Fernando Martínez Maíllo: "La corrupción ha hecho mucho daño al PP, y es lógico"

Fernando Martínez Maíllo, vicesecretario de Organización del Partido Popular, es una de las caras destinadas a consolidar protagonismo en la formación conservadora tras la cita congresual que los 'populares' celebrarán el próximo febrero. Maíllo, que reconoce que la corrupción ha hecho mucho más daño que la gestión de la crisis desde el punto de vista electoral, se resiste sin embargo a mirar al pasado y apuesta por preparar al partido para los retos nuevos. Así ha contestado a las preguntas de cuartopoder.es.

— ¿La decisión de Aznar de renunciar a la presidencia de honor del partido deja huérfana a una parte importante de la familia 'popular'?

— La figura y el legado de José María Aznar estarán siempre presentes en el Partido Popular y, con el más absoluto respeto a su decisión, creo que es el momento en el que todos debemos mirar al futuro, ahora que además nos encontramos inmersos en la preparación del próximo Congreso del partido, sin olvidar los principios y los valores que han convertido al PP en la formación política de centro-derecha más relevante de nuestro país y también del Viejo Continente. 

— ¿Les preocupa que militantes de peso e historia en el PP, como el propio Aznar, María San Gil, Jaime Mayor Oreja, etcétera, críticos con la actual línea política del partido, acaben dando forma a una corriente crítica, o incluso creando o alentando la creación de otra formación política?

— Todos ellos han sido y son referentes del Partido Popular. Así serán siempre considerados en el seno de nuestra formación y todos ellos siguen militando en nuestro partido. Hoy el PP está unido en torno a la figura de Mariano Rajoy y dispuesto, como siempre, a trabajar para ayudar al Gobierno a lograr el propósito de generar empleo, superar la crisis tan aguda que ha azotado a nuestro país y apoyar a aquellos ciudadanos que peor lo están pasando para no dejar a nadie en el camino. Y  estoy seguro de que todos los dirigentes, simpatizantes y militantes del PP están de acuerdo en desempeñar esta labor de trabajo al servicio de los españoles,  porque esta es y será una de las señas de identidad del Partido Popular. 

— ¿Se ha convertido el PSOE en su principal apoyo durante esta legislatura? ¿Cree que hay alguna posibilidad de que acaben apoyando los presupuestos de Rajoy y Montoro?

— Tal y como dijo Mariano Rajoy en la rueda de prensa del pasado 30 de diciembre, el socio preferente del gobierno para esta legislatura va a ser Ciudadanos, que apoyó la investidura de nuestro candidato y con quien se ha pactado la puesta en marcha de una serie de políticas que irán desarrollándose a lo largo de estos próximos cuatro años. No obstante, es evidente que el PSOE tendrá mucho que decir en los grandes asuntos que afectan a nuestro país, porque la aritmética parlamentaria es la que los ciudadanos han decidido en las urnas y porque su larga trayectoria al servicio del interés general de los españoles así lo exige. Con respecto a la segunda pregunta, estamos dispuestos a hablar y a pactar todo aquello que sea necesario para que, cuanto antes, se aprueben los presupuestos que necesita nuestro país para el año 2017. 

— Pablo Iglesias ha advertido que tiene la suficiente representación parlamentaria para promover la celebración de un referéndum sobre una reforma de la Constitución o cualquier otra materia, y no descarta usarla. Lo que ellos entienden como un ejercicio de democracia, para ustedes supone un peligro ...

"Resulta paradójico que para Podemos todo se resuelva convocando votaciones y lo mucho que les cuesta luego acepatar los resultados"

— Por principio, nosotros no nos negamos a hablar de una posible reforma de la Constitución, lo que sí decimos es que cuando se valora la posibilidad de hacer cambios en un texto nacido del entendimiento y de la concordia, que tanta prosperidad ha traído a nuestro país, hay que hacerlo desde el consenso más amplio, saber qué se quiere cambiar y hasta dónde se quiere llegar.

Respecto a lo que Unidos Podemos entiende como un ejercicio de democracia, resulta paradójico que para ellos todo se resuelva convocando votaciones y, sin embargo, les cueste tanto aceptar los resultados. Fijar exigencias antes de sentarse a la mesa de diálogo no es muy constructivo, y menos cuando lo que está en juego es la posible modificación de nuestra Constitución.

— La vicepresidenta del gobierno entonó una cierta autocrítica sobre la actitud del PP en el pasado por recoger firmas contra el Estatut de Cataluña y llevar el recurso ante el Tribunal Constitucional. ¿Cree que la mayoría de los votantes y militantes del PP tienen la misma percepción?

— Creo que en el momento en el que nos encontramos hace falta pronunciar más la palabra diálogo que la palabra enfrentamiento, con independencia de las posiciones de partida que cada uno tenga. Cataluña es una parte fundamental de nuestro país y, en mi opinión, debemos centrar todos nuestros esfuerzos en construir puentes, siendo capaces de alcanzar acuerdos sobre aquellas políticas que repercutan en el bienestar y en la calidad de vida de la gente. 

— El presidente de la Generalitat ha anunciado que habrá referéndum en septiembre "sí o sí". ¿Habría que impedir que se celebre, con la intervención de las Fuerzas de Seguridad del Estado, o sancionar a posteriori una hipotética celebración?

