DUI / No se sabe en qué términos se referirá el president a la independencia y cuál será la respuesta del Gobierno español

El país contiene el aliento a la espera de que Puigdemont desvele su juego en el Parlament

SATO DÍAZ | Publicado:

Mariano Rajoy y Carles Puigdemont, en marzo de 2016, en Barcelona
Mariano Rajoy y Carles Puigdemont, en marzo de 2016, en Barcelona, en el acto conmemorativo del primer aniversario de la catástrofe del vuelo de Cermanwings. / La Moncloa (Twitter)

BARCELONA.- Hoy es un día histórico para Catalunya y para el resto de España. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, comparecerá, por petición propia, a las 18h00 en el Pleno del Parlament. Se da por hecho que declarará unilateralmente la independencia de Catalunya, aunque no se puede asegurar qué va a hacer, muy poca gente lo sabe, el teléfono puede sonar hasta el último momento. Nadie cree que el Gobierno español apueste, a última hora, por el diálogo. Una declaración unilateral que habrá que escuchar con detenimiento. De la selección de las palabras que lea el president, de la retórica que utilice para ello, dependerá la vinculación jurídica de esta decisión en la nueva legalidad catalana, la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica, leyes aprobadas por la  mayoría independentista del Parlament los días 6 y 7 de septiembre y suspendidas por el Tribunal Constitucional.

Esto podría llevar a una rápida respuesta por parte del Gobierno español o de los Tribunales y Fiscalía, que podría aplicar también la Ley de Seguridad Ciudadana. La aplicación del artículo 155 de la Constitución, por otra parte, se aprueba con mayoría absoluta del Pleno del Senado, el cual se reúne hoy a partir de las 16h00, aunque esto no se contempla en el orden del día todo puede cambiar. El Gobierno español no ha concretado, tampoco, cuáles serán las medidas que llevaría a cabo si Puigdemont, hoy, lleva a cabo la declaración de independencia. Parece claro que cualquier decisión que llevara a un recorte del autogobierno o a la intervención de las instituciones catalanas supondría una masiva movilización en las calles de Catalunya. No se descarta una próxima detención del president.

artel de ERC con las efigies de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez
“No podrán encarcelar nuestras ansias de libertad”, reza este cartel de ERC con las efigies de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, animadores del ‘procés’. / @JoanTarda (Twitter)

El clima social está muy tenso. La declaración de independencia no contaría con el amplio espectro social que se ha conformado en las últimas movilizaciones soberanistas en Catalunya. La condena a la represión, a los ataques al autogobierno por parte del Gobierno central o la defensa del referéndum congrega a sectores de la población mucho mayores que la independencia. Aún así, la ANC ha convocado a las 18hoo a sus simpatizantes en el Paseo de Lluís Companys, cerca del Parlament. De esta convocatoria no participan los demás integrantes de la Taula per la Democràcia que sí que convocaron el “paro de país” del pasado miércoles, tales como CCOO, UGT y otras organizaciones sociales y empresariales. Algunos comités de defensa del referéndum de algunos barrios barceloneses convocan a las 17 horas en el Parlament, que tendrá grandes medidas de seguridad.

Las leyes de desconexión se muestran ambiguas en relación a cómo hay que proceder para la declaración de independencia. La Ley del Referéndum dice en su Artículo 4.4: “Si en el recuento de votos emitidos hay más afirmativos que negativos, el resultado implica la independencia de Catalunya. A este efecto, el Parlament de Catalunya dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados por la Sindicatura Electoral, celebrará una sesión ordinaria para celebrar la declaración formal de la independencia de Catalunya, concretar sus efectos e iniciar el proceso constituyente”.

El viernes la Generalitat hizo públicos unos resultados definitivos que no fueron validados por ningún organismo electoral. La Sindicatura Electoral fue suspendida por el Govern el día 22 de septiembre para evitar pagar la multa de entre 6.000 y 12.000 euros diarios que el Constitucional imponía a sus miembros. Tras el fin de semana, hoy martes vencen esas 48 horas. Los resultados definitivos fueron de 2.286.217 votos emitidos, de los cuales un total de 2.044.038 votantes, el 38% de un censo total de 5.313.564, votaron ‘sí’ a la independencia. Para muchos estos resultados no son suficientes para la declaración de independencia.

