Prohibido el acto en Madrid de apoyo al 1-O por atentar “contra la unidad de España”

El Poder Judicial, en lo que al dilema catalán se refiere, no solo entra en Cataluña para dirimir sobre las controvertidas leyes que avalan la celebración de la consulta del 1-O y una eventual desconexión del resto del Estado. Un juzgado contencioso administrativo de la capital ha prohibido este martes un evento que iba a tener lugar en Madrid bajo el lema “En Madrid por el derecho a decidir”, por tratarse de “un acto público en favor de un referéndum ilegal, suspendido por el Tribunal Constitucional y que atenta clara y gravemente contra la unidad de España” y que iba a tener lugar en un local cuya titularidad es del Ayuntamiento. Entre los organizadores de la convocatoria se encuentran miembros de IU, del PCE y del sector de Anticapitalistas de Podemos, quienes han tildado la decisión del juez de “atentado contra la libertad de expresión, el derecho a reunión y la democracia” y remarcan su intención de seguir adelante para dar su apoyo al referéndum.

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Madrid había presentado este lunes un recurso contra el evento “por el derecho a decidir” en Cataluña, que se iba a celebrar el 17 de septiembre en una de las naves de Matadero. Los populares también habían arremetido contra el hecho de que el permiso hubiese sido tramitado por el número 41 de la lista de Ahora Madrid, Pedro Casas. El partido criticaba que la alcaldesa Manuela Carmena hubiera cedido un espacio de titularidad municipal para un acto “de exaltación del referéndum ilegal”, aunque no eran los únicos que se oponían: la Falange había anunciado una concentración bajo el lema 'Unidad de España' contra los “canallas de la organización”. La amenaza quedaba plasmada en las pintadas falangistas que aparecieron la semana pasada en el lugar donde estaba previsto el evento.

El juez José Yusty Bastarreche considera que “Madrid por el derecho a decidir” consiste “en esencia” en “un acto de apoyo a la Ley 19/2017 del Parlamento de la comunidad autónoma de Cataluña”, es decir, la ley para la celebración del referéndum que ha anulado el Tribunal Constitucional. En su auto, el magistrado considera que “los bienes” municipales tienen que servir a “los intereses generales”, entre los cuales no pueden incluirse “los actos públicos en favor de un referéndum ilegal” que atenta contra “la soberanía del pueblo español” que corresponde al conjunto de los españoles y no a un solo territorio.

Los impulsores del acto, la Asociación Madrileños por el Derecho a Decidir, han anunciado este miércoles que continuarán con este "foro de debate a favor del referéndum y el derecho a decidir libre y pacíficamente" previsto para el domingo a las 12 de la mañana, aunque el acto no será en Matadero ni en otro local de titularidad municipal, ya que entienden que el auto del juez prohíbe únicamente que el evento tenga lugar en un espacio que pertenezca al Ayuntamiento de la capital. El lugar de celebración será comunicado en breve. Asimismo, han defendido la legitimidad de un acto que no promueve "el independentismo" y han arremetido contra "el exceso" del juez que consideran "afín" al PP. Por su parte, Carmena, que ha mostrado su desacuerdo con la decisión judicial y ha reivindicado el derecho de expresión y reunión, ha indicado que el Consistorio suspende definitivamente el acto, pero que presentará alegaciones.

Los organizadores habían indicado que celebrarían el acto “desde una convicción profundamente democrática” para defender “consultas sobre los necesarios cambios políticos y sociales que hay que introducir en el régimen del 78”. La decisión del tribunal le parece “gravísima” a la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid e integrante de Anticapitalistas, Isabel Serra, quien lamenta que “el PP y buena parte del Poder Judicial estén optando una vez más por enfrentarse al derecho a decidir con medidas represivas” y “con todas las instituciones a su alcance” con el único objetivo de intentar generar miedo. “Desde Madrid vamos a seguir solidarizándonos con quienes creemos que deben poder ejercer su derecho al voto y elegir su futuro”, reseña.

Un Tribunal Constitucional rápido e implacable

Las actuaciones del Tribunal Consistitucional se suceden con rapidez ante el horizonte del primero de octubre. Este martes admitía a trámite el recurso del Gobierno y suspendía la ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República Catalana que ampararía la desconexión de Cataluña de España en caso de que el resultado de la consulta fuera un 'sí' a la independencia. Dicha ley había sido tramitada en el Parlament pese a que el TC había acordado la semana pasada la suspensión de la ley de referéndum, de los decretos de convocatoria y organización de la consulta del 1-O, además del nombramiento de una sindicatura para ejercer de Junta Electoral. También declaraba ilegal el embrión de Hacienda catalana aprobado por el Parlament.

En el medio de los cañonazos se encuentran el millar de cargos públicos --alcaldes catalanes, directores y subdirectores generales de la Generalitat, responsables de los Mossos y responsables de los medios públicos catalanes-- que el Tribunal Constitucional ha apercibido para paralizar cualquier preparativo del referéndum. Este martes era la Fiscalía de Cataluña quien obligaba al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, así como a la Guardia Civil y a la Policía Nacional a “requisar urnas” para evitar “la consumación del delito”. Entraba en esta cuestión la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, quien este martes indicaba que el cuerpo de los Mossos debía “cumplir” con la legislación catalana y española “a la vez”, aunque insistía en que la respuesta al problema de Cataluña es político y nunca se resolverá por “la vía judicial”.

Las direcciones estatales de la formación morada y de IU apuestan por una tercera vía nada fácil: criticar el "autoritarismo" del Gobierno de Mariano Rajoy pero, al mismo tiempo, no respaldar un referéndum al que tildan de “movilización” sin garantías. Están convencidos de que el tiempo pasará y les dará la razón: será necesario hablar pronto de una consulta pactada y con resultados para los catalanes, tal y como ha indicado este martes Irene Montero. Eso no quiere decir, diversos dirigentes de Unidos Podemos, entre ellos Alberto Garzón y Pablo Iglesias, no se hayan sumado a través de sus cuentas en las redes sociales al rechazo del auto que prohíbe el acto en Madrid a favor del “derecho a decidir” del 1-O.