Expediente a los diputados del 'no' que podría acabar con una multa o con su expulsión

Ya sabían que no se irían de rositas cuando mantuvieron el “no es no” y votaron en consecuencia contra la investidura de Mariano Rajoy Brey. Al tiempo que éste juraba ayer su cargo de jefe de gobierno ante el rey Felipe VI, los 15 diputados socialistas rebeldes recibían la notificación de que la dirección del Grupo Socialista les abría un expediente por una falta muy grave. La nota iba firmada por el responsable disciplinario, conocido como “señor látigo”, que es el diputado por Cuenca Luis Carlos Sahuquillo y funcionario meramente administrativo con ocho trienios a la espalda y 21 años en cargos políticos. “A lo hecho, pecho”, reaccionó la comandante retirada Zaida Cantera, elegida por Madrid en la lista de Pedro Sánchez.

El expediente disciplinario está previsto en el artículo 33 del reglamento interno del grupo parlamentario, que contempla una escala de sanciones que van desde “la advertencia por escrito” en el caso de ausencia de los plenos del grupo, multa de 200 euros por no acudir a las votaciones en ponencias y comisiones, 400 por faltar a las votaciones del pleno, que se elevarán a 600 euros cuando se requiera mayoría cualificada para aprobar o rechazar una norma o la votación tenga singular importancia. Ninguno de los 15 indisciplinados incurrió en estos supuestos.

Para sancionarlos, el instructor Sahuquillo y la dirección del grupo que encabeza Antonio Hernando han de apelar al estrambote del mencionado artículo, que reza: “Igualmente, el Comité Director podrá sancionar la emisión del voto contrario a la orientación acordada por el Grupo, cuando ésta se haya realizado de forma voluntaria y haya sido manifestada explícitamente, sin perjuicio del mecanismo disciplinario previsto en los Estatutos Federales del PSOE”.

Quiere decirse que la dirección del Grupo Socialista sólo podrá multar, pero no expulsar a los díscolos. Los Estatutos, a los que el reglamento parlamentario remite, atribuyen esa facultad (la expulsión) a la Ejecutiva del partido, en este caso, la Comisión Gestora que preside Javier Fernández. El artículo 54 de los Estatutos dice: “Cabrá expulsión provisional del Partido acordada por la Comisión Ejecutiva Federal bien a iniciativa propia o a instancia de las Ejecutivas Regionales, Provinciales e Insulares, cuando se produzcan los siguientes supuestos: a) actuación en contra de acuerdos expresamente adoptados por los órganos de dirección del Partido”, como es el caso que les ocupa.

Queda claro que la dirección del grupo parlamentario ni siquiera tiene la propuesta legal de expulsión. Y, por su parte, el presidente asturiano y de la gestora, Fernández, ya ha afirmado que no tiene en mente expulsar a ninguno. La dimisión anticipada del exsecretario general, Pedro Sánchez, le ha resuelto el problema de tener que despedir a los rebeldes para echarle a él del partido y que no pudiera concurrir a las primarias internas por el liderazgo del PSOE. Sánchez estaba convencido de que sus adversarios internos, capitaneados por Susana Díaz, lo iban a expulsar si votaba 'no' o se ausentaba y por eso y para no perjudicar a sus compañeros decidió renunciar al escaño.

Los expedientados tienen ahora un plazo de siete días para justificar su desobediencia al mandato del Comité Federal, máximo órgano del partido entre congresos. Las diputadas independientes Margarita Robles y la citada Cantera lo tienen fácil, pues al no ser afiliadas pueden alegar que no se sentían obligadas por la dirección del PSOE, lo que no significa que no hayan desobedecido a la dirección del grupo. Ellas y los restantes seis diputados rebeldes del PSOE (léase el donostiarra Odón Elorza, la zaragozana Susana Sumelzo, la palentina Mari Luz Martínez Seijo, la ibicenca Sofía Hernanz Costa, el mallorquín Pere Joan Pons y la ourensana María del Rocío de Frutos) van a alegar que votaron en conciencia.

El voto en conciencia está contemplado en el reglamento del grupo y fue invocado por Elorza en la reunión interna del grupo antes del pleno de investidura. Sin embargo debe ser solicitado individualmente y, dado el mandato cerrado que expuso Fernández y reiteró Hernando a los diputados, consideraron inútil solicitar el voto diferenciado por razones de conciencia.

Los siete diputados del PSC alegarán además que obedecieron el mandato del Consell Nacional de su partido, una organización hermana pero independiente del PSOE. Esto no les librará de la sanción pecuniaria, pues forman parte del grupo socialista. Los concernidos son Meritxell Batet, Manuel Cruz, José Zaragoza, Lidia Ginart, Mercè Perea, Marc Lamuà y Joan Ruiz. La revisión del protocolo de relación entre el PSOE y el PSC, anunciada por el portavoz de la gestora, el andaluz Mario Jiménez, podría suponer la salida de los catalanes del Comité Federal y el eventual veto a participar en las primarias y el Congreso del PSOE.