La PAH se reúne con los grupos del Congreso para que apoyen su ley de vivienda

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se reúne esta mañana con todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. El objetivo es presentarles su propia ley de vivienda (ver texto completo) que incluye varias propuestas para garantizar este derecho y la paralización de los desahucios. La plataforma trasladará el texto a los partidos y les dará el plazo de un mes para que lo estudien y analicen. Pasado este tiempo, exigirán posicionamientos a favor o en contra. La idea de la PAH es que se introduzca el texto en el Congreso y que se apruebe antes de acabar el curso, es decir, antes del mes de agosto.

“Si todos mantuviesen sus compromisos previos, esta propuesta de ley se debería aprobar”, afirma a cuartopoder.es Carlos Macías, portavoz estatal de la PAH. El activista recuerda que todos los grupos a excepción del PP han apoyado iniciativas de su colectivo como la iniciativa legislativa popular (ILP) que presentaron en el año 2013 para acabar con los desahucios. “Se van a atener que posicionar todos los partidos, veremos si están del lado de la banca y de mantener sus privilegios, o se posicionan del lado de la ciudadanía y de garantizar los derechos. Queremos que pasen de las palabras a los hechos”, explica el portavoz.

La ley que presentarán a los partidos no incluye demasiadas novedades respecto a las reivindicaciones que ha ido formulando este colectivo surgido hace 8 años. Más allá de que ahora se realice en formato de texto legal, articulado y preparado para el debate parlamentario. Un “salto cualitativo” que se une a otras iniciativas similares a nivel autonómico o municipal. “Es una propuesta de reforma estructural que garantice el derecho a la vivienda y poner fin de una vez a los 166 desahucios al día que hay”, resume Macías. Esta incluye medidas como las conocidas “5 de la PAH”: dación en pago retroactiva, alquiler asequible, stop desahucios, vivienda social y suministros garantizados.

Otras de las reivindicaciones de la PAH se basan en terminar con las deudas de por vida o los cortes de suministros, además de generar herramientas para que se movilice la vivienda vacía y pasar del 1% al 15% de parque público. El sistema de alquiler también debe reformarse, según el colectivo. Para ello quieren reformular la ley de arrendamientos urbanos. Según explican, hoy en día a nivel estatal más del 56% de los desahucios ya son por impago de alquiler. “Se requiere de una reforma que dé seguridad y estabilidad para que los precios de alquiler sean accesibles”, comenta Macías.

“Volvemos al Congreso para superar las políticas de maquillaje del PP, para dejar atrás el código de buenas prácticas, la falsa moratoria de desahucios o el fondo social de vivienda”, añade el portavoz. La PAH además se muestra crítica con el decreto sobre el “desahucio exprés” en ocupaciones aprobado la semana pasada por el PP, PdeCAT, C´s y PNV. Para este colectivo, son “políticas que criminalizan la pobreza”.

En diferentes ciudades se han intentado poner remedio a la problemática de la vivienda como Zaragoza, Madrid o Barcelona. En algunos momentos la PAH se ha mostrado crítica, como por ejemplo en la capital. El balance que hace Macías es que “al final el denominador común es que el problema requiere de cambios legislativos estatales”. En este sentido, recuerda cómo el PP ha recurrido al Tribunal Constitucional (TC) las leyes autonómicas en varios territorios como Cataluña, Canarias o Euskadi. “Siempre salen con la falsa excusa de las competencias y ahora no podrán poner esa excusa”, considera el portavoz estatal.

Por último, Macías considera que gracias al trabajo de la PAH, que este año ha celebrado su octavo aniversario, una inmensa mayoría de personas conoce la problemática de la vivienda en nuestro país. “Está en la agenda política y hace 8 años no lo estaba”, añade. Alerta de que el problema, pese a estar más alejado de los focos, sigue son solucionarse. “Hay 166 desahucios al día y no podemos permitir ni uno más”, señala mientras se lamenta por la posibilidad de que la “violencia institucional” se normalice.