El embajador español en Kabul imputado por el atentado acababa de asumir el cargo

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Mònica Bernabé *

Exterior de uno de los edificios de la embajada española en Kabul, abandonado después el ataque. / Mònica Bernabé
Exterior de uno de los edificios de la embajada española en Kabul, abandonado después del ataque. / Mònica Bernabé

El embajador español en Kabul, Emilio Pérez de Ágreda –contra quien el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha admitido a trámite una querella por el ataque contra la legación diplomática en la capital afgana el año pasado–, apenas llevaba cien días en el cargo cuando tuvo lugar el atentado, en el que murieron dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía, Jorge García Tudela e Isidro Gabino San Martín Hernández.

Pérez de Ágreda aterrizó en Kabul a final de agosto de 2015 y el atentado sucedió al cabo de poco más de tres meses, el 11 de diciembre. Los querellantes –la viuda de uno de los policías fallecidos y siete agentes que resultaron heridos en el ataque–  denuncian al diplomático por "carencias en materia de seguridad" en la Embajada, pero esas deficiencias se arrastraban en la legación desde hacía años. Asimismo, lo acusan de "nunca atender las peticiones de dotar de mayor seguridad a la sede diplomática", según dice el auto de la Audiencia Nacional. ¿Pero acaso Pérez de Ágreda tuvo tiempo de ocuparse de tales demandas? Acababa de llegar.

La querella también se extiende al segundo responsable de la legación diplomática, Oriol Solà Pardel, a pesar de que estaba dentro del recinto de la Embajada la noche del ataque y que, como los otros españoles que pasaron por aquel trago, salvó la vida de milagro.

La viuda de uno de los agentes fallecidos y los siete policías heridos exigen, en definitiva, que se haga justicia y que se asuman responsabilidades por unos hechos que tal vez difícilmente hubieran ocurrido si la embajada española en Kabul hubiera estado emplazada en otro sitio.

La sede diplomática la constituían tres viviendas contiguas que se encontraban a pie de calle, sin ningún tipo de distancia de seguridad, en una de las vías más transitadas de Kabul, donde cada día se forman largas colas de vehículos a la hora de la salida del trabajo.

El 28 de octubre de 2009 -seis años antes del ataque-, la Embajada española ya recibió hasta trece impactos de bala, al ser asaltada una casa de las Naciones Unidas que se situaba a 150 metros de distancia. Algunos de esos proyectiles incluso entraron en las viviendas del personal diplomático.

El entonces cónsul español en Kabul, Marco Peñín, afirmó: "La Embajada se encuentra en el corazón de la ciudad y carece de un recinto que le dé una protección externa. Por lo tanto, el riesgo de los edificios de esta Embajada es evidente". Sus declaraciones, grabadas en vídeo, fueron difundidas por el diario El Mundo.

Emilio Pérez de Ágreda en una imagen de archivo. / MAEC
Emilio Pérez de Ágreda en una imagen de archivo. / MAEC

Las imágenes, que también mostraban los daños sufridos por la sede diplomática en el intercambio de disparos, lógicamente fueron filmadas y publicadas con el consentimiento del embajador español de aquella época, José Turpin, que de esta particular manera intentaba denunciar algo que ya clamaba al cielo: que aquella Embajada no estaba en un lugar seguro.

El asalto a la casa de las Naciones Unidas -en el que murieron trece personas- marcó un antes y un después en Kabul. La ONU evacuó a todo su personal extranjero, que hasta entonces se alojaba en viviendas particulares, y lo concentró en recintos con grandes medidas de protección.

En cambio, la Embajada española se limitó a hacer un pequeño apaño para mejorar su seguridad. Se tapiaron una de sus puertas de entrada y todas las ventanas de la primera planta, dejando las estancias sin luz natural. También se reforzó su perímetro levantando una segunda pared exterior y se construyeron dos garitas de vigilancia. Sin embargo, no se planteó su cambio de ubicación. Entonces José Luis Rodríguez Zapatero era el presidente del Gobierno. Con la llegada de Mariano Rajoy al poder, la situación tampoco cambió.

José Turpin fue embajador en Kabul hasta noviembre de 2010. Después lo sustituyó Juan José Rubio de Urquía, que ocupó el cargo hasta el 20 de agosto de 2015. Turpin siempre dispuso de agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GEO) para su protección personal en la capital afgana. En cambio, Rubio de Urquía se tuvo que conformar con agentes del Cuerpo Nacional de Policía, debido a los recortes presupuestarios. ¿Si no había dinero ni para sufragar la protección personal del embajador, habría para cambiar el emplazamiento de la sede diplomática?

El auto de la Audiencia Nacional dice: "Ya el primer embajador español se negó a vivir en la Embajada por el peligro que suponía, trasladándose a la 'zona verde', a una vivienda ubicada dentro de la zona de seguridad". Dicha afirmación es completamente falsa. La sede diplomática española se abrió en Kabul a mediados de 2006 y la zona donde se ubicaba era inicialmente muy segura: el barrio de Shirpur, controlado por señores de la guerra y líderes muyahidines, que entonces aún dominaban en cierta manera el país.

El primer embajador español en la capital afgana se trasladó a vivir a otro lugar básicamente por falta de espacio en la Embajada. Y  no lo hizo a la denominada 'zona verde' –es decir, al área de seguridad de la capital afgana donde está prohibida la circulación de vehículos y cuyos accesos son controlados por la policía–, porque en aquella época no existía ninguna 'zona verde' en Kabul: todas las calles eran transitables, excepto donde se ubicaba la embajada de Estados Unidos, que era la única vía cerrada al tráfico. La capital fue experimentando una metamorfosis a golpe de atentado y a medida que la seguridad se degradó. Así la ciudad transmutó, pero la Embajada española continuó en el mismo sitio.

El Gobierno español está construyendo en la actualidad una nueva embajada en Kabul. Ahora sí, dentro de la denominada 'zona verde'. Tras el ataque de diciembre pasado, el embajador, Emilio Pérez de Ágreda, también cuenta nuevamente con GEO's para su protección personal. Y después de que se hiciera pública la querella, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores aseguró que el departamento ofrece su "plena colaboración con la justicia para esclarecer los hechos", así como la "máxima disponibilidad" del embajador y quien fue su segundo en Kabul, Oriol Solà Pardel.

Quizá la mejor colaboración es que se deje de utilizar a estos dos diplomáticos como cabeza de turco y el Gobierno asuma de una vez su responsabilidad.

(*) Mónica Bernabé es periodista y ha permanecido durante ocho años en Kabul.

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