"No habrá ningún referéndum en Cataluña, porque no lo permite la ley, que es igual para todos"

— Los partidos políticos y sus dirigentes tenemos que cumplir y hacer cumplir la ley. La ley es igual para todos y en este punto le digo que no habrá referéndum; no lo permite la ley. Los políticos estamos para resolver los problemas de los ciudadanos, no para abocarles a situaciones límite que pueden generar frustración y hartazgo. Por eso, la disposición al diálogo del Partido Popular y del Gobierno de España es clara, firme e inequívoca. El Gobierno de España también lo es de Cataluña y, por tanto, seguirá como hasta ahora tendiendo puentes para que fructifique el diálogo y para que los catalanes no vean mermados sus derechos.

— ¿Cree que en el caso catalán habría que poner en marcha el artículo 155 de la Constitución, que prevé suspender ciertas competencias a comunidades autónomas?

— No está en nuestros planes poner en marcha el artículo 155 de la Constitución. No contemplamos que ninguna administración incumpla las obligaciones que la Carta Magna o cualquier otra ley establece. Estamos abiertos a la vía del diálogo para mejorar la vida de los españoles, y por tanto la vida de los catalanes, y no vamos a renunciar a la unidad de España y a la igualdad de todos los ciudadanos.

— Renovadas las caras, salvo la del líder Rajoy, ¿va a renovar el PP las políticas y la forma de hacerlas en su próximo congreso de febrero?

Del próximo congreso nacional saldrá un PP fuerte, unido, moderno, pegado a la calle y a los problemas de los ciudadanos, pero manteniendo intacto nuestro ideario político que gira en torno a la defensa de la libertad, de la unidad de nuestro país, de la soberanía nacional, de la solidaridad, de la lucha contra el terrorismo y de la reivindicación de la dignidad de las víctimas del terrorismo.

— ¿Y por dónde irán las aportaciones sobre políticas sociales?

— En la ponencia social se propone, por ejemplo, que todas las personas con enfermedad terminal tienen derecho a recibir, con el máximo respeto a su dignidad y voluntad libremente expresada, cuidados integrales paliativos de calidad. En este sentido, defendemos el testamento vital como herramienta jurídica para expresar dicha voluntad. Asimismo, en esta ponencia abordamos otros asuntos capitales para el presente y el futuro de nuestro país como el fomento de la natalidad, el apoyo a la familia y la conciliación para afrontar el reto del envejecimiento de la población al que nos enfrentamos como españoles y europeos.

— ¿Qué porcentaje de iniciativas en materia de lucha contra la corrupción han llegado para tramitar en el congreso de febrero?

— Se ha abierto ahora el periodo de enmiendas, que termina el 14 de enero. Como ya saben, en la ponencia de estatutos se proponen distintas medidas como la Oficina del Cargo Popular y la Declaración de Idoneidad, que buscan intentar prevenir la corrupción.

— ¿Electoralmente, cree que al PP le ha hecho más daño la corrupción o la gestión de la crisis económica?

"Los países de nuestro entorno consideran a España un ejemplo de crecimiento económico y creación de empleo"

— Indudablemente,  la corrupción ha hecho mucho daño al Partido Popular, y es lógico. En el partido ha habido personas que se han aprovechado de estas siglas en beneficio personal, cuyas acciones han contribuido a menoscabar la confianza de los ciudadanos en la política y en los políticos. Pero hay que destacar que la inmensa mayoría de militantes y cargos públicos del PP son personas honradas que ejercen su labor de representación de los ciudadanos de forma digna y en muchos casos desinteresada: concejales y alcaldes de pequeños municipios que ni siquiera cobran por trabajar para sus vecinos. Por otra parte, nos vimos obligados a adoptar medidas impopulares y contrarias a nuestro programa de gobierno, porque la situación económica así lo requería. El tiempo y las cifras han demostrado que la determinación y la resistencia de Mariano Rajoy han sido muy positivas para que este país comience a despegar. Hoy los países de nuestro entorno consideran a España un ejemplo de crecimiento económico y creación de empleo.

— ¿Tras presentar el nuevo sistema de elección del presidente del PP pueden garantizar que no habrá más "dedazo" en el al abordar la  sucesión y elección del líder?

— El procedimiento para la elección del presidente del Partido Popular es perfectamente democrático, como se está demostrando en estos  momentos previos a la celebración del congreso nacional. La prueba está en que los afiliados de nuestro partido han elegido con voto directo en urna a los delegados encargados de representarles en el citado cónclave. Además, se prevé implantar –si así se decide los próximos días 10, 11 y 12 de febrero– el sistema de doble vuelta para elegir al presidente del partido a nivel nacional, regional y provincial. De esta forma, los afiliados inscritos votarán en una urna a los candidatos y en otra a los compromisarios que les representarán en el congreso, pasando a la segunda vuelta quienes lograsen más del 10% de los votos. En definitiva, una serie de medidas sobre las que vamos a debatir –y espero que aprobar– en el próximo mes de febrero en Madrid, y estoy convencido de que van a servir para mejorar los procedimientos internos de elección de nuestros dirigentes y candidatos.