El principio del fin de Rato y Blesa

Nada hay peor para un banquero que quiera delinquir que algo se entienda. Y el caso de las tarjetas black de Bankia (antes CajaMadrid) se entiende de maravilla. Tanto se entiende que para Rodrigo Rato y Miguel Blesa va a ser lo mismo que el caso de Argentia Trust fue para Mario Conde: el principio del fin.

Los dos casos se parecen mucho, porque ambos constituyen un delito de apropiación indebida para el que los jueces no tienen que basarse en complejos dictámenes técnicos financieros, sino que por la llamada cuenta de la vieja, pueden comprenderlo bien. Porque los jueces son, o deben ser, expertos en cuestiones jurídicas, pero no en cuestiones económicas y lo que bien se comprende, bien se explica. Es fácil: Había unos fondos de los que el banquero es custodio, cuando el dinero desaparece, el custodio tiene que explicar qué ha pasado con él. Si no lo hace ya está pillado. Más sencillo que el mecanismo de un tirachinas. Por eso, es un proceso muy rápido, incluso como en el de las tarjetas black en el que inicialmente había 79 imputados, y otros tantos abogados defensores,  lo que constituye un auténtico dolor de cabeza para cualquier tribunal. Lo dicho, rápido y letal.

Nada que ver con una salida a bolsa fraudulenta o la quiebra de un banco, que tiene complejas aristas que requieren legiones de abogados y de peritos para justificar decisiones erróneas o directamente delictivas injustificables en condiciones normales pero que pueden ser interpretadas de diferentes formas y que alargan un proceso por años y años, aunque al final del mismo el banquero sea condenado a una pena mayor que la primera por el tipo de conducta o por  el volumen del fraude.

Ahora, la Audiencia Nacional ha condenado a 65 de los usuarios de las tarjetas (sentencia en PDF), porque el dinero gastado no formaba parte de las remuneraciones, ya que no tributaban por ello, ni de los gastos de representación, puesto que había otra tarjeta para ello. Era el modo de llevárselo crudo. Punto.

Y los que organizaron el procedimiento fueron Miguel Blesa (69 años, licenciado en Derecho y miembro del cuerpo de inspectores de Hacienda con José María Aznar) y Rodrigo Rato (67 años, licenciado en Derecho, vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía durante los ocho años de los Gobiernos de Aznar y presidente del Fondo Monetario Internacional, considerado autor del milagro financiero español de principios de siglo). Gente que parece que sabía lo que estaba haciendo, o por lo menos con mejor formación que los compradores de preferentes de Bankia. Blesa ha sido condenado a 6 años por delito continuado de apropiación indebida y Rato, a 4 años y 6 meses, porque dilapidaron 12 millones que no eran suyos. Y con ellos van en el paquete el ex secretario de Estado de Hacienda, Estanislado Rodríguez Ponga (3 años y 2 meses), el también ex secretario de Hacienda José Manuel Fernández Norniella (1 año); Rafael Spottorno, que fue jefe de la Casa del Rey (2 años); el ex presidente de los empresarios Gerardo Díaz Ferrán (2 años), su colega de la CEIM, Arturo Fernández (6 meses); el empresario amigo de los reyes Javier López Madrid (6 meses); el ex ministro socialista Virgilio Zapatero (8 meses), Ildefonso Sánchez Barcoj, cómplice en la operativa (2 años y 6 meses) y, especialmente, el consejero propuesto por Izquierda Unida, José Antonio Moral Santín, condenado a 4 años por gastarse él solito más de 450.000 euros.

Una  primera condena por apropiación indebida a cuatro o seis años de prisión es el principio del fin. Porque es muy difícil que el Supremo revoque la sentencia de algo tan sencillo y con una jurisprudencia tan clara. Y porque está demostrado que en España, la presunción de inocencia de los poderosos funciona hasta que son condenados por primera vez. Luego, en los restantes procesos que tengan pendientes les suele caer "la del pulpo". Hay muchos ejemplos, singularmente el de Mario Conde, condenado primero por Argentia Trust a 4 años y 6 meses y luego por Banesto, a 20 años. O el del exministro y ex presidente de Baleares, Jaume Matas. Pues bien, lo de Rato y Blesa lleva el mismo camino.

Casi con seguridad, ninguno de los dos tendrá que ingresar en prisión preventiva mientras se sustancian sus recursos de casación ante el Tribunal Supremo, pero tengas ustedes pocas dudas de que al final del camino tendrán que pasar por alguna institución penitenciaria. Y en el tema de cumplimiento, el Gobierno está ofreciendo chalets con vistas a sus amigos en ese difícil trance. Ahí tienen a Matas, lesionado por un pelotazo en un ojo cuando jugaba al frontenis en prisión. Cierto que no pueden salir, pero distracciones no les faltan y hasta en caso de aprieto, tienen los vis a vis.

No obstante, y mientras pasa el tiempo, nuestros imputados —no Urdangarin o Diego Torres, pero sí Rato o Blesa— van cumpliendo años en la esperanza de que superados los 70 años, puedan salir de prisión, como en el pasado ocurrió con egregios condenados como Manuel Prado y Colón de Carvajal,  administrador privado de Juan Carlos I durante más de 20 años y que fue excarcelado por razones humanitarias cuando cumplía condena por el caso Wardbase.

A pesar del presumiblemente benévolo tratamiento penitenciario para tan ilustres condenados, lo dicho, el principio del fin.

• El negro futuro de las ‘tarjetas black’, de J. Y. (2-2-15).
• El dinero de nadie es mío, de J. Y. (13-10-14).