¿De la «desconexión española» a la «humillación catalana»?

BARCELONA.- “En este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira”. La famosa frase del poeta Ramón de Campoamor parece hecha a medida para comprender algo de lo que ocurre estas últimas semanas en la cansada y viciada relación entre Cataluña y el aparataje del Estado español. La A-2, autovía que une Madrid y Cataluña, tan concurrida en estos meses estivales, parece una metáfora del horizonte que separa dos mundos políticos, sociales, ideológicos y simbólicos que hace tiempo dejaron de dialogar y complementarse.

Cuando por esta vía rápida, dirección Madrid, se cruza la llanura aragonesa, el dial de la radio hace imposible sintonizar Catalunya Radio, RAC1 y otras emisoras catalanas, dejando atrás un mundo para llegar al otro: España. Y, por regla general, se habla de Cataluña con tal supuesto nivel de conocimiento que parece que lo que ocurre allí fuera un espejismo, una fantasía o, en el peor de los casos, una mentira que nada tiene de real, de verdad o de vivencias.

Las llamadas “leyes de desconexión” catalanas, que pretenden generar una legalidad propia a la que obedecer, para dejar de cumplir con la legislación española, se dan la vuelta. Conforme el coche se adentra en la meseta y las radios reflejan la visión española de Cataluña, a uno le entra la duda de si la desconexión no es bidireccional, de si Madrid se desconecta de Barcelona al mismo ritmo, o mayor, del que el independentismo impone en el Parlament para dejar de lado la legalidad española.

Fuentes de partidos y organizaciones independentistas aseguran que el relato que un 80% de la población catalana 'compra', ni siquiera ha sido escuchado por un porcentaje de población no menor en el resto del Estado. De hecho, aseguran que es grande el desconocimiento de buena parte de la sociedad española de cómo se han desarrollado los acontecimientos, de qué es el proceso independentista y de cómo se ha ido conformando es grande, y que este desconocimiento responde a la imposición de una visión única desde Madrid. Veamos, en trazo grueso, cuál es ese relato y su correspondencia con una sucesión lineal de acontecimientos que han compuesto los últimos años del proceso independentista.

La última etapa del proceso independentista comienza en septiembre del 2015, cuando se celebraron unas elecciones autonómicas en Cataluña a las cuales los partidos independentistas, PdeCat y ERC (unidos en la candidatura JxSi) y la CUP, le otorgaron un carácter plesbiscitario: si ganaba la opción independentista se iniciaría un recorrido legislativo y ejecutivo que llevaría a proclamar la independencia de Cataluña en tan sólo 18 meses. De lo utópico, irreal o todo lo contrario de esta propuesta, como todo, dependerá del cristal con el que se mire. Pero los resultados, la voluntad popular expresada en las urnas, lanzó un mensaje claro: las opciones abiertamente independentistas no lograron, por poco, la mayoría en votos, pero sí lo hicieron en escaños en el Parlament (JxSI+CUP).

Ante esta situación, la hoja de ruta de JxSi fue modificada tras las presiones de la CUP: no se podía proclamar la independencia con ese resultado, habría que volver a votar, habría que celebrar un referéndum de autodeterminación. Esta opción no sólo suma a los sectores abiertamente independentistas, también a los apoyos del entorno de los comunes y a un buen porcentaje de votantes del PSC e, incluso, de Ciudadanos. El soberanismo, el que apuesta por el derecho a decidir del pueblo catalán mediante un referéndum, roza el 80% de apoyos según diferentes encuestas. La mayoría parlamentaria de JxSi y CUP se puso manos a la obra en la preparación del referéndum de autodeterminación, finalmente fechado para el 1 de octubre. Será un referéndum unilateral, lo cual resta apoyos sociales, pero que sigue aglutinando a grandes mayorías.

Desconexión española.

Este repaso, muy resumido, de los últimos casi dos años de política catalana, se han encontrado enfrente a un inquietante y preocupante inmovilismo del Gobierno de Mariano Rajoy y de una mayoría en el Congreso de los Diputados conformada por PP, PSOE y Ciudadanos, un inmovilismo concretado en la ausencia de propuestas políticas para solucionar el conflicto. Una "desconexión española" hacia la realidad política y social catalana. Una realidad conformada en Cataluña tras años de movilizaciones masivas por la independencia. Un movimiento que respondía a la amputación del Estatut elaborado en el Parlament --por una mayoría que iba mucho más allá del independentismo, sumaba al PSC y a la izquierda federalista de ICV-EUiA-- por parte del Tribunal Constitucional, que actuaba a instancias del PP, además de diferentes acciones judiciales que iban paralizando cualquier avance hacia el soberanismo.

