DERECHOS / Las organizaciones llevan años denunciando vulneraciones de derechos
El escándalo de Archidona y otras razones para manifestarse por el cierre de los CIE
Las oenegés especializadas no paran de repetirlo: quieren que España sea un país libre de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Como cada año, este domingo un grupo de personas recorrerá el camino desde Usera hasta el CIE de Aluche, pasando por Carabanchel, para advertir de la vulneración de los derechos fundamentales en estos espacios. La marcha ha sido convocada por varios colectivos y apoyada por SOS Racismo Madrid.
Estas organizaciones llevan años denunciando la presencia de violencia, ilegalidades y opacidad en estos centros de internamiento. Advierten de que la sola existencia de estos centros, donde los inmigrantes pueden estar hasta 60 días con riesgo de deportación, son una violación constante de sus derechos. “Hay que recordar que están ahí por una sanción administrativa y no por un delito”, explica Dana García, de SOS Racismo Madrid, que habla sin tapujos de agresiones o de “falta de asistencia médica regular y de calidad”.
Mañana, 7 de enero, a las 18.00h, nos vemos en metro Usera para marchar por el #CIErre de los CIEs. #Nicies #Niencierro #Nifrontera. Difunde y únete! pic.twitter.com/qGdp4a8F9j
— Sos Racismo Madrid (@sosracismomad) 6 de enero de 2018
Esta manifestación se producirá días después de que se archive la causa por la muerte de Mohammed en la cárcel-CIE de Archidona (Málaga). Según adelantó la cadena Ser, el juez ha considerado que se trató de un suicidio, desoyendo las voces de activistas y familiares que pedían una investigación más amplia. Este fallo supone también que no se paralizarán las deportaciones de sus compañeros, que podrían haber sido potenciales testigos. Estos centros vuelven de nuevo al ojo del huracán. Recopilamos, junto a la portavoz de SOS Racismo Madrid algunos de los agujeros negros que denuncian las oenegés sobre estos polémicos espacios.
1.Vulneración de derechos fundamentales. García define los CIE como “espacios de sufrimiento” donde se “genera violencia”. Para esta activista su existencia y que se retenga a las personas contra su voluntad sin tener una condena penal es una aberración. La portavoz de SOS Racismo Madrid también habla abiertamente de violencia policial: “Se han producido agresiones de todo tipo”. Esta organización recoge las denuncias de los internos, contrasta su versión con otros testimonios, fotos o vídeos y presenta una querella en el juzgado. García asegura que muchas personas no se atreven a dar este paso y que cuando lo hacen “hay represalias. El 100% de los casos las personas son deportadas”.
También hablan de servicios básicos a los que a veces los internos no tienen acceso, como el servicio médico regular y de calidad. García recuerda la muerte de la congoleña Samba Martine en 2011, que solicitó atención médica hasta en 10 ocasiones. Tenía VIH pero la trataron de candidiasis y acabó falleciendo. La Audiencia de Madrid ordenó reabrir la investigación en 2014 tras sospechar que podría haberse evitado su muerte.
A pesar de que la presencia de menores está prohibida, el Defensor del Pueblo denunció el pasado agosto ante la Fiscalía la presencia de 13 menores en el CIE de Aluche.
2. Opacidad. Otro de los problemas de los CIE es la falta de transparencia. Tanto para la prensa como para los activistas es difícil entrar a los centros y ver cuál es la realidad exacta. La administración facilita pocos datos y, ocasionalmente, se filtran algunos vídeos desde dentro. Dana García se comunica con los internos en el locutorio. No puede pasar de esa estancia para comprobar las condiciones en las que viven estas personas. “Han entrado compañeros, pero acompañados por algún grupo político”. Tras varios motines, en noviembre de 2016, la diputada de Podemos Ione Belarra visitó el CIE de Aluche y concluyó que "a todos efectos una cárcel". Esto ocurre incluso en los extremos más graves. Pese al escándalo que ha supuesto la muerte de Mohammed, su propio hermano declaró que "ha muerto en circunstancias opacas".
3. La polémica cárcel de Archidona. La idea de que los CIE funcionan como una especie de prisiones es compartida por los colectivos que luchan por su cierre. Sin embargo, el pasado noviembre, el Gobierno dio un salto cualitativo y decidió trasladar a más de 500 migrantes, que llegaron a las costas de Murcia, a la cárcel de Archidona, que aún no estaba inaugurada. El Ministerio del Interior justificó esta acción por la saturación de los otros siete centros, pero García cree que hay otra razón oculta: “Es otra forma de criminalizar a los inmigrantes”.
4. Las oenegés y buena parte la oposición política en contra. Pese a las críticas, el Ejecutivo tiene previsto abrir tres nuevos CIE más. El caso de Archidona ha indignado a representantes de todos los grupos sociales y políticos, desde sindicatos como Comisiones Obreras hasta partidos como Podemos y PSOE, que ven irregularidades en el hecho de usar una cárcel para alojar a personas migrantes. Pese a que los activistas llevan años pidiendo el cierre de estos centros, el Ejecutivo hace oídos sordos.
5. Contra la propaganda del Gobierno. Pese a los movimientos dudosos en Archidona, el Gobierno ha desplegado también su propaganda. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, indignó a los activistas al presentar su nuevo modelo de CIE en Algeciras (Cádiz), que ofrecía servicios a los internos como una lavandería o una sala de juegos. García lo considera una operación de maquillaje y hace un apunte: “Se parecen peligrosamente a las cárceles”. Aunque el Ejecutivo quiera hacer ver que son sitios confortables, los activistas no olvidan las condiciones a las que se ven sometidas.