UP exige en el Congreso que la Iglesia devuelva todos los bienes inmatriculados

Una modificación del Reglamento Hipotecario durante el Gobierno de José María Aznar ha permitido durante más de quince años que los obispos registren a su nombre templos y fincas sin presentar título de propiedad, aunque la presión ciudadana logró que en 2015 se impulsara una norma para eliminar este privilegio. Ahora, una Proposición No de Ley (PNL) del grupo confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea pide realizar un inventariado público de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica, inexistente hasta el momento, y realizar los cambios necesarios para que la ley pueda aplicarse con carácter retroactivo. “Estos bienes son propiedad de toda la ciudadanía”, ha indicado en declaraciones a cuartopoder.es el diputado de Podemos Eduardo Maura, quien registró la PNL junto a la portavoz del grupo en el Congreso, Irene Montero.

“Nosotros planteamos que la modificación de la ley hipotecaria del 98 tiene consecuencias para el patrimonio histórico, para su uso y accesibilidad”, ha explicado Maura. El grupo ha impulsado esta PNL como un “paraguas estatal” que permita lograr sus objetivos a las plataformas de ciudadanos y cristianos de base que están luchando para recuperar el patrimonio. “Debe ser la ciudadanía la que se movilice para recuperar los bienes inmatriculados de la Iglesia para su uso social. La cuestión debe 'despartidizarse', es un asunto de sociedad civil”, ha subrayado el diputado. Su partido actúa en sintonía con la Coordinadora Estatal por la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia, que aúna a una veintena de colectivos de todo el país como la Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba Patrimonio de Todos, la Plataforma de Defensa de Patrimonio de la Comunidad Autónoma Vasca o Europa Laica.

Uno de los casos más sonados es el de la Mezquita-Catedral de Córdoba, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, que en 2006 el Obispado cordobés inscribió a su nombre en el Registro de la Propiedad. En los últimos tres años, la plataforma que lucha por su recuperación ha realizado diversas acciones y recogidas de firmas para presionar a las autoridades políticas. Sin embargo, a principios de este mes, el Gobierno de Mariano Rajoy, en respuesta escrita a preguntas registradas por los diputados del PSOE por Córdoba Antonio Hurtado y María Jesús Serrano afirmó que no cuestionaría la inmatriculación del monumento por parte de la Iglesia.

No es ni mucho menos un asunto aislado, aunque se desconoce el número de casos. En 1998 el Gobierno del Partido Popular, presidido por Aznar, modificó el Reglamento Hipotecario para permitir la inscripción de templos de culto en el Registro de la Propiedad, algo que hasta entonces no era posible por su naturaleza históricamente pública. “Para aprovechar esta nueva norma, la jerarquía católica resucitó el uso de dos normas franquistas e inconstitucionales, aprobadas en 1946 y 1947: el artículo 206 de la Ley Hipotecaria y 304 del Reglament Hipotecario”, reza la PNL presentada por UP. El primero permitía a la Iglesia acceder al registro de la propiedad sin aportar ningún título y el segundo equiparaba a los diocesanos con notarios de forma que un obispo podía argumentar ser el propietario de un inmueble solo con sus palabras. “Esos privilegios son a todas luces inconstitucionales” y “ambos artículos han sido incluso reprobados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, subraya el texto.

Aunque la Ley 13/2015, que modifica la Ley Hipotecaria, pasó a eliminar estos privilegios, lo hace sin efectos retroactivos, por lo que se genera “una amnistía registral sobre los incalculables bienes inscritos por la Iglesia Católica sin presentar título de propiedad”, ha subrayado UP en el texto. Actualmente, solo es posible recuperar estos bienes acudiendo a los tribunales caso por caso, “tarea prácticamente imposible debido a la cantidad de inmuebles en cuestión”, se subraya en la PNL. Por otro lado, Maura ha indicado que apuestan también por “hacer una comprobación de la legalidad de las inmatriculaciones una por una”.

Esta semana la Mesa del Congreso ha asignado a la Comisión de Justicia la PNL presentada por Maura y Montero, pero solo ésta solo ha pasado “el visto técnico”. Sin embargo, según ha explicado el diputado, la proposición tiene “un recorrido político” que el grupo diseñará en conjunto con la sociedad civil para adaptarse a sus demandas.

(*) María F. Sánchez es periodista.