Por su parte, la Ley de Transitoriedad Jurídica dice en su artículo 85, sobre la activación del proceso constituyente: “Una vez celebrado el referéndum y en caso de resultado favorable a la opción independentista, el Govern de la Generalitat activará un proceso constituyente, democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante, con el objetivo de redactar y aprobar la Constitución de la República”. Mientras que en la primera norma corresponde al Parlament la declaración de independencia, en la segunda norma es el Govern el que activará el proceso constituyente.

No se sabe si en el Pleno de hoy en el Parlament se votará esta tarde esa declaración unilateral, parece que no. Tampoco con qué palabras se expresará Puigdemont, siguen los contactos entre el núcleo más próximo al president para confeccionar el discurso del mismo en el Pleno. Desde algunas fuentes señalan que hará una declaración que no será efectiva por el momento, dando un plazo para que haya mediación ante la negativa de diálogo del Gobierno de Mariano Rajoy en las últimas semanas en este conflicto. Puigdemont siempre, y hoy vuelve a hacerlo, deja abierta la puerta a una negociación y al diálogo con el Gobierno español.

Joaquim Forn en el programa 8alDIA
El conseller de Interior Joaquim Forn aseguró en el programa 8alDIA, de 8tvcat, que Puigdemont esperará hasta el último momento una propuesta de diálogo del Gobierno español. / @quimforn (Twitter)

Ayer, destacados miembros del Govern, entre ellos el consejero de Interior Joaquim Forn, señalaban que hasta última hora estará abierta esa posibilidad. Una oferta de referéndum pactado u otra salida razonable para los independentistas podría cambiar el transcurso de la historia. Las presiones que reciben ambos gobiernos son enormes, pero, según algunas versiones, el Gobierno central quiere vencidos en el Govern. Para muchos, esta salida, tras la negación de la búsqueda de una salida política al conflicto, supondría una humillación para Catalunya. Declaraciones como la de ayer de Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP, en la que advertía que Puigdemont podría acabar como Lluís Companys si declara la independencia, no ayudan a acercar posturas. Companys acabó fusilado por el régimen franquista.

El Gobierno de España tiene en su mano, si la situación social se tensa, la activación del artículo 116 de la Constitución por el cual se puede decretar el estado de alarma, de excepción o de sitio. Estas medidas restringirían considerablemente las libertades y derechos democráticos en Catalunya, sin embargo, lejos de calmar los ánimos en las calles, podrían suponer una mayor tensión social. El plan soberanista depende de la movilización social, siempre ha sido así, pues gozan de una fuerte capacidad de convocatoria y de organización.

Muchas voces aseguran que no habrá votación en el Pleno de esta tarde y que la declaración no sería efectiva de momento, pero que el Govern podría activar un proceso constituyente a expensas de que tras una mediación se pudiera hacer efectiva la independencia. Para el Govern, esta disputa se juega en gran medida en el terreno de juego internacional, una vez que los puentes de diálogo con el Gobierno parecen no dar fruto. La declaración de independencia tampoco ayudará a tender esos puentes. Los contactos entre Gobierno y Govern podrían estar dándose con la máxima discreción, no se sabe qué puede pasar en las próximas horas. La activación del proceso constituyente, por su parte, tensaría al entorno de los comunes y a su grupo en el Parlament, Catalunya Si Que Es Pot, que si bien no está a favor de una declaración unilateral de independencia, podría facilitar un diálogo sobre el proceso constituyente sin efectos jurídicos, para ganar tiempo.

Ada Cola, el lunes, durante su comparecencia institucional.
Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, el lunes, durante su comparecencia institucional para pedir a ambas partes que “paren las máquinas” y busquen una solución negociada. / Ajuntament Barcelona (Flickr)

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en una comparecencia institucional ayer, aseguraba que los resultados del 1-O no tienen legitimidad para una declaración de independencia. Catalunya En Comú y Podem siempre han defendido el 1-O como movilización y no como un referéndum vinculante. Colau también reclamaba al Gobierno de Rajoy que retire a los policías movilizados en Catalunya durante las últimas semanas y que llevaron una brutal actuación represiva contra votantes-manifestantes el 1-O. También le pide que se abra al diálogo, a la mediación y a la negociación.

Desde las entidades sociales independentistas recuerdan que su reclamación es democracia, poder votar. Esto abre una puerta a una solución, la de un referéndum pactado, todavía. Desde el Gobierno de Rajoy sólo tienen, hasta el momento, como propuesta política el cumplimiento estricto de la ley, bajo una lectura restrictiva de la misma. En ninguna norma se dice que no se pueda llegar a una solución acordada. Sin embargo, desde Moncloa parecen no quererse mover ni un ápice de su hoja de ruta. La tensión aumenta por momentos.