Una realidad, por cierto, construida con una firme base social, sustentada en el asociacionismo de barrios y pueblos catalanes, recogida por medios de comunicación que dibujan, reproducen y actúan como altavoces y articuladores de este discurso. Una realidad representada por una mayoría en el Parlament que también, como siempre y en todas partes, no está libre de intereses tácticos y partidistas. Un discurso colectivo y de mayorías, por lo tanto, real en el imaginario colectivo. Una postura, por lo tanto, bastante transversal que apela a importantes sectores sociales catalanes.

Realidad, además, que no ha recibido ninguna respuesta de Madrid, más allá del poner sobre la mesa la Constitución de 1978 y su defensa a ultranza por parte de la mayoría absoluta del PP, como si de los mandamientos de Moisés se tratara, grabados en piedra, imposibles de revisar. Ante la propuesta política de Cataluña, en España no existe alternativa política. Tan sólo prohibición, amputación y negación por parte de los tribunales. Mientras tanto, la independencia judicial es cada vez más una utopía y “las cloacas” del Estado una herramienta que el PP no ha dudado en utilizar según le convenía, tal y como se va conociendo cada vez mejor.

El PP no ha dado respuesta, desconectado. El PSOE, ahora, acepta la plurinacionalidad en su ideario. Un paso, el de los socialistas, que, lejos de dar respuesta a los anhelos de buena parte de la población catalana, se queda corto. No es una respuesta al problema concreto, es otra cosa. Nada tiene que ver la propuesta socialista con las reclamaciones del soberanismo catalán mayoritario. Un PSOE desconectado, por lo tanto, también, de una gran parte de la sociedad catalana. Y la izquierda española, liderada por Podemos, que ha hecho de la defensa del derecho a la autodeterminación una bandera desde su nacimiento, se ha visto encasillada entre dos aguas: ruptura o no con el Régimen del 78, con la Constitución y la Transición.

“Si yo fuera catalán, no iría a votar”, opinó hace pocos días Pablo Iglesias. Una declaración que no aporta mucho, más allá de sus preferencias personales, si hubiera sido catalán, que no lo es, ante el 1 de octubre. Pero que aclara una evidencia: que entre la ruptura con el régimen o la docilidad ante el mismo, en este caso, opta por la segunda opción. La misma opción que defiende la dirección de IU, hasta ahora defensora del derecho a la autodeterminación, a partir de ahora, parece, condicionado. Desconexión, también, en cierta medida, con la voluntad de votar y con la defensa de esta. Entre el derecho a decidir de y desde Cataluña o el mantenimiento del statu quo, que siga, de momento, todo como está. El proceso rupturista por el que apostaba Podemos en su nacimiento y la defensa del derecho a decidir deberán esperar a que cambien las mayorías políticas en el Estado, ya que entonces se podría celebrar un referéndum acordado como en Escocia. Mientras tanto, las encuestas vislumbran cómo, durante la primera mitad del año, Podemos y sus alianzas pierden apoyos.

La humillación catalana

Existe una creciente preocupación entre el soberanismo catalán acerca de qué sucedería si el Estado paraliza el referéndum como promete el Gobierno. Hasta el momento, a menos de tres meses del 1 de octubre, sólo se conoce una propuesta por parte del Gobierno: no habrá referéndum. Punto. Sin embargo, no se ha puesto sobre la mesa ninguna alternativa. Desde sectores del independentismo consideran que el Estado no podrá evitar las urnas, pues sería un ataque contra la democracia que tendría muy mala prensa internacional y una mayor reacción social en Cataluña. También aseguran que se mantendrán firmes ante cualquier acción disuasoria que provenga de Madrid, hasta el final.

Existe un temor. Si en esta batalla ganara el Estado, si finalmente no se votara el primero de octubre… ¿Cuál sería el encaje de Cataluña dentro de España a partir de entonces? ¿Seguiría todo igual? ¿Hay alguna propuesta, algún plan? ¿Se ampliaría el autogobierno, habría compensaciones políticas, sociales o económicas o, por el contrario, Cataluña saldría peor parada, castigada por haber llevado a cabo esta aventura? ¿Habría represalias? El inmovilismo del PP y las constantes apelaciones a la unidad de España como un valor fundamental, la falta de propuestas alternativas al actual choque entre Madrid y Cataluña, así como, una revisión de épocas oscuras de la historia cercana hacen temer a algunos sectores catalanes que la derrota sería doble. Por un lado, la no celebración de un referéndum que goza de un apoyo mayoritario en Cataluña y de una mayoría en el Parlament extraída de las elecciones del 2015. Por otro, el sometimiento a un mayor centralismo, a una mayor dependencia del Estado, a modo de venganza. Una suerte de “humillación catalana”. Y, piensan, que tendría graves e impredecibles consecuencias en el ánimo de la población y en sus respuestas posteriores. El problema, a medio y largo plazo, lejos estaría de haberse solucionado…