Todos los excesos de Alsasua

Lo que ocurrió en el bar Koxka de la localidad navarra de Alsasua a partir de las tres y cuarto de la madrugada del 15 de octubre, cuando -según el relato de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela- cerca de 45 personas echaron a patadas y puñetazos a dos guardias civiles y sus parejas que se encontraban tomando una copa en el establecimiento, se ha convertido en un festival de desmesura tanto por quienes definen estos hechos como una acción terrorista a la que se debe aplicar toda la dureza del Código Penal como por los que sostienen que se trata de una azarosa pelea de bar protagonizada por jóvenes a los que indujo a la gresca más el alcohol que habían consumido que los prejuicios ideológicos que, probablemente, han cultivado desde que nacieron.

La respuesta judicial a lo sucedido en Alsasua se produjo en diferido pero con una rapidez y una contundencia poco habitual en otros procedimientos. La acción penal la inició en un primer momento el Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, que citó a declarar como investigados a los dos presuntos cabecillas de la agresión y les atribuyó un delito de atentado y otro de lesiones. Pero, mientras esto sucedía en Pamplona, la Coordinadora de Víctimas del Terrorismo (Covite) presentaba una querella por terrorismo en la Audiencia Nacional que se apresuraron a respaldar tanto la Fiscalía como la propia juez Lamela, con fama de progresista entre sus compañeros, que reclamó el procedimiento al juzgado de la capital navarra.

La decisión se adoptó en contra del criterio del casi nunca moderado ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que aseguró el 18 de octubre que la agresión podría encajar en la definición del delito de odio, tal y como está tipificado en el Código Penal, pero no podía ser considerado como un acto de ‘kale borroka’, la secuela callejera de la actividad terrorista de ETA que durante décadas han sufrido los pueblos y ciudades del País Vasco y Navarra. “Es un hecho puntual pero también es cierto que en algunas localidades existe odio hacia la Guardia Civil, y Alsasua no es de las localidades donde es más querida", dijo el entonces ministro saliente en una entrevista en TVE.

El 14 de noviembre pasado, casi un mes después de la paliza y a los diez días de que el exalcalde de Sevilla Juan Ignacio Zoido tomara el relevo de Fernández Díaz al frente de Interior, la Guardia Civil llevó a cabo una operación que finalizó con la detención de ocho personas, seis de las cuales fueron enviadas a prisión esa misma tarde por un delito de terrorismo en concurso con un delito de odio, atentado y lesiones. Un séptimo arrestado fue encarcelado dos días después mientras que la juez archivó la causa contra una de los tres jóvenes que había quedado en libertad con medidas cautelares.

Con una rapidez inusitada en la Audiencia Nacional, a los ocho días exactos de las detenciones, la juez Lamela, cada vez con menos fama de progresista entre sus compañeros, finalizó la investigación y dictó auto de procesamiento contra los nueve de Alsasua. Si la Sala de lo Penal no lo remedia, podrían ser juzgados a la vuelta de las vacaciones navideñas por delitos con penas que oscilan entre los 10 y los 15 años de cárcel.

Los defensores de que lo de Alsasua es terrorismo, con la magistrada Lamela y la Fiscalía de Javier Zaragoza a la cabeza, sostienen que la agresión puede ser tipificada como un delito de terrorismo porque está vinculada al Movimiento Ospa, que ha desarrollado desde 2011 en el municipio la campaña ‘Alde Hemendik’ (‘que se vayan’, en euskera), que persigue la expulsión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, en especial, de la Guardia Civil de todos los municipios de lo que sus impulsores consideran Euskal Herria.

Desde el año 2008, con la sentencia contra la asociación de apoyo a los presos etarras Gestoras Pro Amnistía, la Audiencia Nacional considera que ‘Alde Hemendik’ es una estrategia que tiene el objetivo de lograr “la salida de las Fuerzas de Seguridad del Estado” y que complementa “los atentados con resultado de muerte contra miembros de tales cuerpos”. Pero este argumento, de peso si la agresión se hubiera producido cuando ETA seguía matando, podría venirse abajo ahora por la dificultad de demostrar que los agresores de Alsasua ejecutaron su acción siguiendo las directrices de una banda terrorista que, aunque todavía existe, se encuentra moribunda y con una nula capacidad de maniobra que se reduce a la difusión intermitente de comunicados que ya no le importan a nadie.

Pero frente a los defensores del ataque terrorista de bar se han erigido los apóstatas de la gresca de taberna sin raíz política, fruto del azar y de las copas de más, que comparan este caso con el de los titiriteros del carnaval de Madrid que fueron cinco días a prisión por representar una obra en la que dos guiñoles portaban una pancarta en la que se loaba a la inexistente banda terrorista ‘Alka ETA’. El diputado de EH Bildu Óskar Matute, sin ir más lejos, se presentó en la Audiencia Nacional para apoyar a los detenidos, a los que casualmente defendían dos de las habituales abogadas de presos etarras, al tiempo que aseguraba que su formación únicamente defiende “las vías pacíficas”.

Sin embargo, los testimonios de los agentes y sus novias evidencian que la paliza, que provocó la fractura de un tobillo por un pisotón a uno de ellos, se produjo por la única razón de que eran guardias civiles y, al entender de sus agresores, no tenían derecho a compartir el espacio público con los vecinos de Alsasua. Así, les llamaron “hijos de puta, cabrones y ‘txakurras’ (perros)”, les dijeron que eso les pasaba “por salir de ahí arriba”, en referencia a la casa-cuartel, e increparon a los policías forales que trataban de ayudarles con este siniestro argumento: “Pero si sois de los nuestros, ¿qué estáis haciendo aquí?”. Odio, mucho odio. Contestado con excesos, muchos excesos.

(*) Alfonso Pérez Medina es periodista.