Lo apoyan García Molina, Pilar Lima, Eduardo Santos y Pablo Fernández, entre otros

Dirigentes ‘pablistas’ firman un documento que busca evitar las baronías en Podemos

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La candidata a la dirección de Podem con la candidatura 'Obrint Podem' junto al secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique. Baronias en Podemos
La candidata a la Secretaría General de Podem en Valencia con la candidatura 'Obrint Podem' junto al secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique./ Pilar Lima (Facebook)

Varios dirigentes territoriales afines a las ideas de Pablo Iglesias han firmado un documento para defender la descentralización y la plurinacionalidad en Podemos, tal y como se acordó en Vistalegre II, pero también para advertir de los intereses de algunas familias del partido para que el proceso desemboque en “un juego de equilibrio entre baronías”. La 'Declaración de Valencia', presentada esta tarde en dicha ciudad por Héctor Illueca, reúne las firmas del secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina; su homólogo en Castilla y León, Pablo Fernández, el diputado navarro Eduardo Santos y la senadora valenciana Pilar Lima. Todos son cabeza de lista en las candidaturas afines al secretario general en los procesos autonómicos que se libran esta semana para renovar las direcciones moradas.

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Los firmantes se comprometen a suscribir los principios de este documento, al que ha tenido acceso este diario, si salen victoriosos en la contienda por las direcciones de sus comunidades. En el texto de seis puntos se señala que una verdadera descentralización del partido pasa por la transferencia de recursos a las comunidades para que las principales decisiones de los territorios se adopten por las correspondientes asambleas ciudadanas. “Con demasiada frecuencia, las denuncias de supuestas imposiciones procedentes de Madrid encubren intereses de clanes o familias que aspiran a consolidar diferentes espacios de poder al estilo de los partidos clásicos”, se indica en la declaración, que lleva como lema: “Descentralizar el poder, democratizar la política”.

La secretaria general andaluza, Teresa Rodríguez, ha liderado la batalla por la descentralización en Podemos al apostar por la federalización del partido en su comunidad. Aunque la dirección estatal y Andalucía trabajan en tres comisiones para tratar de amoldar las tesis de Iglesias que vencieron en Vistalegre II a las demandas de la organización en la región, lo cierto es que Rodríguez se ha quejado de la lentitud del proceso y ha indicado que la organización a nivel estatal “a veces tiene cierto celo centralista”. Críticas similares se han realizado en otros territorios en los sectores más distantes a las tesis de Iglesias.

En la 'Declaración de Valencia', se afirma que el debate sobre la descentralización política “no puede reducirse a la mera estructura interna” de Podemos y que debe extenderse a “la articulación política del Estado”, ya que uno de los principales retos de España es crear un nuevo modelo territorial. “Es innegable que el llamado 'Estado de las autonomías' no ha logrado articular de forma satisfactoria la realidad inequívocamente plurinacional que caracteriza a la sociedad española”, se explica en el texto. “La Constitución de 1978 reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, pero niega cualquier expresión política orientada a la consecución de los derechos nacionales en nuestro país”, consideran. También explican que la Unión Europea se ha convertido en una maquinaria “perfectamente engrasada” para expropiar la soberanía económica de los Estados y “extender el neoliberalismo” en nuestro continente.

Por todo ello proponen que la construcción de una alternativa territorial y política que debe tener en cuenta tres ámbito. En el ámbito europeo defienden la dotación de poder a los Estados soberanos para romper con las políticas de austeridad. En el estatal, una reforma del Senado para convertirlo en una verdadera cámara de representación territorial. Por ultimo, a nivel municipal, creen necesaria una remunicipalización de los servicios públicos y el incremento de mecanismos de participación ciudadana.

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