PULSIÓN SOBERANISTA / EL GOVERN TENDRÁ QUE HACER FRENTE A MUCHOS OBSTÁCULOS PARA CUMPLIR SU PROMESA DE LA CONSULTA

La calle y los comunes: primeras pruebas de la yinkana hacia el referéndum

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Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, saluda a Carles Puidemont, presidente de la Generalidad catalana, en una imagen de archivo
Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, saluda a Carles Puidemont, presidente de la Generalidad catalana, en una imagen de archivo. / Efe

BARCELONA.- El anuncio de la fecha y pregunta del referéndum de autodeterminación de Cataluña por parte del president, Carles Puigdemont, supone que la actividad política catalana y, en buena medida la del Estado, se haya convertido en una cuenta atrás. El desafío catalán es mayúsculo: el 1 de octubre, el pueblo catalán elegirá, votando, su futuro político, la relación que Cataluña mantendrá con el Estado español a partir de entonces. Las posturas enfrentadas entre el Govern de Puigdemont y el Gobierno central de Mariano Rajoy, la falta de diálogo mantenida durante tanto tiempo, hacen que el referéndum anunciado no haya sido acordado con el Estado. Choque de trenes. Desde el Palau de la Generalitat, aseguran: se votará. Desde Moncloa: no se votará. Mientras tanto, la sociedad catalana se divide en tres posturas con respecto a este asunto: aquellos que creen firmemente en la empresa del Govern y en que se celebrará la votación del primero de octubre y aquellos que, por el contrario, creen que el Govern vende humo, que no hay garantías para que se celebre el referéndum. La tercera postura, la de aquellos a los que no les interesa. 

La posición del Gobierno estatal parece inamovible. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, lo dejó claro, no se votará y el Gobierno no levantará la voz, generará la menor tensión social posible para evitar reacciones de la sociedad catalana. Incluso ya habla de que las verdaderas negociaciones entre ambos bandos llegarán después del 1 de octubre. Mediante la Fiscalía y recursos al Tribunal Constitucional se prevé que irán ilegalizando cualquier paso que se dé hacia la consulta, paralizando cualquier iniciativa en este sentido. Un ejemplo de esto es que la Fiscalía ya investiga a las empresas que concursan para vender urnas al Govern por si pueden ser consideradas cómplices de un delito de desobediencia, así como la querella presentada y contra la consejera de Gobernación y Administraciones Públicas, Meritxell Borràs, y el que era secretario general de este departamento Francesc Esteve, por el anuncio de compra de las urnas.

Y es que el Gobierno no quiere oír nada de votaciones, ni siquiera aunque esta fuera una movilización, como sucedió el 9N. Teme que hubiera una participación masiva. Por ello, estos más de tres meses que faltan hasta el 1 de octubre se prevén como una yinkana en la que el Govern tendrá que hacer frente a toda una serie de obstáculos legales que desde Madrid les irán imponiendo para evitar que se pongan las urnas ese día en Cataluña. Por parte del Govern, se conocen las noticias con cuentagotas. Poco más allá de la fecha y la pregunta, y del anuncio de que se abrirá una bolsa para que los trabajadores, funcionarios y no, se apunten voluntariamente para participar en las tareas del referéndum.

Las incógnitas sobre las garantías de que el referéndum se pueda celebrar son muchas, tales como qué pasará en aquellos ayuntamientos en los que no gobiernan los independentistas y ya han dicho que no facilitarán las dependencias municipales; cómo gestionar el que el sector de la población que votaría ‘no’ se sienta interpelado y participe; y qué apoyos internacionales tendría, una vez que se sabe que la Comisión de Venecia considera como requisito el que el Estado dé el visto bueno a su celebración, que sea acordada. Durante el mes de julio, previsiblemente, se aprobarán, en el Parlament, las “leyes de desconexión” que darán lugar a una nueva legalidad catalana que desarrolle el referéndum. La respuesta del Estado es una incógnita ante esto. Todas estas dudas hacen que buena parte de la población no crea en que se vaya a celebrar el referéndum con garantías y acuse al Govern de vender humo, de prometer lo imposible. La respuesta del Govern a estas acusaciones es que el referéndum lo hará la gente y que el nivel de participación será lo suficientemente alto como para que tenga validez el resultado del mismo. De momento, para que la participación sea masiva y tener legitimidad para disputar contra el Estado, hay dos elementos que la iniciativa independentista tiene que ganarse en las próximas semanas: la calle y los comunes. Dos pruebas.

