El TC declara inconstitucional la amnistía fiscal que Montoro concedió en 2012

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El ministro de Hacienda Cristóbal Montoro es ovacionado por otros miembros del Gobierno y de los diputados de su grupo al superar los Presupuestos Generales del Estado de 2017. / Kiko Huesca (Efe)

El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucional la ley de amnistía fiscal aplicada en marzo de 2012 por Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda. La alta corte aduce que la regularización tributaria contraviene la Carta Magna porque viola el principio de igualdad de todos ante la Ley, al acordar a algunos ciudadanos –30.000 según el Gobierno– unas ventajas fiscales de las que están exentos el resto de sus conciudadanos y, además, exime a quienes se acogieron al perdón fiscal de la obligación universal de contribuir a la financiación de los gastos generados por el funcionamiento del Estado. Eso sí, el fallo de la alta corte no afectará a las regularizaciones fiscales ya firmes o a las que estén en vía de serlo.

Esta sentencia es el resultado del recurso interpuesto por 50 diputados del PSOE contra la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo. El Constitucional falla que el Gobierno de Mariano Rajoy vulneró el artículo 86.1 de la Constitución de 1978, que prohíbe expresamente que el Ejecutivo apruebe por decreto-ley normas que afecten «de forma relevante o sustancial» a los deberes consagrados en el Título I de la Constitución. Y en este caso lo hace, ya que exime a un colectivo de ciudadanos del «deber constitucional de ‘todos’ de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos».

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El TC destaca que hay acciones que «en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, se aprovechan del mismo so pretexto de la obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica, supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos (artículo 31.1 CE)». El PSOE, en su recurso denunciaba que se da por bueno que la amnistía consagraba que determinadas rentas que deberían haber tributado al tipo del 43%, lo hicieran al 10% sin ningún tipo de penalización.

Entre quienes se acogieron al perdón fiscal de Montoro figuran nombres muy conocidos, como los en su día destacados populares Luis Bárcenas, Francisco Granados, Alberto López Viejo, Edmundo Rodríguez Sobrino o Rodrigo Rato, además de otros nombres relacionados con destacados casos de corrupción, como los Josep y Oleguer Pujol, David Marjaliza, Diego Torres o José Ángel Fernández Villa, ex responsable del SOMA-UGT.

Fuentes del Partido Popular han señalado que Cristóbal Montoro va a solicitar comparecer ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados para dar explicaciones. Sin embargo, el Gobierno tomó la noticia con relativa tranquilidad y si bien admite que es una «contrariedad», considera que la sentencia no pasa de ser un reproche sobre el procedimiento legislativo elegido, pero que en realidad no cuestiona la medida. Rafael Catalá, ministro de Justicia, ha señalado que el fallo del TC «no es un varapalo en términos políticos», sino que el alto tribunal se ha limitado a hacer su «labor de control».

Menos benévola es la postura de la oposición. El PSOE se ha mostrado especialmente duro. Pedro Saura, su portavoz para cuestiones económicas ha manifestado que si Montoro «tuviera un mínimo de vergüenza, se iría hoy mismo». Podemos también apoya la renuncia del titular de Hacienda. Pablo Iglesias, su líder, ha asegurado que este caso legitimiza aún más su moción de censura contra Rajoy, que se debatirá el martes en el Congreso. «El Constitucional recoge la alfombra roja que el PP puso a los defraudadores. Pero no hay motivos para la moción…», ha ironizado el jefe de filas de la formación morada. Desde Ciudadanos se limitan a reclamar la asunción de «responsabilidades políticas».