‘¿España es reformable?’, a debate en las nuevas elecciones catalanas

BARCELONA.- “No és justícia, és dictadura”. Este ha sido de los cánticos más repetidos en las multitudinarias concentraciones que han tenido lugar en distintos municipios de Catalunya durante las tardes de ayer y del jueves. Tras el encarcelamiento preventivo del vicepresidente del cesado Govern, Oriol Junqueras, y los exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Joaquim Forn y Carles Mundó, las plazas catalanas vuelven a rugir: “Llibertat, presos polítics”. Santi Vila ha salido de prisión tras el depósito de la fianza. Mientras tanto, siguen en Bélgica el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig.  Contra ellos ya ha decretado la juez Carmen Lamela la orden de detención. Ante este panorama desolador, comienza oficiosamente una campaña electoral de cara a las elecciones catalanas del 21-D y una movilización popular que se prevé constante durante los próximos días en Catalunya.

Una campaña anormal, diferente de cualquier campaña electoral que hayamos presenciado hasta ahora. Una campaña con “presos políticos”. Una campaña que llega tras unos meses de septiembre y octubre frenéticos. Sin apenas tiempo, las formaciones políticas discuten cómo concurrir a estos enrarecidos comicios, unos comicios convocados por el Gobierno de Mariano Rajoy tras la intervención de la autonomía catalana. Unos comicios que el independentismo no boicoteará. Unas elecciones y una campaña que tendrá un pie en los actos electorales y otro en las calles. El próximo sábado, 11 de noviembre, una gran manifestación recorrerá las calles de Barcelona pidiendo la liberación de “los presos políticos”. El miércoles 8, huelga general, de momento convocada por los sindicatos alternativos independentistas, a la que se suman ANC y Òmnium, hasta ahora. Ayer, algunas carreteras y vías de tren fueron cortadas en algunos municipios catalanes. El independentismo está herido. En las protestas se masca un clima de indignación y tristeza. La movilización puede ir en aumento.

Y ante este panorama, uno de los ejes de la campaña versará entre si España es o no reformable. Las distintas opciones políticas se volverán a posicionar ante esta dicotomía. Entre si es posible otro encaje territorial de Catalunya dentro del España o si, como defienden los independentistas, no es posible cambiar la estructura territorial y de poder en el Estado. Sobre esto, veremos confrontar tres líneas argumentativas. El independentismo fortalecerá su idea de que España no es reformable en base a la falta de respuesta política al conflicto catalán por parte del Ejecutivo central. Toda respuesta del Gobierno de Rajoy al conflicto catalán ha sido la estricta y restrictiva aplicación de la ley, el encarcelamiento de miembros del Govern es la imagen más representativa de esto. Una segunda línea será la idea de que España es reformable y que, por lo tanto, es posible una articulación territorial entre Catalunya y el resto de España. La tercera, aquella que apostará porque España no necesita ninguna reforma, a pesar de lo vivido durante los últimos meses.

Negociaciones para conformar candidaturas

Durante los próximos días --hasta el día 7 hay de plazo para registrar las coaliciones electorales que concurrirán a los comicios del 21-D-- conoceremos cómo se presentan los distintos partidos. Las negociaciones y reuniones se suceden en Barcelona este fin de semana, sin freno. Ante este cambiante escenario, de momento, el independentismo estudia si concurrir en una lista amplia "de país" que censure la intervención del Estado y las detenciones y defienda la autoproclamada República Catalana o si se presentan en listas diferenciadas pero con acuerdos programáticos. Acuerdos que, incluso, podrían ir más allá: que el líder de ANC, Jordi Sánchez, encabece una candidatura y el de Òmnium, Jordi Cuixart, otra. La presión social, sin embargo, se inclina por una lista de consenso, que iría más allá de JxSi, incluyendo a los encarcelados líderes de ANC y Òmnium. Esta lista de consenso es la apuesta de estas dos entidades sociales y se pide en los gritos de la manifestaciones.

Ayer, en una entrevista televisiva en Bélgica, Puigdemont se ofrecía a ser candidato incluso desde el exilio. Este gesto favorece el argumento de una lista en defensa de la autoproclamada república, de unidad. Pero, desde ERC, muchos no quieren reeditar un JxSi, las encuestas dan a la formación republicana como fuerza más votada. Desde el PDeCat piden esta lista unitaria, se desplomarían, según las encuestas. Mientras tanto, Santi Vila, que dimitió como miembro del Govern antes de que se de produjera la DUI, se propone como candidato de un PDeCat "moderado". La oferta de Puigdemont complica esta opción. La tensión en el PDeCat es enorme. Sectores de perfil menos independentista y más autonomista podrían buscar alianzas con Lliures y Units per Avançar, formaciones surgidas tras la ruptura de CiU y la posterior extinción de la Unió de Josep Antoni Duràn i Lleida.

La CUP, por su parte, celebra un Consell Polític en Perpignan este sábado y el próximo domingo, una asamblea. Este sábado decidirá si se presenta como coalición electoral, antes del 7 de noviembre. Se conocerá, de este modo, si apuestan por una amplia alianza en defensa de la república y contra el 155 y los encarcelamientos. Cualquier decisión tendría que ser ratificada en la asamblea de la semana siguiente. Una alianza podría sumar a sectores de Podem, de la actual dirección de Albano Dante Fachín y de Anticapitalistes. Hasta el día 7 se celebra una consulta ciudadana en Podem en la que, paralelamente, las bases deciden si concurrir en coalición con Catalunya En Comú, la formación de Xavier Domènech y Ada Colau que aglutina a ICV, EUiA, Barcelona En Comú y Equo. La dirección estatal de Podemos se juega mucho en esta consulta, pues es quien ha convocado esta pregunta a las bases para desautorizar a la dirección catalana del partido.

Por su parte, los comunes, que esperan ir junto a la formación de Pablo Iglesias en la misma papeleta, también apuestan por, una vez pasado el 21-D, buscar alianzas en el nuevo parlamento en contra del 155 y de los encarcelamientos. Piden al resto de candidaturas que expliciten esta reclamación en sus programas electorales en clara referencia al PSC, donde existe una gran contradicción interna en la defensa o censura de la intervención del autogobierno catalán por parte del Gobierno de Rajoy. Seguirán defendiendo que España es reformable y que hay que avanzar hacia un referéndum pactado. Una apelación, por enésima vez, al PSOE de Pedro Sánchez, a que rompa su apoyo a Rajoy en relación con el 155 y a presionarle en favor de una moción de censura en el Congreso en busca de un nuevo Gobierno que favorezca una solución política al conflicto. Desde el PSC de Miquel Iceta levantarán la reforma constitucional hacia un modelo federal y la comisión abierta en el Congreso como bandera de una reforma de España.

Por su parte, Ciudadanos, con Inés Arrimadas al frente, así como el PP de Xavier García Albiol, apuestan por evitar cambios sustanciales del actual encaje territorial. Que todo siga igual, lo más parecido posible a lo que hay hasta ahora, un proyecto recentralizador del Estado. Parece poco probable que consiguieran una mayoría, sumando al PSC, en favor de la unidad de España. Esto podría tensionar, en un nuevo reparto de los asientos en el Parlament, a los comunes, a los que intentarían hacerles elegir entre apoyar una mayoría en favor de la unidad de España o de los independentistas. Para los comunes, está claro. No apoyarán a quien no se enfrente al 155.