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Junqueras, Guardiola, Puigdemont y Jordi Sánchez en un acto celebrado el pasado 11 de junio en Barcelona en favor del referéndum. / EFE

Las calles

La sensación de hartazgo, después de tantos años de procés, en buena parte de la sociedad catalana, hace que la movilización independentista en las calles haya disminuido. La última Diada, el último 11 de septiembre, no se manifestó tanta gente como en los años anteriores, a pesar de que no se puede discutir que el seguimiento fue masivo. Sin embargo, nadie duda de que las principales organizaciones independentistas, Assemblea Nacional Catalana (ANC), Ómnium Cultural y la Associació de Municipes per la Independència (AMI), tienen un poder de convocatoria inmenso. El fin de semana pasado, en torno a las 100.000 personas, según algunas fuentes, se dieron cita en Montjuic, en un acto para dar el pistoletazo de salida hacia el referéndum, una vez Puigdemont había anunciado la fecha y la pregunta, y recuerdan que este acto se organizó con muy poco margen de tiempo y casi sin publicidad.

Desde estas organizaciones independentistas explican a cuartopoder.es que la campaña que desarrollarán en verano dependerá mucho de las iniciativas que lleve a cabo el Gobierno estatal para detener el referéndum y todo lo que huela a urna. Aseguran que tienen capacidad para convocar a unas 60.000 personas en poco tiempo si hiciera falta mostrar alguna reacción contundente al Gobierno de Rajoy. No obstante, dicen que, mientras no haga falta esta reacción, la campaña que desarrollarán será descentralizada, no se prevén grandes actos unitarios, hasta el próximo 11 de septiembre, con motivo de la celebración de la Diada. Sí que tienen previsto un extenso calendario de actos por municipios catalanes, actos políticos, pero también culturales, conciertos, charlas, obras de teatro, actividades deportivas… La campaña, durante el verano, no estará centrada en dar argumentos sobre el ‘sí’ y sí lo estará, en cambio, en defender la democracia y el propio referéndum. Será una vez pasada la Diada cuando las organizaciones independentistas echen el resto para defender el ‘sí’ en el referéndum.

Xavier Domènech, cabeza visible, junto a Ada Colau, de Los Comunes
Xavier Domènech, cabeza visible, junto a Ada Colau, de Los Comunes, en un acto de esta confluencia de formaciones político-sociales. / Efe

Los comunes

Por su parte, los comunes son pata indispensable para que el referéndum sea una iniciativa que atraiga a un espectro social mayor que el independentismo. Las encuestas cifran que más del 70 por ciento de los catalanes quieren votar y los comunes se ven en la difícil disyuntiva de situarse dentro del bloque que defiende y da validez al referéndum de octubre o en el seno del de los que no. La postura del sujeto político liderado por Xavier Domènech y cuya cara más visible es la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, hasta ahora es defender un referéndum pero con garantías, es decir que tenga reconocimiento internacional y que interpele también a quienes votarían 'no'. De momento, consideran que estas dos cuestiones no se dan, no creen que haya garantías suficientes de que el referéndum, con las pocas explicaciones que hasta ahora el Govern ha dado sobre cómo se va a celebrar, pueda ser considerado como tal y, por lo tanto, su resultado como vinculante.

Sobre esto hablaron ayer, en una reunión el president de la Generalitat y el vice, Oriol Junqueras, con los dirigentes de Catalunya En Comú, Domènech y Elisenda Alamany. Tras el encuentro en el Palau de la Generalitat, Junqueras anunciaba: "Estamos convencidos que en la defensa de la democracia y de la participación ciudadana hay espacios suficientes para colaborar y trabajar conjuntamente de aquí hasta el 1 de octubre". Algo más escéptico se mostraba el líder de los comunes, Domènech, tras la conversación con el Govern aunque se valoraba positivamente esta primera toma de contacto : "Nosotros no compartimos la hoja de ruta del Govern", que deberá seguir explicando cuáles son las garantías para hacer efectivo el derecho a decidir. "De momento, para nosotros tiene más aspecto de 9N, de una movilización, que de un referéndum". "Nosotros participaremos en cualquier movilización", aseguraba también el líder de los comunes, añadiendo: "La actitud del PP ha es cada vez más represiva a través de la judicialización".

