El Gobierno autoriza 4 depósitos nucleares tras el fiasco del 'almacén de Cospedal'

Cinco años después de la decisión de instalar el cementerio nuclear centralizado en Villar de Cañas (Cuenca) para almacenar los residuos de alta intensidad de las centrales españolas el Gobierno de Mariano Rajoy se ha visto obligado a autorizar sigilosamente y sin publicidad la ampliación de los depósitos de tres plantas nucleares y está en trámite el permiso para otro Almacén Temporal Individual (ATI). Los diputados de Izquierda Unida (IU) en el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos (UP) Félix Alonso, Eva García Sempere y Miguel Ángel Bustamante han denunciado el oscurantismo y el fiasco del Almacén Centralizado Temporal (ACT), considerado hace un lustro una conquista de la entonces presidenta de Castilla-La Mancha y conocido como “el almacén nuclear de Cospedal”.

Según explica el diputado Alonso, “la desastrosa gestión” del Gobierno de Rajoy sobre el non nato almacén central de de residuos nucleares ha provocado la concesión de nuevos permisos y autorizaciones para que las plantas nucleares puedan acumular más residuos en los depósitos de agua y en los almacenes individuales al aire libre. Es el caso de Ascó, que saturará el almacén en 2023 y de Vandellós II, que proyecta una ampliación de la piscina de combustible. La Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II (ANAV), propietaria de estas centrales, ha solicitado que el Estado ejecute la obra prevista.

Por su parte, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha informado a favor de la apertura de un Almacén Temporal Individualizado (ATI) en la central de Almaraz. En diciembre, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, del que es titular Álvaro Nadal, dio luz verde al comienzo de las obras, lo que, según el diputado de IU, “resulta sorprendente, ya que la central de Almaraz ha de cesar su actividad en 2020 y estaba previsto –según los cálculos del propio CSN-- que sus piscinas puedan almacenar residuos hasta 2022”.

La autorización del nuevo almacén de la central extremeña ha provocado, recuerda Alonso, la protesta de las autoridades de Portugal, ya que la decisión se ha tomado sin tener en cuenta el impacto transfronterizo, es decir, los riesgos para el país vecino. En este sentido, el diputado de izquierda señala el “largo historial de fallos de los dos reactores de esta planta que pronto cumplirá los 40 años de funcionamiento”.

A estos tres almacenes ya autorizados se sumará pronto el de la central de Cofrentes, que también tramita un permiso similar. “Así, cuatro de las cinco instalaciones nucleares en activo en el Estado español tienen ya o están tramitando permisos para construir almacenes temporales individualizados, con su coste y riegos correspondientes, cuando hace cinco años se aprobó la construcción de uno centralizado. Un caos, un derroche y un oscurantismo inexplicables”, resume Alonso.

¿Por qué se ha llegado a esta situación? Es la cuestión a la que los tres diputados de IU exigen respuesta. La historia es conocida. A los pocos días de tomar posesión, el Gobierno de Rajoy, con el inefable José Manuel Soria de ministro de Industria, decidió instalar el ACT en Castilla-La Mancha, concretamente en el término municipal de Villar de Cañas (Cuenca), que había optado al cementerio nuclear. La influencia de la secretaria general del PP y entonces presidenta de esta comunidad autónoma, María Dolores de Cospedal (actual ministra de Defensa), resultó decisiva en la decisión del Gobierno central.

También su notable influencia operó en el nombramiento del exalcalde de Ciudad Real y vicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Francisco Gil-Ortega, como nuevo presidente de la Empresa Nacional de Residuos (Enresa), la empresa pública encargada de las expropiaciones y las contrataciones de unas obras que, según recuerdan los diputados de IU, iban a costar 700 millones de euros y a tenor de los últimos datos ya superarían los mil millones.

A propósito de cifras, los parlamentarios recuerdan la explicación que ofreció en su día la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para justificar la decisión de construir el cementerio nuclear temporal (60 años): “Cada día que pasa sin disponer del ATC le cuesta al Estado 60.000 euros”. Era el desembolso por trasladar y almacenar residuos en Francia. Según la estimación de Alonso y sus compañeros, el perjuicio por el retraso rondaría los 100 millones de euros. A ellos se añaden los 77,4 que lleva gastados Enresa, a pesar de que el conjunto de las obras “están bloqueadas”. De hecho, el subsuelo de la zona elegida para la instalación no era el más adecuado. Un nuevo informe realizado por una empresa de ingeniería para Ecologistas en Acción se suma a los anteriores en la misma dirección y alerta sobre los “enormes riesgos geológicos” de la zona.

Las dudas técnicas sobre el subsuelo han sido el principal motivo de la dilación de cinco años desde que el Gobierno decidió construir el ATC en la mencionada localidad conquense. El sucesor de Gil-Ortega –tuvo que dejar el cargo tras una auditoría que desveló mala gestión y falta de probidad--, Juan José Zaballa, que venía de presidir Paradores Nacionales, paralizó las operaciones a la espera de la decisión del CSN, que a su vez se ha visto obligado a encargar nuevos estudios geológicos que sigue sin desvelar.

A ello se han sumado los litigios en curso, planteados por el alcalde de Villar de Cañas, José María Saiz, del PP, contra el decreto de la Junta de Castilla-La Mancha que amplía una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) hasta las cercanías de los terrenos elegidos para el cementerio nuclear, y contra la anulación del planeamiento urbanístico acordado por el Ayuntamiento. En este caso, la Junta, presidida desde junio de 2015 por el socialista Emiliano García-Page, quiere hacer valer sus competencias.

Para los diputados de IU no hay duda de que estamos ante un grave episodio, uno más, de la “nefasta y peligrosa actuación” de las autoridades del PP y ante una “desastrosa” gestión del Ejecutivo de Rajoy. De lo que se trata además es de conocer que ocurrirá con el proyectado cementerio. En ese sentido, los representantes del soberano esperan respuesta a estas preguntas: “¿Cuál es el nuevo calendario del proyecto del ATC de los residuos de todas las centrales españolas?” y si ante las dificultades existentes “¿tiene el Gobierno previsto cambiar su decisión sobre la ubicación del almacén centralizado?”