Tribunales en campaña

En el mundo judicial se suele hablar de la norma no escrita de que los tribunales no actúan en campaña electoral, no porque los jueces y fiscales dejen de realizar su trabajo o porque las investigaciones se paralicen desde la pegada de carteles hasta el recuento electoral, sino, fundamentalmente, para evitar que las decisiones judiciales puedan interferir en el propio desarrollo de la pugna electoral, lo que pondría en cuestión la neutralidad de las instituciones y de la Administración de Justicia.

El congelador judicial funcionó de forma apreciable en las dos últimas elecciones generales, en las que los jueces aparcaron durante dos semanas las investigaciones que desarrollaban sobre tramas de corrupción del PP y del PSOE, como Gürtel, Púnica, o los ERE irregulares de Andalucía, pero parece haberse estropeado en esta campaña electoral catalana, que establecerá el apoyo que tienen quienes se saltaron la ley para declarar la independencia, quienes liquidaron la autonomía a golpe de 155 y quienes se quedaron, casi sin discurso, en la tierra de nadie que separa a los unos de los otros.

El 4 de diciembre, un día antes de que comenzara la campaña electoral, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena acordó dejar en prisión a Oriol Junqueras, el candidato al que las encuestas sitúan como el favorito para ser el próximo jefe del Gobierno catalán; a Jordi Cuixart, líder de la entidad soberanista Òmnium Cultural; y a Jordi Sànchez, número 2 de la lista de Junts per Catalunya, que encabeza desde Bruselas el cesado president del plasma, Carles Puigdemont.

Al día siguiente, el primero de la campaña electoral, el juez que investiga la creación de estructuras de Estado y los preparativos del referéndum unilateral del 1 de octubre, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ordenó registrar la sede del Idescat, el Instituto de Estadística del que se sospecha que salió el censo electoral del 1 de octubre. A los diez días, la Guardia Civil entró en la sede central de la empresa de mensajería Unipost a la busca de facturas que demuestren cómo se pagaron las tarjetas censales que se confeccionaron para el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional. Ni las investigaciones ni los registros televisados en directo se han paralizado.

La siguiente maniobra del juez Llarena fue la de retirar las órdenes europea e internacional de detención que pesaban contra Puigdemont y los cuatro exconsellers que le acompañan en su aventura belga, a fin de evitar que los tribunales flamencos pudieran denegar su entrega por alguno de los delitos por los que serán investigados, incluido el de rebelión, que en el peor de los casos conlleva penas de hasta 30 años de cárcel.

La decisión de Llarena ha evitado un proceso judicial a dos velocidades pero también ha perjudicado notablemente a ERC. Su líder, Oriol Junqueras, se ha quedado recluido en la remota cárcel de Estremera sin altavoz para dirigirse al electorado, al tiempo que ha forzado el ascenso como presidenciable de Marta Rovira, que ya está bajo la lupa de la Guardia Civil por el papel que habría ejercido en el proceso secesionista como portavoz de Junts pel Sí y miembro del supuesto Comité Estratégico para la independencia que diseñaba la hoja de ruta soberanista, según el documento Enfocats que se le incautó al número 2 de Junqueras, Josep María Jové. La moleskine negra en la que éste apuntaba sus apreciaciones sobre el procés también ha sido aireada durante la campaña poniendo en evidencia las discrepancias que existieron entre el PdeCat y ERC antes y después de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).

El juez del Supremo también ha maniatado los movimientos de Puigdemont, sobre el que todavía pesa una orden de detención vigente en todo el territorio nacional. Eso supone que, si decidiera dar un golpe de efecto electoral volviendo a Cataluña en la recta final de la campaña o en la jornada de reflexión, sería detenido de forma inmediata por los Mossos d’Esquadra, puesto a disposición judicial y, en vista de los precedentes, enviado a prisión incondicional durante al menos varios meses.

En esta tesitura el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana Jordi Sànchez reclamó a Llarena salir de la cárcel para poder acudir a los mítines a los que Puigdemont sólo llega a través de una pantalla, pero el magistrado rechazó su petición argumentando que, si la abandonaba, podría crecer el riesgo de que se produjeran “tumultos” como los que, según el juez, tuvieron lugar los días 20 y 21 de septiembre mientras una multitud impedía a una comisión judicial registrar con normalidad la Consellería de Economía de la Generalitat.

La campaña también acaba con el traslado de obras de arte del Museu de Lleida al monasterio aragonés de Sijena y la constatación de que Oriol Pujol, exsecretario general de Convergència Democrática de Catalunya (CDC), será juzgado por el escándalo en la adjudicación de las ITV. La próxima cita judicial catalana será el 11 de enero, día en el que volverán a declarar en el Tribunal Supremo los Jordis y el exconseller de Interior Joaquim Forn, siempre y cuando no haya más sorpresas. Y no regrese Puigdemont.