El PSOE endurece su postura y pedirá la reprobación de Sáenz de Santamaría

Rajoy y Sánchez hablan sobre Cataluña.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha comenzado su ronda de contactos con el líder del PSOE, Pedro Sánchez. / Moncloa

El PSOE por fin comienza a materializar su desacuerdo con el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Este martes, ha presentado ante la Mesa del Congreso una  interpelación urgente a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, para que explique la próxima semana las instrucciones que se le dieron a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que acabaron en cargas policiales el pasado 1 de octubre. El siguiente paso, según ha anunciado la portavoz socialista, Margarita Robles, será pedir su reprobación. Sin duda, es un salto cualitativo en la relación entre PSOE y PP con respecto a Cataluña. Aunque Pedro Sánchez siga apoyando al Estado de Derecho, ya no oculta sus desavenencias con Rajoy, aunque se resquebraje la imagen de unidad.

Desde el 1 de octubre la estrategia de los socialistas ha cambiado y las críticas hacia el Gobierno se han multiplicado. El domingo hubo urnas y papeletas, pero también imágenes de disturbios policiales que impactaron a la opinión pública dentro y fuera de Cataluña. Pese a que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, decidió ignorar en su discurso los 893 heridos que cifró la Generalitat, esta respuesta represiva ha provocado que el PSOE, que hasta ahora apoyaba su acción,  criticase las cargas y que Ciudadanos, considerando que el govern ha sobrepasado los límites, también haya dado un paso más allá, aunque en sentido contrario, pidiendo que se aplique el artículo 155.

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Sin embargo, este alejamiento de Rajoy y sus diferencias manifiestas con Rivera no significan que Pedro Sánchez vaya a echarse en brazos del líder de Podemos, Pablo Iglesias. El socialista prefiere, por el momento, caminar solo en la vía del diálogo sin vetos. Este miércoles, el dirigente morado ha convocado a una mesa parlamentaria a Unidos Podemos, ERC, PNV, PDECat y Compromís para hablar de la situación en Cataluña y buscar posibles soluciones, siguiendo el mandato de la Asamblea de Zaragoza. Sin embargo, los socialistas han declinado asistir porque creen que "no es posible en este momento", según ha confirmado Podemos.

Si los socialistas consiguiesen finalmente sacar adelante su propuesta, Soraya Sáenz de Santamaría se convertiría en el tercer miembro del actual Gobierno en ser reprobado por la cámara. El Congreso ya aplicó esta procedimiento al ministro de Justicia, Rafael Catalá, y al titular de Hacienda, Cristóbal Montoro. Es un acto puramente simbólico que pretende poner de manifiesto que estos miembros del Ejecutivo han perdido la confianza del Parlamento. El PP también ha anunciado este martes que presentará una proposición no de ley para respaldar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En cualquier caso, Robles manifiesta el apoyo del PSOE a los agentes desplegados es Cataluña.

 

Rajoy se reúne con Rivera y Sánchez

El lunes el presidente convocó a Moncloa al líder del PSOE, Pedro Sánchez, y al de Ciudadanos, Albert Rivera, para constatar su apoyo tras el 1 de octubre. En el caso del dirigente socialista, en esta ocasión iba con alguna queja bajo el brazo y varias exigencias de diálogo, en la línea con el discurso que el líder de la oposición dio el domingo, donde ya criticaba las actuaciones policiales y dejaba atrás la carta blanca que hasta el momento le había dado al líder del Ejecutivo. Según un comunicado distribuido por el PSOE tras hora y media de reunión, Sánchez le ha advertido al Gobierno que “el Grupo Parlamentario Socialista exigirá explicaciones y responsabilidades” por las cargas policiales. Aún así, los socialistas seguirán apoyando al Estado de Derecho. También ha exigido que retome el diálogo "de forma inmediata" con la Generalitat.

Si Rajoy prometió el domingo comparecer en el Congreso, tal y como ha solicitado este lunes mismo en la cámara, y convocar al resto de partidos, el PSOE quiere que cumpla y llame también a Unidos Podemos, la única fuerza a la que nombra expresamente en el documento, y  al "resto de fuerzas políticas con representación parlamentaria”, es decir, también a los independentistas. En Ferraz creen que comenzar a negociar con líneas rojas o excluyendo a alguna de las partes no tiene sentido, ya sea a los soberanistas o al PP, un interlocutor que para los morados no está legitimado.

Sin embargo, Rajoy no ha contactado aún con ERC. Además, esta fuerza catalana se muestra poco receptiva a las palabras de Rajoy: “Si previamente no hay una disculpa pública del gobierno español por lo acontecido ayer en Catalunya, que fue un ataque programado en toda regla contra una ciudadanía movilizada democráticamente, ni nos plantearemos la posibilidad de asistir a reunión alguna”, argumentan fuentes de la formación. Precisamente, ERC, PDCat y En Comú Podem no asistirán a la Junta de Portavoces de la Cámara Baja este martes para secundar el paro general convocado en Cataluña.