Cada vez son más las empresas que deciden cambiar sus sedes sociales fuera de Catalunya. Para unos, una forma de presión al Govern para que frene su hoja de ruta independentista. Para otros, es una respuesta a presiones del Gobierno español que les exige esto a las empresas para desacreditar al Govern ante sus apoyos sociales. Desde sectores del independentismo aseguran que esto ya estaba previsto. Sin embargo, estos cambios de sede de empresas está tensionando el bloque, hasta ahora unitario, independentista, sobre todo al PDeCat.

El contexto internacional, de momento, se muestra favorable al Gobierno español, desde Europa se considera que este conflicto es un asunto interno de España. Desde el independentismo, aseguran que ningún estado actuará contra otro estado y que las circunstancias cambiarían tras una declaración de independencia.

Todo esto se da en un clima de tensión social creciente en todo el Estado y en Catalunya. El domingo una multitudinaria manifestación colapsó el centro de Barcelona en favor de la unidad de España. 350.000 manifestantes según la Guardia Urbana, en torno al millón según los organizadores de Societat Civil Catalana. Mucha gente vino de fuera de Catalunya a la movilización, pero no deja de ser una manifestación que sacó a la calle y organizó a un importantísimo sector de la población catalana que no se siente cómoda ni integrada con la deriva independentista. Gente que seguramente no fue a votar el 1-O.

Entrentamiento entre manifestantes nacionalistas radicales y ultraderechistas
Miembros de grupos ultraderechistas se enfrentaron en las calles de Valencia con representantes de grupos radicales valencianos y catalanistas durante la marcha del 9 d’Octubre, día de la Comunidad Valenciana. / Biel Aliño (Efe)

Grupos de ultraderecha desarrollaron actos violentos al terminar la manifestación en distintos sitios de la ciudad. Algunos inmigrantes y periodistas pagaron los platos, así como agentes de los Mossos d’Esquadra que recibieron insultos por los manifestantes españolistas. Ayer, en el día festivo de la región de Valencia, grupos de extrema derecha insultaron a formaciones de izquierdas que participaban en los actos por la celebración, ante los agentes de la Policía Nacional. También hubo episodios violentos en la capital valenciana un día después de lo ocurrido en Barcelona.

El nacionalismo español ha crecido exponencialmente en las últimas semanas. Desde el “a por ellos” que en algunas localidades se cantaba a los guardias civiles que eran enviados a Catalunya para parar el referéndum, hasta hoy, ha habido un aumento de este sentimiento en la sociedad palpable. En muchas ocasiones ha sido alentado por los medios de comunicación. El jueves es la Fiesta Nacional, 12 de octubre. Miles de militares desfilarán frente a Rajoy y a Felipe VI en las calles de Madrid. Habrá que estar pendientes de la exaltación nacionalista española. Y de cómo recibe el público al presidente del Gobierno dependiendo de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos en Catalunya.

La semana pasada, la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro, agradecía a los medios de comunicación su apoyo por la cobertura dada al conflicto catalán. Contrasta el espacio dedicado a la brutalidad policial del 1-O en los medios españoles en comparación con el que se le dio en la prensa extranjera. Esas cargas policiales generaron una brecha emocional enorme en una gran parte de la población catalana. El domingo, en la manifestación españolista, muchos de los asistentes aplaudían a los agentes de la Policía Nacional, antes un grupo había ido a rendir homenaje a la Guardia Civil.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha ordenado que sea la Policía Nacional quien vigile sus dependencias. Los Mossos estarán también en la puerta de los juzgados en Barcelona, pero bajo las órdenes del cuerpo estatal. En la puerta de esos juzgados está convocada la concentración de la ANC a las 18 horas. Amanece en Barcelona. 13 grados. Parece que comienza, ahora sí, el otoño.

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  • Benicadell

    ¿¿?? Sato Díaz. ¿Qué nos quieres decir nombrando y diciendo región de Valencia en vez de Comunidad Valenciana?”Ayer, en el día festivo de la región de Valencia, grupos de extrema derecha insultaron a formaciones de izquierdas que participaban en los actos por la celebración, ante los agentes de la Policía Nacional.”

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