Del franquismo al despliegue policial en Cataluña: España, un país de secretos

Ante las preguntas de algunos diputados sobre los datos del despliegue de policías y guardias civiles en Cataluña, el Gobierno ha decidido no responder amparándose en que son material reservado. Es el último episodio de la restrictiva política española sobre secretos oficiales, que permite que haya agujeros negros en muchos capítulos de la historia reciente, teniendo como telón de fondo la Ley de Secretos Oficiales, aprobada durante el franquismo. Muchos documentos de la Guerra Civil, la dictadura o la Transición cogen polvo en los archivos ministeriales por un tiempo ilimitado y sin que el Gobierno tenga la obligación de desclasificarlos, lo que convierte algunas investigaciones en carreras de obstáculos.

Para evitar responder a las preguntas de varios parlamentarios que exigían al Gobierno datos por escrito sobre algunos detalles del operativo policial para frenar el procés, el Gobierno se ha escudado en un acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, en el que se otorgó la clasificación de reservado a “los planes de seguridad de Instituciones y Organismos Públicos”. Esta resolución se amparaba en la Ley de Secretos Oficiales, aprobada durante el franquismo (1968), y que prevé calificar como materias clasificadas “los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado”.

La Ley de Secretos oficiales ha permitido que se mantengan incógnitas básicas sobre episodios como la Guerra Civil, los GAL o el 23-F . El principal problema de esta legislación es que no hay límite temporal por el que se desclasifiquen automáticamente los archivos, ni tampoco hay vías efectivas para que los investigadores o los ciudadanos puedan pedirlos. En Estados Unidos, por ejemplo, los secretos tienen una vida de 30 años, aunque son prorrogables. En el Congreso de los Diputados hay una comisión específica para secretos de estado, sin embargo, las fuentes parlamentarias consultadas afirman que tienen poca actividad.

Desde hace años, expertos y asociaciones piden que se regule con mayor precisión esta ley, que ya se modificó en  1978, pero que sigue lo suficientemente vaga para que el Gobierno guarde bajo llave los documentos que considere sensibles. En consonancia con una una sociedad que exige cada vez más transparencia, el PNV propuso una modificación cuya tramitación recibió el visto bueno en noviembre de 2016. En el texto preveía que la protección se pudiera extender 25 años para las materias calificadas secretas y 10 años para las reservadas. Sin embargo, desde entonces permanece paralizada gracias a sucesivas prórrogas. El Ejecutivo tampoco muestra ningún interés por facilitar estos archivos. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal paró el desbloqueo de 10.000 archivos, localizados entre 1936 y 1968. Unos años antes, Carme Chacón se había propuesto analizarlos para proceder a su desclasificación. Parece ridículo que informes rutinarios de la policía franquista, instrucciones políticas del protectorado español de Marruecos o algunas comunicaciones de la II República española puedan ser un peligro para la seguridad nacional en 2017. Sin embargo, el Gobierno no tiene que dar una explicación sobre esto.

Investigar en España, una carrera de obstáculos

Esta restricción provoca situaciones esperpénticas para todo aquel que quiera saber más sobre determinadas épocas de la historia española. “Yo estudio las relaciones de Alemania occidental con España en la dictadura y la Transición. He revisado documentos sobre las cumbres bilaterales, informes sobre la entrada en la OTAN o cómo se planeó la incorporación de nuestro país al mercado común. He tenido que acudir a los archivos alemanes porque en España era imposible acceder”, relata Carlos Sanz, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense. Este investigador pudo leer actas de las conversaciones entre Felipe González y el excanciller alemán Helmut Kohl o documentos sobre Adolfo Suárez o Leopoldo Calvo Sotelo. “Es absurdo dar una protección tan extrema a determinados documentos en un mundo globalizado, donde los archivos de otros países hacen que sea imposible mantener buena parte del secreto. En algunas ocasiones cuando ves algunos documentos te das cuenta de que se sostiene la excusa de la seguridad”, argumenta Sanz.

