El Congreso, con el único rechazo del PP, aprueba la derogación de la 'ley mordaza'

Actualización a las 22:30 del 29-11-2016 tras la votación del pleno

El pleno del Congreso ha aprobado la moción del PSOE que ordena al Gobierno la derogación de la ley mordaza por 167 votos a favor de los socialistas, Unidos Podemos (UP) y los nacionalistas frente a 133 del PP. Los 32 diputados de C's se abstuvieron. Fue la segunda derrota sonada del Ejecutivo tras la suspensión, hace quince días, de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), también conocida como ley Wert.

Ante el riesgo de perder más votaciones, el PP optó por abstenerse ante la proposición de ley del PNV que obligará al Ejecutivo a desclasificar los secretos oficiales al cabo de 25 años, de modo que los españoles podamos conocer desde la persecución de los demócratas republicanos por parte de la dictadura franquista hasta la lucha contra el terrorismo. La nueva ley de secretos oficiales se tramitará gracias a los votos de los nacionalistas, el PSOE y UP (169) frente a 162 abstenciones del PP y C's y 3 en contra del grupo mixto.

La Cámara también aprobó con la abstención del PP y los votos favorables de los demás grupos la moción de UP contra la pobreza energética que, entre otras cosas exige al Gobierno una intervención efectiva para que las compañías de luz y de gas no corten el suministro a las familias en situación de pobreza que no pueden pagar las tarifas. Se estima que más de cinco millones de hogares españoles no pueden disfrutar de calefación durante el invierno. La moción reclama además una auditoría sobre el coste real de la energía para poner fin a los abusos tarifarios.

Con la abstención del PP y el voto favorable de los demás grupos, el pleno refrendó la moción de C's instando al Gobierno a que los amnistiados fiscales paguen el 10% de todo lo aflorado, tal como figuraba en el decreto de 2012, no el 3% de las cantidades defraudadas cuatro años antes, tal como después aprobó el ministro Cristobal Montoro. Según la ley tributaria, la deuda de los amnistiados, estimada en 2.800 millones de euros, prescribe este 30 de diciembre, sin que se conozca el valor jurídico de la carta que el ministro ha ordenado enviarles.

Derogaciones anunciadas

Como ocurrió con la ley Wert, la oposición se comprometió a derogar los aspectos más lacerantes de la ley mordaza en cuanto el PP perdiera la mayoría absoluta. Los socialistas recurrieron varios preceptos al Tribunal Constitucional. Pero el PP demostró su entusiasmo sancionador desde que llegó al poder. Cristina Cifuentes, como delegada del Gobierno en Madrid, multiplicó por nueve en 2012 las sanciones por participar en manifestaciones respecto al año anterior, en que se produjo la protesta más larga y extensa de las últimas décadas: el movimiento del 15M. Según Trevín, “nunca antes en democracia se aplicó con mano tan dura la legislación al discrepante”.

Doscientos sesenta representantes sindicales afrontaron en estos años sanciones administrativas graves o sentencias con importantes penas de prisión. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), absolutamente alarmada por las sanciones por actos de huelga, dijo en una de sus resoluciones: “De los ochenta y cinco procedimientos abiertos en España en 2014, ninguno de ellos correspondió a actos de violencia”. Con la entrada en vigor de la ley mordaza, las multas gubernativas a las organizaciones sindicales y a los movimientos sociales y políticos pueden llegar hasta 600.000 euros cuando las autoridades consideren que han atentado gravemente contra la seguridad.

Con la entrada en vigor de la ley mordaza y la desaparición de las faltas del Código Penal, que han pasado a ser sancionadas por el Gobierno directamente, los jueces archivaron más de tres millones de causas abiertas, pero no ocurrió así con los más de 1.600 procedimientos sancionadores abiertos por el Ministerio del Interior a partir de las notas policiales por supuestas faltas contra la seguridad ciudadana. El catálogo intimidatorio –desde multas de 600 euros por no tratar con el “debido respeto a la policía” hasta 30.000 por protestar exhibiendo la anatomía, como en el caso de Femen- es tan extenso y desproporcionado que, según Trevín, no hay duda de que “al PP le cuesta aceptar la discrepancia política o el contrapeso judicial, y cree que la seguridad es cosecha del miedo”.