Gestión inmobiliaria del Gobierno: entre la aristocracia y la ruina

Alquileres ventajosos, restauraciones costosas y ventas a precio de saldo proyectan la impresión de que el Gobierno de Mariano Rajoy es un mal casero para el Estado. Cuando se examina el catálogo de las viviendas, inmuebles y cortijos que la dirección general del Patrimonio (Ministerio de la Presidencia) tiene en Sevilla, enseguida salta a la vista la casa de renta antigua (apenas 300 euros al mes, IBI incluido) que disfruta Margarita de Orleans Braganza, prima del rey emérito Juan Carlos de Borbón. Se trata de un piso de 488 metros cuadrados con un valor registrado de 18.851,46 euros. El privilegio de la inquilina es histórico y la ley permite transmitirlo de padres a hijos sin modificar las condiciones del alquiler.

El rey, que quiere mucho a su prima y la visita siempre que puede, acudió en 2008 al funeral del hermano mayor, Pedro de Orleans, aspirante al trono imperial de Brasil, quien falleció en su finca de la localidad de Villamanrique, comarca sevillana de las Marismas del Guadalquivir. Cuentan las crónicas que al funeral, oficiado por el obispo cardenal Carlos Amigo Vallejo, no dejaron pasar a los vecinos. La familia de Orleans dispone de otras propiedades en Andalucía, pero la residencia de invierno de la anciana condesa sigue siendo la almendra de la capital hispalense.

No es la prima de su majestad la única persona que disfruta de las ventajas de residir en un inmueble histórico, cuyo mantenimiento y reparación corre a cargo del común, pues otras familias de menor abolengo habitan, sin ser funcionarios o altos cargos, en el medio centenar de inmuebles que el Patrimonio del Estado tiene en Sevilla. Algunos son artesanos y personajes curiosos, como el mecánico (y coleccionista) de máquinas fotográficas, Hipólito Gil Luna, que ocupa por transmisión paterna los 35 metros cuadrados en dos plantas del vértice norte de la muralla del Alcázar.

En contraste con la angosta dependencia del mecánico Gil Luna (su padre también arreglaba relojes y máquinas de escribir), valorada oficialmente en cero euros, los deudos del hermano mayor de la Cofradía del Silencio y abogado de la Caja de Ahorros de Sevilla y de la naviera Ybarra, Eduardo Ybarra Hidalgo, habitan un inmueble del Patrimonio mucho más cómodo: un edificio de tres plantas y 1.700 metros cuadrados en la seductora calle de Miguel Mañara, 3, junto a la Giralda.

Otros inquilinos de las viviendas del Patio de Banderas, que forma parte del Barrio de Santa Cruz y se integra en el recinto de los Reales Alcázares, temen que la dirección del Patrimonio haya decidido hacer caja y vender a los fondos buitres sus casas. Algunos, ya ancianos, fueron desalojados meses atrás para reformar las viviendas y han visto con asombro que solo han respetado las fachadas. El resto lo han echado abajo para construir de nuevo. Aunque Patrimonio les ha asegurado que mantendrá el bajo alquiler, los consultados dudan de que sea así y algunos dan por hecho que no podrán volver a las casas que les dejaron sus padres.

Dentro de la dispersa política patrimonial del Gobierno, el Ministerio del Interior, del que es titular el exalcalde de Sevilla Juan Ignacio Zoido, es el que más bienes raíces saca a la venta. En estos momentos quiere enajenar mediante subasta pública o directamente distintos solares urbanos en la capital andaluza, Salamanca, Cáceres y dos edificios del antiguo cuartel de la Guardia Civil en Erratxu (Navarra). Por estos bienes espera obtener unos 900.000 euros.

Su operación inmobiliaria de mayor enjundia es la venta del castillo de Maqueda (Toledo), en cuyo interior se construyó un funcional y marmóreo edificio destinado a albergar el Museo de la Guardia Civil. Fuentes conocedoras del proyecto afirman que se gastaron cinco millones de euros en las obras de restauración del castillo y la construcción del non nato museo, cuyo proyecto arquitectónico fue encargado al equipo Estudio de Dos. El castillo (3.523 metros cuadrados) tiene un valor registrado de 7.687.191,58 euros, pero fue sacado a subasta por algo menos. En 2014, el entonces ministro lo quiso vender por 7,47 millones en la primera puja y por 6,73 en la segunda. Quedó desierto. Ahora el departamento de Zoido ya lo ha rebajado a 5,9 millones y acepta ofertas directas.