Atrapados en la ‘vía Forcadell’

Pasaban las ocho de la tarde del interminable día de la Almudena en el que los depuestos miembros de la Mesa del Parlament comparecían en el Tribunal Supremo cuando el juez instructor de la causa, el expresidente de la Audiencia de Barcelona Pablo Llarena, abrió un turno de última palabra y preguntó a los que aún no se habían pronunciado en ese sentido si en el futuro tenían previsto seguir adoptando resoluciones para conseguir la independencia de Cataluña fuera de los límites de la Constitución y, por tanto, de la ley.

A la renuncia de la unilateralidad, posición clave para que el juez Llarena considerara difuminado el riesgo de reiteración delictiva e impusiera fianzas a los investigados en lugar de la prisión provisional que solicitaron los fiscales de Sala del Supremo, se sumaron en ese momento Lluís Guinó, Lluís Corominas, Anna Simó y Carme Forcadell, presidenta del Parlament a propuesta de ERC y antigua líder de la Asamblea Nacional Catalana, desde cuya tribuna aseguró en 2014 que el “adversario” de los independentistas catalanes era el Estado español y “los partidos españoles que hay en Cataluña, como Ciudadanos y el Partido Popular, que no debería llamarse Partido Popular de Cataluña sino Partido Popular en Cataluña”.

Aunque en septiembre pasado también renegara de estas palabras y pidiera disculpas por ellas, lo cierto es que ha sido la amenaza de la entrada en la cárcel la que ha llevado a Forcadell y sus compañeros de viaje a renunciar a la proclamación por las bravas de la República catalana, admitir que acataron las consecuencias del artículo 155 de la Constitución, entre las que se encuentran la disolución del legislativo catalán y la convocatoria de unas nuevas elecciones, y poner de relieve que la declaración de independencia, camuflada en la exposición de motivos de las dos resoluciones que aprobó el Parlament, no tenía ningún efecto jurídico sino, como admitieron con profusión de sinónimos ante el juez, un valor meramente “simbólico”, “retórico” o “político”.

De esta forma se inició lo que ya se ha denominado en los ambientes jurídicos de Madrid y Barcelona la vía Forcadell, tomando prestado el nombre de quien hace no tanto tiempo aseguraba que la aprobación por el Senado del 155 era “un golpe de Estado de facto” mientras apostaba por “no dar ni un paso atrás” en la lucha por la independencia y animaba a los ciudadanos de Cataluña a defender sus instituciones en la calle. Después de una noche en la prisión de Alcalá-Meco, Forcadell se ausentó de la multitudinaria manifestación del sábado en Barcelona para reclamar la libertad de los líderes de las entidades soberanistas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y dejó en suspenso si repetirá como candidata por Esquerra, que todavía le reserva un puesto en una de sus listas.

Aunque en puridad la vía Forcadell debería llamarse la vía Barrufet porque fue la exsecretaria cuarta de la Mesa, Ramona Barrufet, del PdeCat, la que primero expresó la renuncia a la unilateralidad en el Tribunal Supremo, que acompañó de la convicción de que el referéndum del 1 de octubre no tenía ninguna validez legal. O también la vía Santi Vila, recibido el 2 de noviembre en la Audiencia Nacional con un incómodo silencio por los correligionarios que unos minutos antes habían vitoreado a sus excompañeros de Gobierno al grito de “no esteu sols”. En su comparecencia ante la juez Carmen Lamela, Vila marcó el camino al defender que siempre buscó un referéndum pactado con el Gobierno español y que abandonó el Gobierno de Carles Puigdemont cuando supo que la declaración unilateral de independencia era irreversible.

En este punto, a poco más de un mes para las decisivas elecciones del 21 de diciembre, cuando cuatro exconsellers han cambiado de abogado y se adivinan en el horizonte nuevas estrategias de defensa y nuevas declaraciones judiciales para intentar salir de la cárcel, arrecia en el soberanismo el debate sobre la conveniencia de que los encarcelados abracen la vía de Forcadell, Barrufet y Santi Vila. “Si todo va bien, podremos tener a los presos en casa en pocos días. No olvidemos que cada noche dormida en prisión es una ignominiosa injusticia”, escribió este domingo en Twitter Jaume Alonso Cuevillas, abogado de Carles Puigdemont y de otros dos exconsellers del PDeCat que, al permanecer en Bruselas, no podrán declarar por ahora ante la juez Lamela hasta que la Justicia belga no se pronuncie sobre su entrega a España.

Sus manifestaciones ponen de relieve las tensiones que vive el soberanismo, agitado por un PDecat a la deriva en las encuestas que presiona con todas sus armas, incluida la instrumentalización de la calle, para intentar conseguir una lista unitaria encabezada por el “legítimo president de la Generalitat en el exilio”, y la Esquerra de Oriol Junqueras, que navega con el viento a favor hacia la victoria electoral y con la campaña hecha cuando proclama, desde el patio de la cárcel de Estremera, que muy pronto “el invierno dejará paso a la primavera”.