Pablo del Hierro, profesor de historia de Europa en la Universidad de Maastrich, también ha tenido que coger aviones y recorrerse kilómetros para satisfacer sus aspiraciones académicas, por mucho que la respuesta la tuviera al lado de casa. La primera vez que se topó con esta ley fue en 2011 cuando investigaba para su tesis las relaciones militares entre España e Italia entre 1943 y 1957. Pese a que en el Archivo General Militar de Segovia había documentos sobre venta de armas, maniobras, visitas del Alto Estado Mayor o cooperación tecnológica no pudo ver si una letra. Tuvo que acudir a Italia para poder completar su investigación. Se topó con un muro. “No había nada que hacer ante esa ley”, rememora con frustración. Algunos documentos tenían ya 70 años.

A veces, ni siquiera hay una recopilación de los documentos secretos que albergan algunos archivos, lo que sume en el caos a aquel que acaba de comenzar sus averiguaciones. Por eso, los expertos reclaman que se unifique criterios, que haya mecanismos para poder pedir la desclasificación de un archivo y más recursos. Aunque el enfado del experto recaiga primero sobre los archiveros, aquel que le dice a la cara que no puede facilitar lo que pide, las fuentes consultadas reconocen que en nuestro país hay muy buenos archiveros, pero son pocos, no tienen suficiente material y están atados a las vagas normas de un Estado que no tiene ningún interés por preservar la memoria. Ni los Gobiernos del PP, ni los del PSOE han tenido como prioridad esta cuestión.

Del Hierro ha trabajado durante los últimos años con hasta cinco países europeos. Mientras Estados Unidos e Inglaterra operan "con legislaciones y mecanismos muy claros”, los países mediterráneos son algo más caóticos, como en el caso de Francia y sobre todo Italia: “Allí el mayor problema es la falta de medios que hace que la consulta de documentos sea larga y tediosa”. Aún así, a ojos del historiador nada es comparable a la desorganización española: “Allí no tienes esta legislación tan restrictiva. A lo mejor los documentos tardan en llegar, pero tienes un acceso claro marcado por la ley”.

La falta de criterios unitarios, la poca concreción a la hora de clasificar documentos y el escaso interés estatal tiene resultados catastróficos en algunas ocasiones, como la pérdida de documentos. Un desastre para la memoria de cualquier país, que se ve condenado a tener siempre una visión parcial de su historia reciente.

La dificultad añadida de investigar sobre crímenes

Hay documentos que no caben bajo el amplio paraguas de la Ley de Secretos Oficiales. Sin embargo, las trabas siguen.  Las restricciones legislativas a la investigación también afectan a temas de especial sensibilidad social. Los interesados que quieran indagar, por ejemplo, sobre operaciones de la Brigada Político-Social, las redes de espionaje en la dictadura o los expedientes de algunos hospitales pueden toparse con el artículo 57 de la Ley de Patrimonio: “Los documentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte, si su fecha es conocida o, en otro caso, de cincuenta años, a partir de la fecha de los documentos.

“El ministro Rodolfo Martín Villa condecoró al represor Billy El Niño y para ello tuvo que hacer un informe de méritos. Yo quiero leer cuáles eran esos méritos”, ejemplifica Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que ha hecho una labor de investigación y reparación hercúlea durante los últimos años. A este memorialista le brotan rápido los ejemplos de lo que aún no se ha podido comprobar: “Bajo la orden de Franco fueron trasladados más de 30.000 cuerpos desde varios puntos de España al Valle de los Caídos. Tiene que haber informes sobre a quién se llevaba y a quien no y por qué”.

Según relata Silva, muchas veces el problema es que hay miles de documentos que no se saben qué contienen o de los que se sospecha de su existencia sin poder corroborarla. De otros no se conoce si se conservaron o se eliminaron “Hay un secretismo que lo inunda todo”. Esto hace que algunos archivos le hayan llegado de fuentes anónimas: “Me llegó un documento sobre la muerte de Federico García Lorca. Lo guardé durante seis años y después fui al Ministerio del Interior a pedir una copia porque ya sabía de su existencia. Pero hay muchos documentos de los que no se sabe nada”.