La acusación popular amenaza con hacer naufragar un final pactado del ‘procés’

El abogado Miguel Durán en su despacho en el bufete Durán & Durán Asociados
El abogado Miguel Durán en su despacho en el bufete Durán & Durán Asociados. / Confilegal

El juez Pablo Llarena, que instruye la causa contra los exmiembros del Gobierno de la Generalitat de Catalunya y otros cargos públicos, ha aceptado la personación del abogado Miguel Durán Campos en el caso, según ha podido saber cuartopoder.es.

El abogado Miguel Durán --ex presidente de la ONCE-- impulsó con su denuncia --presentada en enero de 2017, que se sumaba a otra similar presentada por Vox-- la investigación de las declaraciones del juez y exsenador de ERC Santiago Vidal, quien dijo en su día que el Gobierno de la Generalitat había obtenido ilegalmente datos fiscales de los catalanes, o que había ya un nutrido grupo de jueces y magistrados preparados y seleccionados por el Govern, todos afines a la República catalana, entre otras cuestiones polémicas.

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Con aquella denuncia, que recayó en el juzgado número 13 de Barcelona, arrancaron las pesquisas y los registros que, en septiembre de 2017, acabaron en el posterior asedio, por parte de miles de manifestantes convocados por organizaciones proindependentistas, de los guardia civiles y una secretaria judicial que llevaba a cabo pesquisas en la sede de la Consejería de Economía en Barcelona. Tras 19 horas de cerco y ante la aparente inacción de los mossos d'esquadra, los agentes sitiados tuvieron que salir del edificio por la azotea, mientras que sus vehículos fueron destrozados por la muchedumbre.

Estos hechos desembocaron a su vez en una nuevo sumario, que acabó con el encausamiento y encarcelación de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivos líderes de Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, aún hoy en día en prisión.

La decisión de Llarena de aceptar la personación de Durán se produce en el mismo momento en el que las confesiones o desahogos del expresidente Carles Puigdemont, dan a entender que podría existir un pacto en virtud del cual, al poner fin a la vía unilateral y al procés, los políticos catalanes que están en prisión preventiva por su participación en la Declaración Unilateral de Independenciaq (DUI), podrían ser excarcelados. Un pacto que ha sorprendido a todos aquellos que creen firmemente en la división de poderes y que no conciben que pueda existir un acuerdo político y mucho menos que éste implique a un resultado final que aplicarían los tribunales.

La acusación popular complica más si cabe las cosas ante un posible pacto con la Fiscalía, durante el proceso judicial. Como ocurrió el caso Urdangarín, la acusación popular, que en este caso ejercía el sindicato Manos Limpias, fue la única que mantuvo su denuncia y obligó a Cristina de Borbón y Grecia, hermana del rey Felipe VI, a sentarse en el banquillo de los acusados.