Y es que los comunes temen que el referéndum sea un fracaso, que el Govern no sea capaz de garantizar su celebración y repercusión, y quedarse anclados en el espectro que apoyó aquel referéndum que no se llegó a celebrar. ¿Hasta qué punto un partido recién nacido, con un proyecto político de marcado carácter social, podría permitirse echar el resto en la celebración de esta consulta que nadie asegura que se vaya a celebrar? Más cuando su proyecto político es otro, la recuperación de derechos y soberanías, y su diseño nacional pasa por una república catalana dentro de un estado plurinacional. Por otro lado, nunca se pondrán del lado del PP y de aquellos que otros partidos, PSC y Ciudadanos, que se muestran abiertamente en contra del referéndum. Los comunes defienden la consulta, pero creen que habrá que esperar, que no es el momento, que habrá que pactarlo con el Estado cuando el tablero político cambie en Madrid. También marcan la línea clara --reconocimiento internacional y que apele a la mayoría de la sociedad-- para considerarlo referéndum y no otra movilización como el 9N, una movilización que, dicen, sólo serviría para salvar a Convergència (y al PDeCat), en crisis por, entre otras cosas, el gran número de casos de corrupción que le acechan. Aún así, los comunes participarían y defenderían una movilización en forma de referéndum, que reclame el derecho a decidir frente al PP.

De momento, es cierto que se desconoce que haya apoyos internacionales de relevancia, así como que haya sectores relevantes organizados de la sociedad catalana que vayan a hacer campaña por el ‘no’. Y de todo esto culpan al Govern. Dicen que no han hecho los deberes, que durante todos estos meses, desde las elecciones del 27 de septiembre del 2015, no han conseguido apoyos internacionales ni incentivar a sectores no independentistas para que se impliquen en la defensa y celebración de un referéndum de autodeterminación. Por ello,  apostarán por un referéndum como forma de solucionar el problema de encaje entre España y Cataluña, pero no por el del 1 de octubre, al que considerarán como una movilización. Habrá que seguir abriendo el debate del derecho a la autodeterminación y de la plurinacionalidad en Madrid, de la mano de Unidos Podemos y de las confluencias. Se prevé que darán libertad de voto en esta consulta-movilización, animando a la participación en esta a sus seguidores.

Otro tema que temen los comunes son las represalias que pueden llegar desde Madrid si se organiza el referéndum, hacia aquellas personas que hayan facilitado su ejecución. Concretamente, temen por Colau y otros cargos públicos en ayuntamientos. Si la alcaldesa facilitase que en Barcelona se votara en dependencias municipales, podría suponer desgaste para el principal baluarte del espectro político de los comunes, incluso se podría incitar a su inhabilitación, como podría pasar con otros dirigentes catalanes. La postura de los comunes se va perfilando y se conocerá más extensamente el 8 de julio, cuando se reúne la Coordinadora de Catalunya En Comú para fijar su posición sobre este asunto durante el verano, tal y como explicó el líder de EUiA, Nuet, a este periódico.

2 Comments
  1. LDMuras says

    Me parece que Nuet ya lo dejo claro en la entrevista o sea que , El referéndum es de ruptura aunque sea consultivo ,y los comunes no
    pueden estar por ello , no es como el 9N . no había ruptura . Los
    comunes no pueden estar por eso y el contrario y más ahora. Tampoco se
    lo van dejar hacer ya invalidaron el otro o sea que es pura metafísica..si sale por mayoria luego diran que hay ruptura ..pero que no nos dejan ..que no tenga validez es otro cosa ..O sea que el independentismo va de capa caída y con las de perder
    estrepitosamente se vuelca a tratar de presionar a los que obviamente
    no están por la labor de quedar manchados con su fiasco. tontos seria si
    se apuntaran a ello. Pero además fastidia UP en el resto del estado que busca referéndum pactado.

  2. LDMuras says

    El gran error final fue cuando las elecciones
    las convirtieron en plebiscito y no giraron a mantenerse en la petición ‘de
    referéndum pactado y presionar con otras elecciones cuando tocaran y con
    tranquilidad que volverían a ser plebiscitarias así Mas emergió de su escondrijo en
    cuarto lugar en JXSI , como Moisés el astuto sobre las aguas y se ahogó.. la
    elecciones las convirtieron en plebiscito y lo perdieron como tal al no alcanzar
    el 50% + 1 y no giraron al derecho a decidir y aplazarlo hasta nuevas elecciones el
    proceso . Podían convocarlas otra vez cuando quisiera y los podía apoyar otros
    que no fueran CUP como los comunes , mantener el gobierno igual ..solo
    necesitaban un voto en segunda votación . Y así tampoco podrian marcar tantas rajas el pacto de podemos y psoe y poder votarlo y sacar a Rajoy

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