Rajoy plasmado

Los tres magistrados que componen el tribunal de la Gürtel, el conservador Ángel Hurtado, el progresista José Ricardo de Prada y el inclasificable Julio de Diego, tienen en sus manos la gestión de un momento histórico: el de sentar a un presidente del Gobierno como testigo para que declare en el juicio en el que se está ventilando el caso de corrupción más mediático que ha afectado a un partido político, el suyo, desde el inicio de la democracia española.

Rajoy tendrá que acudir al juicio sin la posibilidad de contar con la asistencia de un abogado y con la obligación legal de decir la verdad, ya que, si no lo hiciera o se negara a contestar las preguntas formuladas por acusaciones y defensas o por el presidente del tribunal, los magistrados podrían deducirle testimonio y ordenar la apertura de una investigación por desobediencia, que correspondería instruir al Tribunal Supremo por su condición de aforado.

En los últimos meses, De Diego, al que en la Audiencia Nacional se consideraba un magistrado próximo a Enrique López hasta que votó a favor de su recusación como miembro del tribunal que juzga las actividades de la trama de Francisco Correa, se ha aliado tres veces con De Prada, siempre en contra de los intereses que el PP defiende en el procedimiento.

En julio pasado, y con el voto particular en contra de Hurtado, los dos jueces de la mayoría decidieron citar a declarar como testigos a los exdirigentes populares Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja , Javier Arenas, Francisco Álvarez- Cascos y Ángel Acebes, que comparecerán ante el tribunal el próximo mes de junio. En febrero pasado volvieron a repetir esquema y forzaron la declaración presencial de los partícipes a título lucrativo, entre ellos el abogado del PP, Jesús Santos, que aseguró no saber nada de los hechos, y la exministra de Sanidad Ana Mato, que tuvo que ejercer de funambulista para intentar explicar que los viajes a Eurodisney y los felices cumpleaños inspirados en el jardín de Alicia en el país de las maravillas que pagaba Correa correspondían a los gastos que afrontaba en solitario su exmarido, el exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda.

La tercera bofetada al PP llegó en abril, cuando los dos magistrados acordaron, contra todo pronóstico, citar a Rajoy como testigo, al querer disponer de todo el material probatorio necesario para llegar a la deliberación en las mejores condiciones. El segundo argumento de los jueces es que no conocen la versión de la formación de Mariano Rajoy sobre los hechos investigados porque su representante legal se negó a dar explicaciones. Y el tercero que la nueva petición de comparecencia de Rajoy, solicitada por la acusación popular de la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade), se produce en un momento procesal distinto a los anteriores, una vez que el presunto líder de la trama Gürtel acreditó con su declaración en el juicio la existencia de una caja B en el PP que él mismo nutrió con “maletines llenos de dinero”, procedentes de comisiones ilegales que los empresarios habrían pagado para hacerse con adjudicaciones de ministerios como Fomento y Medio Ambiente. Según su relato, el propio Correa introducía los billetes en Génova entrando por el garaje para, de esta forma, evitar el escáner de la puerta.

Sin vuelta atrás para la declaración de Rajoy, el tribunal tiene que decidir la fecha y el lugar en los que se producirá. En relación con el primer punto, los tres magistrados entienden que la comparecencia puede ajustarse a las necesidades de agenda del presidente del Gobierno, aunque Rajoy ya ha pedido declarar el 26 ó el 27 de julio, tras el puente de Santiago, con media España de vacaciones y la otra media pensando en irse.

Con respecto al formato de la declaración, el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, se ha erigido durante el juicio como el gran defensor del PP, al anticipar en un voto particular los argumentos que defendieron después tanto la formación conservadora, cuyo escrito se conoció durante el Atleti-Madrid de Champions, como el propio Rajoy, que se pronunció en una carta remitida por la secretaria general de Presidencia, Rosario Pablos, al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro. Gobierno, PP y juez opinan que, a pesar de que todas las declaraciones del juicio se han celebrado en la sede que el tribunal tiene en San Fernando de Henares, la de Rajoy podría llevarse a cabo por videoconferencia por razones de seguridad y de orden público.

Hurtado, además, opina que durante la vista oral, que se prolonga ya durante ocho meses, se ha analizado suficiente prueba para poder determinar si la contabilidad B del PP existía o no y que, si lo que se quiere es no perturbar a Rajoy en el ejercicio de su cargo, podría valerse del socorrido plasma, al ser una práctica que ya es habitual en los juicios y que utilizó Artur Mas en la vista que se siguió por el asedio al Parlamento de Cataluña.

La carta de Moncloa añadía otra peculiar argumentación: la de que la comparecencia física del presidente del Gobierno ante el tribunal, teniendo que desplazarse a San Fernando de Henares y compartiendo escenario con Luis Bárcenas y el resto de acusados, implicaría “un despliegue importante de recursos públicos”. El Palacio de la Moncloa y la sede de la Audiencia Nacional están separados por 22 kilómetros que, según Google Maps, se pueden recorrer en una media de 24 minutos.

Si, como es previsible, Ángel Hurtado y José Ricardo de Prada mantienen sus posiciones, la decisión correrá de nuevo a cargo del imprevisible Julio De Diego, del que dependerá que veamos al presidente del Gobierno, de cuerpo presente, en el polígono de San Fernando –donde Luis Bárcenas fue recibido por mariachis y Esperanza Aguirre por un grupo de ranas danzarinas– o tengamos que conformarnos con la imagen, en la distancia, de Rajoy plasmado.