La posición del que se supone que es aliado dentro del “bloque constitucionalista”, un término que tampoco convence a Ferraz por su carácter excluyente, ha llevado una propuesta totalmente diferente a Moncloa: "Pedimos al Gobierno que aplique el artículo 155 de la Constitución para convocar elecciones en Cataluña”, recordaba el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Los naranjas creen que el diálogo con el presidente de la Generalitat está agotado. "Con Puigdemont y con Junqueras, que van a declarar la independencia esta semana, no tengo nada que hablar", afirmaba el líder. El PSOE ha evitado pronunciarse públicamente sobre la aplicación del 155, aunque Patxi López ha sugerido este martes que hay otras vías, como el Tribunal Constitucional, para actuar en caso de que se proclame la independencia

En Ferraz no tienen claro que el artículo 155, por el que se suspende la autonomía de Cataluña, sirva para convocar elecciones autonómicas y prefieren barajar otros escenarios si la Generalitat o el Parlament deciden llevar hacia delante la Declaración Unilateral de Independencia. De hecho, la Constitución evita cualquier concreción y habilita al Gobierno a poder "adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla (comunidad autónoma) al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".

Aunque algunas voces en el PSOE confiaban en la voluntad del PDeCat, que participará en la comisión de estudio propuesta en el Congreso a diferencia de ERC, lo cierto es que el president Puigdemont sigue una ruta clara: este lunes pidió la retirada de los agentes desplazados de la Guardia Civil y la Policía Nacional de Cataluña.

En el comunicado que publicó La Moncloa después de que Rajoy se reuniera con los dos líderes, el Ejecutivo no se moja. Se limita a aclarar que Rajoy "ha mostrado su disposición a estudiar con responsabilidad y lealtad las propuestas", pero no hace ninguna valoración sobre ellas. Lo que sí subraya es que el presidente del Gobierno ha resaltado la importancia de "que todos mantengamos una voluntad de consenso" frente al desafío catalán.

En busca de un árbitro

Este lunes el president de la Generalitat ha hecho un último ofrecimiento, tras una reunión extraordinaria con su equipo, a Rajoy: buscar un mediador internacional, eso sí, sin renunciar a la posibilidad de la independencia. Según Puigdemont, este árbitro debe ser “apadrinado” por la Unión Europea.

En la misma comparecencia, el president se mostraba decepcionado con este organismo: “La UE tiene que dejar de mirar hacia otro lado". Al jefe del Ejecutivo catalán la posición de la Comisión Europea le sigue pareciendo insuficiente. A pesar de que publicaron una valoración sobre el 1 de octubre donde advierten de que “la violencia nunca puede ser un instrumento en política”, en referencia a los disturbios, también reiteran que la votación “no fue legal” y que sigue siendo “un asunto interno”. Además, dejan clara su confianza “en el liderazgo del presidente del Gobierno Mariano Rajoy”.

Sin embargo, algo sí ha cambiado en la Unión Europea tras el 1 de octubre. Las fotos de los disturbios policiales, que han corrido por la prensa internacional, han hecho que algunos líderes europeos se pronunciasen en contra de la violencia, desde el primer ministro belga, Charles Michel, hasta el líder del Partido Laborista de Reino Unido, Jeremy Corbyn.

También hay otro cambio significativo. Si la semana pasada se evitó que se hablase del tema catalán en una sesión del Parlamento Europeo, este lunes sí se ha alcanzado un acuerdo para que el miércoles esta cámara debata sobre el “Estado de Derecho, Constitución y Derechos Fundamentales en España, a la vista de los acontecimientos en Catalunya”, donde cada grupo podrá expresar su postura sobre el tema.

El PNV: otro posible árbitro

El pasado 24 de septiembre, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ofreció a su formación para hacer de intermediario entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España. En los últimos días, la formación vasca ha sido crítica con la gestión que ha hecho el presidente del Gobierno con el proceso catalán. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado este lunes que el Gobierno traspasó el 1 de octubre “las líneas rojas" con las cargas policiales que consideran "totalmente desproporcionadas". De hecho, esta postura crítica ha llevado a retrasar los próximos Presupuestos Generales del Estado, que necesitan el apoyo de los jeltzales.

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, declinó a las pocas horas el ofrecimiento de Ortuzar: “Al PNV le hemos visto crecientemente alineado con las tesis de los más radicales en Cataluña”. Por tanto, para este dirigente, “eso no es una posición que le habilite para mediar”. Sin embargo, el PNV sigue dispuesto a hacer de interlocutor.

Algunos ven en esta formación vasca un intermediador óptimo gracias a su relación con los dos Ejecutivos. Por un lado, empatizan con las aspiraciones de Cataluña como nación y creen que aspirar a un referéndum es legítimo. Por otro lado, en muchas ocasiones son aliados en el Congreso del PP, el partido del Gobierno. Pero hay una formación a la que no le agrada esta posición intermedia de la que goza el PNV.  El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha avisado de que el  "margen para la ambigüedad es cada vez menor"