Carmena reta a Montoro a demostrar en los tribunales que Madrid infringe la ley

El Consistorio madrileño ha recibido un nuevo golpe contra sus cuentas. A través de la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, el Ministerio de Hacienda les ha instado a anular 12 suplementos de crédito aprobados antes del verano que han servido para financiar distintas unas 577 actuaciones municipales --arreglos en colegios, cementerios, compra de buses...-- por supuestamente incumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que este año había obligado al equipo de Gobierno de Ahora Madrid a inmovilizar 238 millones de euros. “Tenemos capacidad para defender legalmente nuestra posición y si la Delegación de Gobierno, los abogados del Estado o el Ministerio de Hacienda consideran que hemos infringido la ley nos veremos en los tribunales”, asegura a este diario el delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, Carlos Sánchez Mato.

La guerra entre el Ministerio de Hacienda y el Ayuntamiento liderado por Carmena enfrenta un nuevo episodio tras unos meses de aparente calma. En abril Cristóbal Montoro obligó al Consistorio a bloquear 238 millones de euros en las previsiones de gasto para 2017 por sobrepasar en esa misma cantidad la conocida 'regla de gasto', la tasa de referencia basada en el crecimiento de la economía española. Debido a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que ha sido ampliamente criticada por las corporaciones locales, los ayuntamientos no pueden sobrepasar la 'regla de gasto' aunque hayan cerrado sus cuentas con 'superávit'. Lo paradójico es que en 2016, por primera vez, el ministro logró cumplir con el compromiso de déficit pactado con Bruselas por el superávit de más de 7.000 millones de euros que registraron los ayuntamientos. De esa cifra, 1.000 millones corresponden a Madrid.

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid asumió las exigencias de Montoro y prometió que se ceñiría a la ley, aunque aseguró que los madrileños no sufrirían recortes. Por eso, decidió continuar sus proyectos de obra pública y servicios con una ampliación del presupuesto en 303 millones de euros a través de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, pero, en lugar de hacerlo con cargo al presupuesto de 2017, decidieron utilizar el 'superávit' que habían tenido en el ejercicio anterior. Aseguran que la medida se ciñe a la Ley de Presupuestos Generales del Estado recién aprobada. Sánchez Mato, también dirigente de IU, cree que la estrategia del Consistorio es “un regate astuto” y “absolutamente legal”, así que tilda la exigencia de Dancausa de “pataleta” porque están realizando "una buena gestión".

El Gobierno considera que las maniobras de Carmena para incrementar el gasto son “ilegales”. En el escrito enviado por Dancausa a la alcaldesa, se considera que los dos suplementos de crédito que fueron aprobados por el Pleno municipal en los meses de junio y julio habrían causado un incremento del gasto en créditos “previamente declarados como no disponibles”. El Ejecutivo, a través de la delegada de Gobierno, insta al Consistorio a anular dichos suplementos. En caso de que se niegue, la disputa se trasladará a “la jurisdicción contencioso-administrativa”.

El propio PSOE, a menudo crítico con Carmena, ha dado un espaldarazo a Ahora Madrid porque considera que el “comportamiento en materia de estabilidad presupuestaria” del Ayuntamiento es “mejor” que el del propio Gobierno Central o la Comunidad de Madrid, que incumplía e 2016 el objetivo pactado por Montoro con Bruselas --0,7%-- con un 0,63% de déficit. La portavoz socialista de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Erika Rodríguez, advertía la “incoherencia” de un Gobierno central que reclamaba eficiencia en el gasto y, cuando se cumplía, ponía obstáculos para aprovechar los recursos. “¿Qué pretende el PP con estas maniobras? ¿La parálisis del Ayuntamiento de Madrid?”, ha denunciado en un comunicado.

De todas maneras, los 577 proyectos que el Consistorio ha puesto en marcha con el remanente del año anterior difícilmente podrían paralizarse. Son obras en escuelas, centros de mayores, asfaltado, compra de autobuses o mantenimiento de parques. El 43% ya se ha puesto en marcha e incluso algunas ya han finalizado. Aunque se diese la circunstancia de que el Ministerio de Hacienda lograra imponer una cancelación del crédito por la vía contencioso-administrativa, el requerimiento llegaría al final del ejercicio, cuando estas obras estén acabadas.

Campaña #MadridNoSePara

Desde Ahora Madrid han impulsado una campaña por las redes sociales con un vídeo bajo el hashtag #MadridNoSePara, que ha llegado a ser trending topic esta semana. “Esta exigencia de la Delegación del Gobierno, de ser aceptada por nuestro equipo de gobierno, supondría la no realización de más del 50% de las inversiones que estamos ya ejecutando en la ciudad”, explican en el comunicado. “Aunque pueda parecer anecdótico, también supondría no poder abonarle al club Atlético de Madrid las más de 126.000 entradas que el Partido Popular acordó con dicha entidad como parte del pago del estadio de la Peineta pero que nunca llegó a pagar (6,2 millones de euros), explican.

La campaña ha recibido el apoyo en las redes sociales del coordinador federal de IU, Alberto Garzón, de Podemos en la Comunidad de Madrid y de alcaldes del cambio como José María González 'Kichi'. Se suma al manifiesto llamado 'Madrid no te cortes' que conseguía miles de formas contra la inmobilización que Montoro impuso al Consistorio en abril. “Los problemas llegan incluso cumpliendo una ley que, por cierto, criticamos y que seguimos intentando cambiar. Seguimos exigiendo que se cambie la norma o que, incluso sin cambiarla, se modifique la interpretación de 'la regla de gasto', que no está sujeta a nada más que a un determinado criterio. No es ningún código bíblico que haya que cumplir”, explica Sánchez Mato.

Las administraciones locales, en especial los llamados 'Ayuntamientos del cambio', consideran que la 'ley Montoro' que les obliga a dedicar el dinero que supere la 'regla de gasto' en anticipar el pago de deuda, según avala la reforma del artículo 135 de la Constitución Española que el Gobierno realizó en 2011, es una medida injusta “al servicio de los bancos” y que perjudica de manera seria al gasto público que necesitan los ciudadanos en los municipios.