La campaña belga de Puigdemont

Tras un arriesgado giro de guion, la segunda temporada del procés, que empezó como denuncia social por las cargas policiales del 1 de octubre y está degenerando, a medida que se suceden las semanas, en multilingüe comedia de enredo, traslada la acción y a su protagonista a Bruselas, convertido en una especie de Don Quijote catalán que dice representar a un legítimo gobierno en el destierro que ya no existe cuando, a los ojos de la mayoría del público, no es más que un prófugo de la Justicia que intenta internacionalizar el conflicto y convencer a la comunidad europea de que en España no tendrá un juicio justo.

Las andanzas en Bélgica del president a la fuga, según unos, y en el exilio, según otros, anuncian el comienzo de una doble batalla de la que Puigdemont será protagonista: la judicial, con el horizonte máximo de 90 días para que la justicia del país centroeuropeo decida si acuerda su entrega a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela; y la electoral, con la posibilidad de hacer campaña libremente desde Bruselas con la única restricción de no poder abandonar el país. Mientras tanto, Oriol Junqueras, su aliado o contrincante electoral (según se resuelva la controversia de la lista independentista unitaria), permanece en la prisión madrileña de Estremera sin otra plataforma que la que su entorno pueda manejar a través de las redes sociales.

Por el momento, Puigdemont ha conseguido que el primer juez que examina la orden europea de detención dictada el viernes a última hora de la tarde por Lamela por los delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos, desobediencia y prevaricación le haya dejado en libertad con las únicas medidas cautelares de no poder abandonar el territorio belga, estar a disposición de la autoridad judicial siempre que se le reclame y comunicar su lugar de residencia en la capital comunitaria.

El procedimiento de la euroorden, puesto en marcha en 2004 para sustituir los procesos de extradición entre los estados miembros de la Unión Europea, supedita las entregas a la actuación entre jueces, sin la intervención de los gobiernos, y es prácticamente automático para un catálogo de 32 delitos entre los que no se encuentran ni la rebelión ni la sedición. A ello hay que sumar que la malversación de caudales públicos sólo aparece como causa para justificar una entrega si se enmarca en el apartado de los delitos de corrupción, lo que está por ver en este caso, en el que se imputa ese tipo penal por los más de seis millones de euros públicos que, según la Fiscalía, se emplearon en la organización del referéndum del 1 de octubre.

Ahora será un tribunal de Primera Instancia belga, la Cámara del Consejo, el que decida si autoriza la entrega de Puigdemont y sus cuatro escuderos --Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí-- a la magistrada Lamela, que sitúa al antiguo líder del Gobierno catalán como el jefe de la “insurrección” ciudadana que, según sus autos, pretendía cambiar la forma del Gobierno de España declarando la independencia de una parte del territorio nacional “fuera de los cauces de la Constitución”.

Se abre un procedimiento que se prolongará hasta finales de enero en el que las defensas intentarán demostrar que la actividad política de sus representados no es constitutiva de los delitos por los que es reclamado, que no se cumple el principio de doble incriminación entre España y Bélgica porque los tipos penales no se refieren exactamente a los mismos hechos y que la causa no debería instruirse en la Audiencia Nacional por falta de competencia sino en un juzgado ordinario.

Después llegará el tiempo de los recursos en una doble instancia, en la Corte de Apelación y en la Corte de Casación, que tendrá la última palabra sobre la puesta de los querellados a disposición de la Audiencia Nacional. En total, todos los trámites se desarrollarán en unos plazos que van desde los 45 días como mínimo hasta los 90 para los casos en los que concurran circunstancias excepcionales, siempre más allá de la cita electoral catalana.

Pero que nadie se engañe porque los guionistas del procés podrían preparar nuevas sorpresas y la tercera temporada de la serie, la que comienza con un recuento electoral que marcará si el eje de la política catalana sigue dominado por el independentismo y si al frente del mismo se sitúa el PDeCat del libre Puigdemont o la Esquerra del encarcelado Junqueras, ya tiene fecha de arranque: el próximo 21 de diciembre en sus pantallas.