PRISIONES / En seis años se han registrado 2.132 agresiones a los trabajadores, según cifras del Gobierno

El Gobierno, acusado de "trampear" las cifras de agresiones a funcionarios de prisiones

SARA MONTERO | Publicado: - Actualizado: 2/7/2017 16:21

agresiones a funcionarios
Trabajadores de centros penitenciarios de varios sindicatos protestan por sus derechos laborales. / CCOO

Hay un trabajo en el que los insultos, las amenazas o las agresiones se consideran una parte más de la actividad laboral: el funcionariado de prisiones. Los sindicatos llevan meses luchando para que estos incidentes salgan de la normalidad, se traten como accidente laboral y se les preste la misma atención que cuando les suceden al resto de empleados de la Administración. Lo primero es exigir un registro de agresiones  que evite el caos de cifras que se emiten desde el Gobierno e Instituciones Penitenciarias: “Están edulcoradas”, afirman fuentes sindicalistas.

En los últimos meses, los sindicatos han salido a la calle en numerosas ocasiones por el aumento de agresiones al personal en las cárceles. Mientras, el Gobierno, a través de respuestas parlamentarias del ministro del Interior Juan Ignacio Zoido, niega que la violencia se haya incrementado en los centros penitenciarios e incluso incide en el descenso de los “incidentes especialmente graves”. Las dos versiones son incompatibles y, ante la maraña de cifras y criterios, es difícil tener una panorámica exacta. Una maniobra intencionada según las fuentes consultadas. Los representantes de los trabajadores son contundentes: “Instituciones Penitenciarias trampea las estadísticas”, afirma José María López, responsable de Salud Laboral de Prisiones en Comisiones Obreras.

Las amenazas y coacciones a los funcionarios han pasado de 2.160, en 2009, a 3.035, en 2016.

Aunque los sindicatos consultados (CCOO, ACAIP y CSIF) llevan años reclamando los datos oficiales y rigurosos a Instituciones Penitenciarias, se quejan de la falta de transparencia: “Nosotros tenemos estadísticas hasta 2014. A partir de ese año, que es cuando empezamos a quejarnos de las agresiones, se nos han negado las cifras”, aclara López. Esto les ha llevado a usar de intermediarios a los grupos políticos en el Congreso para que soliciten información sobre el aumento de la violencia en las prisiones.

El último en pedir datos al Ejecutivo ha sido el diputado de Unidos Podemos Eduardo Santos, quien solicitó la “valoración del Gobierno sobre el incremento de la violencia en las prisiones españolas y la petición de más personal cuando la mayor inversión realizada ha sido en seguridad privada”. La respuesta fue el detalle del número de incidencias, donde las agresiones se diluyen junto a otros apartados como fallecimiento por sobredosis o intentos de suicidio. Esta amalgama de datos permite al Ejecutivo afirmar que las incidencias muy graves dentro de las prisiones se han reducido desde las 140 en 2009 hasta las 92 en 2016 y las graves pasan de 528 en 2009 hasta 307 en 2016. Donde sí hay un aumento claro es en “amenazas y coacciones a funcionarios”, que se incluyen en el capítulo de leves, donde han pasado de 2.160 en 2009 a 3.035 en 2016.

Aunque la Administración intenta dispersar la atención, lo cierto es que los sindicatos tampoco se creen que durante 2016 haya habido solo 5 agresiones graves a funcionarios y ninguna muy grave. La intención con la que el Gobierno “edulcora” las cifras serían dos: negar toda estadística que pueda sugerir una mala gestión y “degradar los servicios públicos y en particular el penitenciario, que es un negocio de mas de mil millones”, según afirma el portavoz de CCOO.  El presupuesto que sí sube es, sin embargo, el de la seguridad privada que vigila el exterior de los 67 centros penitenciarios. En diciembre de 2016, se destinó 34,6 millones de euros, un 3,6% más que el año anterior, a renovar la contratación de 900 vigilantes privados. Este plan progresivo de privatización se inició en 2013, cuando el Gobierno pretendía dar salida a los escoltas que habían dejado de prestar servicio en el País Vasco tras el fin del terrorismo de ETA.

Para no evidenciar los problemas laborales que se derivan de no invertir en trabajadores y material, el Gobierno intentaría maquillar las estadísticas y, para ello, la forma de registrar estos incidentes es fundamental. Mientras ahora la mayoría de estas agresiones son consideradas “incidente regimentales”, los sindicatos luchan para que se consideren “accidentes laborales”. La diferencia es importante, ya que en los segundos casos, intervienen los sindicatos, “que es lo que la Administración quiere evitar a toda costa”, explica López. Sin ellos, es más fácil mantener la opacidad de las cifras. Para Instituciones Penitenciarias, si en una reducción a un preso salen heridos cuatro trabajadores no se considera “accidente laboral”, ya que no hay intencionalidad de agredir por parte del reo. 

