revelara que el alto cargo del Gobierno de Cristina Cifuentes poseía un 20 por ciento de una sociedad que, entre los años 2008 y 2012, recibió casi 200.000 euros en contratos de una fundación semipública. En un comunicado, explicaba que su renuncia tenía como objetivo “defenderse de las informaciones publicadas”, que no dudó en calificar de “infamias fruto de informes policiales plagados de inexactitudes”.

López Jimeno es la última víctima de una investigación dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que desde que estalló en octubre de 2014 ha provocado la caída de casi una treintena de cargos políticos -la mayoría del Partido Popular (PP), tres del PSOE y uno de Izquierda Unida (IU)- que, el día de su renuncia, utilizaron prácticamente las mismas palabras que el dimitido director general.

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El cadáver político más importante del caso es el presunto líder de la trama, el exsecretario general del PP madrileño y número 3 de Esperanza Aguirre durante siete años, Francisco Granados, que dio nombre a la operación policial en la que se desarticuló su entramado al utilizar los agentes que la llevaron a cabo el nombre científico del granado (púnica granatum). El exalcalde de Valdemoro, la ciudad en la que se produjo el mayor saqueo de fondos públicos investigado por el juez Velasco, cayó en desgracia tras las elecciones autonómicas de mayo de 2011. Aguirre primero le dejó sin cartera y después le destituyó como secretario general de los populares madrileños, pero Granados se mantuvo como diputado regional y senador de designación autonómica hasta el 21 de febrero de 2014, un día después de que se conociera que tenía una cuenta en Suiza. La investigación ha destapado que él y su socio, el constructor David Marjaliza, movieron casi 14 millones de euros entre sus cuentas en el país helvético, España y Singapur. Desde el 31 de octubre de ese año, Granados permanece en la prisión madrileña de Estremera, que él mismo inauguró siendo consejero de Justicia e Interior.

David Marjaliza el pasado día 21, durante su comparecencia en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid. / Mariscal (Efe)
David Marjaliza el pasado día 21, durante su comparecencia en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid. / Mariscal (Efe)

Otros tres miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid han tenido que dejar sus cargos tras ser imputados en este procedimiento. Salvador Victoria, que llegó a ser el número dos del Ejecutivo con Ignacio González, tiene prohibido salir del territorio nacional desde julio de 2015, cuando Velasco le interrogó tras atribuirle los delitos de prevaricación, cohecho, fraude y malversación. Él y la exconsejera de Educación Lucía Figar habrían dispensado un “trato de favor” al experto en redes sociales Alejandro de Pedro, presunto conseguidor de contratos de la trama Púnica al que se retribuyeron, con entregas de dinero negro, sus trabajos para mejorar la reputación ‘on line’ de los dos altos cargos. El efímero sustituto de Figar en la Consejería, Manuel Pérez Gómez, dimitió por la mismas razones tras haber ocupado el cargo durante apenas 22 días.

El caso Púnica también cortó la trayectoria de José Martínez Nicolás, director de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM) de la Comunidad de Madrid, a la que supuestamente se encargaron los trapicheos investigados. Otro consejero, el titular de Industria y Turismo de la Región de Murcia, Juan Carlos Ruiz, dimitió por sus tratos con De Pedro junto a otros cuatro altos cargos de la Administración autonómica, mientras que Marcos Martínez Barazón se vio obligado a dejar el cargo de presidente de la Diputación de León. Sin embargo, unos meses después, imputado aunque orgulloso del apoyo de sus vecinos, revalidó la mayoría absoluta como alcalde de Cuadros al frente de una formación independiente.

El escándalo también acabó con las carreras políticas de los diputados del PP en la Asamblea de Madrid Daniel Ortiz, exalcalde de Móstoles; Mario Utrilla, de Sevilla La Nueva; y José Miguel Moreno, el exregidor de Valdemoro que fue expulsado de la formación después de que trascendiera una conversación con Marjaliza en la que le decía, satisfecho: “Estoy tocándome los huevos que para eso me hice diputado”. A ellos se unió la exparlamentaria de Ciudadanos Eva Borox, quien aseguró que apenas conocía al constructor poco antes de que se publicaran las fotografías de las vacaciones que éste le había pagado durante varios veranos.

La lista de alcaldes populares supuestamente corrompidos por la Púnica es amplia: Alfonso Bataller, de Castellón; José Carlos Boza Lechuga, de Valdemoro, detenido junto a su primer teniente de alcalde, Javier Hernández; Gonzalo Cubas, de Torrejón de Velasco; David Rodríguez, de Casarrubuelos; Carlos Alberto Estrada, de Moraleja de Enmedio y Agustín Juárez, de Collado Villalba. Suma y sigue con los concejales Alejandro Utrilla (Móstoles), Victoria Muñoz (Parla), Juan Fernando Prado (Valdemoro) y Alberto Sánchez (Collado Villalba).

También renunciaron un alcalde del PSOE, el de Parla, José María Fraile, que fue detenido junto a su jefe de Gabinete, Antonio Borrego, y el asesor de IU Avelino Pérez. El partido más exótico afectado por el caso Púnica es la Unión Demócrata Madrileña (UDMA), una formación independiente que gobernaba Serranillos del Valle con Antonio Sánchez Fernández como alcalde. Tras su implicación en el caso, la Guardia Civil le detuvo cuando le sorprendió tratando de sacar documentos de la sede del Ayuntamiento.

Mientras tanto, el juez continúa investigando el entorno del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, la senadora Pilar Barreiros o el diputado madrileño Bartolomé González. Y una pregunta flota en el aire: ¿quién será el próximo?

(*) Alfonso Pérez Medina es periodista.