El último Pujol ante el juez

El último Pujol
Una imagen de la declaración de Oleguer Pujol ante el Parlamento catalán, en marzo de 2015, para aclarar el origen de la fortuna familiar. / Efe

La declaración este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata de Oleguer Pujol, el hijo pequeño del histórico presidente de la Generalitat de Cataluña y el más dotado, según quienes le conocen, para las transacciones financieras internacionales, cerrará el círculo de una familia que, siguiendo la mejor de las tradiciones, se mantiene unida incluso en la imputación judicial.

Ni las pesquisas que han dirigido contra ellos cuatro jueces distintos, concentradas ahora en las que dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, ni las insistentes acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción, ni la filtración de las actuaciones que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha ido desarrollando desde que a finales de 2012 tomó declaración a la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola han conseguido separar a una familia que, por el momento, permanece y declara unida.

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La estrategia de defensa de los Pujol, supervisada por el penalista Cristóbal Martell, pasa por defender que la fortuna que la familia guarda en Andorra desde principios de los años ochenta proviene de la herencia de 180.000 dólares que, de espaldas al fisco español, les legó el abuelo Florenci antes de su muerte, el 30 de septiembre de 1980,  y que la constante evolución al alza que ha experimentado durante las tres últimas décadas tiene como única explicación la habilidad del clan, con Jordi Junior al frente, para destinar esos fondos a negocios e inversiones.

Una comisión rogatoria remitida por las autoridades de Andorra reveló que la familia más ilustre del nacionalismo catalán ingresó en sus posiciones en el Principado, entre los años 1990 y 2012, más de 47 millones de euros, de los que casi 31 se correspondieron con ingresos en metálico.

Lo dijo Jordi Pujol padre en el comunicado-confesión que emitió un viernes por la tarde de julio de 2014 en el que justificaba el engaño a Hacienda por el temor de su padre de que la democracia no se consolidara en España. “Habiendo vivido de cerca la época difícil de los años 30 y 40 tenía miedo de lo que podía pasar, y más de lo que podía pasarle a un político comprometido”, decía.

Esa es la línea argumental que han seguido Marta Ferrusola y los cinco hijos del matrimonio que fueron imputados en este procedimiento: Jordi, Pere, Josep, Marta y Mireia. Y todo apunta a que también será la estrategia que seguirá Oleguer, al que comenzó a investigar el juez Santiago Pedraz en octubre de 2014 por siete operaciones inmobiliarias que supuestamente habrían servido para blanquear los fondos de la familia, entre ellas la compra de un hotel en Canarias con ocho millones de euros procedentes del paraíso fiscal de las Islas Vírgenes.

El pequeño de los Pujol, investigado por blanqueo de capitales, declarará un día después que los hijos del empresario Javier de la Rosa, Gabriela y Javier, a los que se imputa el mismo delito por haberse repartido con él 11,5 millones de euros en comisiones que provendrían, presuntamente, de la venta en 2008 de 1.152 oficinas del Santander a la empresa Sun Capital, por un total de 2.177 millones de euros.

El único que se salva de la imputación en la macro causa contra los Pujol es el hermano que fue llamado a heredar el legado político de su padre, Oriol, que llegó a ocupar la Secretaría General de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) antes de que el caso de las adjudicaciones supuestamente irregulares de las estaciones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) se cruzara en su camino. Hoy se enfrenta a una petición de la Fiscalía de cinco años y dos meses de cárcel.

La versión que la familia ha ofrecido al juez José de la Mata está repleta de contradicciones con los informes policiales y los documentos bancarios que constan en el procedimiento hasta el punto de que éste llegó a recordarles en un auto que no han aportado a la causa “elemento alguno, por mínimo que sea”, que acredite la “veracidad” de la versión de la herencia, que la Fiscalía Anticorrupción quiso vincular en sus últimos interrogatorios con el caso Banca Catalana.

Los Pujol mantienen que un directivo de esta entidad, Delfí Mateu i Sayos, fallecido en 1993, gestionó el legado hasta que los siete hijos alcanzaron la mayoría de edad, pero nunca han detallado de qué forma llegaron esos fondos a las cuentas de la familia en Andorra o en qué productos estuvieron invertidos antes de que los rendimientos se repartieran entre los hermanos.

A los fiscales Anticorrupción también les choca que el patriarca no guardara el certificado del Impuesto de Sucesiones que demostraría la transmisión de esa parte de la herencia o que ésta fuera a parar exclusivamente a los bolsillos del ‘expresident’, su esposa y sus herederos, ignorando por completo a la hermana del político, María Pujol i Soley. “Mi hermana lo entendió perfectamente”, aseguró el patriarca tratando de consolidar la idea de que, ante todo, los Pujol son una familia unida.

(*) Alfonso Pérez Medina es periodista