En seis años, 2.132 agresiones a funcionarios

Estas cifras son solo la punta de un iceberg que se ve con mucha más claridad en los datos que precisó el Gobierno hace unos meses a la diputada socialista, y ahora portavoz de Defensa en el Congreso, Zaida Cantera sobre las agresiones sufridas por los trabajadores. En este caso, la respuesta sí fue más detallada y precisa. Solo hasta agosto de 2016 se habían registrado un total de 284 agresiones a funcionarios por parte de reclusos, de las cuales había 4 graves, 126 leves y 154 sin lesiones. El año anterior habían sido 11 las graves, 153 leves y 178  sin lesiones de un total de 342 agresiones. Es decir, cuando se concreta y se tienen en cuenta incidentes ‘menores’ aflora la violencia cotidiana que los funcionarios denuncian sufrir día a día, como golpes derivados, por ejemplo, de reducir a los presos. En seis años, de 2011 a mediados de 2016, se habían producido 2.132 agresiones a funcionarios. 

Los números que le facilitaron a Cantera siguen estando por debajo de las registradas por CCOO en el ‘Informe sobre el protocolo específico de actuación frente a las agresiones en los establecimientos penitenciarios dependientes de la secretaría general de II.PP’. Por ejemplo, mientras la Administración habla de 359 agresiones en 2014, CCOO eleva la cifra a 467. En 2013, el Ejecutivo la cifra en 314, mientras lo eleva hasta 424. 

Menos trabajadores, más mayores y con menos medios

El principal argumento del Gobierno en sus respuestas parlamentarias es que en los últimos años, la población reclusa ha descendido desde 2009 e 65.548 internos a  51.743, debido a cambios en el Código Penal, que reducen las condenas en delitos como, por ejemplo, algunos relacionados con las escalas más bajas de la droga. Sin embargo, según los sindicatos también ha caído el número de funcionarios que, además no se reponen. “Para CCOO la carencia de casi 3.000 plazas sin cubrir es un factor que tiene relación directa en el incremento de la violencia contra el personal penitenciario”, argumenta el citado informe. El problema de la edad también es importante: “Casi la mitad de la plantilla tiene más de 50 años”, confirma José A. Couso, portavoz de CSI-F Prisiones.

“Un 25% de internos con problemas de salud mental no tienen acceso cotidiano a las terapias”

El hecho de que haya menos presos no se ha traducido en un acomodo mejor: “Como no hay trabajadores, lo que han hecho es cerrar espacios. Concentrar a más presos y funcionarios en menos módulos”, aclara el diputado Santos. El ejemplo más claro de esta infrautilización es la cárcel de Pamplona, un macrocomplejo con 504 celdas y 120 complementarias ocupada por menos de 300 presos.

La falta de personal y de medios es acuciante y hace que aquellos presos con necesidades especiales sean los primeros perjudicados. CCOO afirma que hasta “un 25% de internos con problemas de salud mental no tienen acceso cotidiano a las terapias y tratamientos por profesionales de la psiquiátrica”, una peligrosa carencia que hace que los residentes pierdan calidad de vida y que el sindicato relaciona también con el aumento de agresiones. En España, solo hay dos centros penitenciarios capacitados para atender a este tipo de pacientes.

Un Protocolo para atajar las agresiones

En lo que sí están divididos los sindicatos en el ‘Protocolo contra la violencia en el trabajo en Instituciones penitenciarias’ que se puso sobre la mesa el pasado mayo y que UGT y CSIF firmarán con el Gobierno. “Gracias a este protocolo las agresiones en las cárceles pasarán de ser incidentes regimentales a ser tratados como accidentes laborales. Es decir, se podrá hacer un registro claro y aplicar medidas de prevención, algo que ahora no se hace. Hemos luchado porque Instituciones entienda que las agresiones sí se pueden prevenir”. Este documento abre la puerta a una de las cuestiones más importantes: que el funcionario de prisiones sea autoridad pública. Sin embargo, exige un desarrollo legal a través de una reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria, un asunto que no acaba de convencer a sindicatos como CCCO o ACAIP. Estos últimos no han rubricado este acuerdo: “No podemos firmar un documento que deja sin protección el 90% de las agresiones”, confirma López.

De momento, el gran problema de los funcionarios de prisiones sigue sin solucionarse: la falta de medios. Sin más presupuesto, el protocolo podría quedarse, como otras propuestas, en papel mojado.

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